Prensa. Efecto
Cocuyo.
Desde
el 3 de mayo de este año, el presidente ejecutivo y diez directivos de Banesco
se encuentran detenidos. Primero, fueron a la sede en Caracas de la Dirección
General Contra Inteligencia Militar (Dgcim) tras ser “invitados” a declarar;
allí fueron privados de libertad. Ahora, las tres mujeres del grupo fueron
enviadas al Internado Nacional de Orientación Femenina (Inof) y el resto, todos
hombres, al Centro de Formación del Hombre Nuevo “Simón Bolívar”, un anexo a la
antigua cárcel conocida como La Planta.
El
Ministerio Público anunció que por facilitar y/o encubrir “ataques contra la
moneda venezolana” los directivos de Banesco serían privados de su libertad, lo
cual fue aceptado por el Tribunal Tercero de Control del Área Metropolitana de
Caracas (AMC).
Óscar
Doval García, presidente ejecutivo de Banesco; Marco Tulio Ortega Vargas,
consultor jurídico; Jesús Irausquín, Carlos Lorenzo López, Belinda Omaña y
Pedro Pernia, vicepresidentes; la directora, Liz Carolina Sánchez de Rojas; los
gerentes David Romero y Cosme Betancourt; y los oficiales de cumplimiento
Teresa Prisco Pascale y Carmen Lander fueron imputados el 4 de mayo por
comisión de captación, legitimación de capitales y asociación para delinquir,
delitos que están contemplados en la Ley Contra el Terrrorismo y Delincuencia
Organizada.
Fuentes
internas del Ministerio para Servicios Penitenciarios confirmaron los sitios de
reclusión, pues ni el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ni ninguna otra
autoridad del sistema judicial brindó información al respecto. Allegados a los
directivos indicaron que la decisión de enviarlos a estos lugares se debió al
hacinamiento en las celdas de la Dgcim y del Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (Sebin).
Los
centros de reclusión donde fueron ingresados los directivos de Banesco operan
bajo el Nuevo Régimen Penitenciario, implementado por Iris Varela como ministra
y donde se encuentran personas que cometieron delitos como homicidio, secuestro
y robo.
El
Nuevo Régimen es un programa de disciplina militar que incluye cumplimiento de
horario para despertar, comer y dormir; el canto de consignas pro grobierno; el
uso de uniforme y corte de cabello al ras del cuero cabelludo (para los
hombres); y un mes de adaptación, durante el cual no se permite que el detenido
se comunique con sus familiares.
En
el Inof, cárcel ubicada en Los Teques, estado Miranda, existe una celda en la
que internan a las nuevas privadas de libertad y se le conoce como “El
Tigrito“. Según activistas de derechos humanos, el espacio es reducido y deben
pernoctar más de cinco detenidas al mismo tiempo.
El
anexo de La Planta es un espacio recuperado por el Ministerio después de cinco
años de permanecer clausurada la cárcel ubicada en una zona residencial de El
Paraíso, Distrito Capital. Al lugar trasladaron a los privados de libertad de
otras nacionalidades.
En
marzo de este año, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que 83
reclusos extranjeros denunciaron la violación de sus derechos humanos en el
Centro de Formación del Hombre Nuevo “Simón Bolívar“. “Hasta los animales tiene
derecho a ser visitados en sus jaulas ¿Por qué nosotros no?”, fue parte del
comunicado que enviaron los detenidos a la organización que lucha por los
derechos humanos.
De
acuerdo con el Código Procesal Penal Venezolano, el presidente y los diez
directivos deberían permanecer en estas cárceles por 45 días, tiempo estipulado
para que la Fiscalía investigue si existen razones para acusar a los detenidos.
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