Prensa.
El Nuevo Herald.
Estados Unidos impuso este jueves más restricciones
de visado a responsables de violar derechos humanos en Nicaragua, donde
continúan las protestas que exigen la renuncia del presidente Daniel Ortega y
que cese la violencia que deja unos 220 muertos en poco más de dos meses. “Mientras el gobierno nicaragüense siga usando
violencia para reprimir protestas pacíficas, seguiremos revocando visas de los
responsables”, tuiteó el secretario de Estado adjunto para Asuntos del
Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri, sin ampliar detalles.
Washington sancionó a principios de junio con esa
medida a oficiales de la Policía Nacional y funcionarios municipales, por
considerar que abusan de los derechos humanos y socavan la democracia. En Nicaragua continuaron este jueves las acciones de
los opositores nicaragüenses. Sonando bocinas, con banderas nacionales y
multicolores, grupos del movimiento de diversidad sexual se manifestaron en
Managua.
“En esta dictadura también nos hemos sentido sin
derechos. Ortega tiene que irse”, dijo Dámaso Vargas, transgénero de 25 años
que dijo vestir de negro por “los asesinados” y “la muerte de la República”. En la Catedral, el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw
presidió una misa: “El papa Francisco nos pide ser constructores de la paz de
Cristo, llamando a que cese toda violencia, que se evite un inútil
derramamiento de sangre”, dijo en la homilía.
“Vine a pedir que termine la masacre y se vayan del
país. Lo que han hecho no tiene nombre”, declaró Nidia Vargas, de 70 años. “Le
pedimos al Señor por la paz que este gobierno nos quitó”, declaró Auxiliadora
Martínez, de 60 años. Con la mediación de la Iglesia católica, el gobierno
y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -de la sociedad civil-
reanudaron este jueves pláticas a nivel de mesas de trabajo, para intentar
destrabar el diálogo que busca resolver la crisis. Exguerrillero izquierdista de 72 años, Ortega es
acusado por la Alianza y grupos humanitarios de instaurar en Nicaragua el
nepotismo y una dictadura, y desatar una brutal represión.
- “El tiempo se le acabó” -
El diálogo está estancado porque Ortega, cuyo tercer
mandato consecutivo acaba en enero de 2022, aún no responde a la propuesta de
adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019. “No ha habido el menor signo de buena voluntad”,
declaró el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, quien dijo no descartar que
si no se resuelve el “problema político” y “cesa la represión” se “desemboque
en un conflicto mayor”.
“No se quiere ir, cree que puede seguir gobernando
en este río de sangre. No se da cuenta que el tiempo se le acabó”, dijo
Azahálea Solís, delegada de la Alianza en el diálogo, tras una reunión con la
misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El gobierno califica las protestas como una
“intentona golpista” y acusa a los manifestantes de “delincuentes”. La
vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que implora por “la paz y el reencuentro
de los nicaragüenses”.
Ortega llegó al poder en 1979 tras el triunfo de la
insurrección popular que lideró el Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) para derrocar al dictador Anastasio Somoza, y volvió al gobierno por la
vía electoral en 2007.
Comisiones de derechos humanos de Naciones Unidas y
de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reúnen con el gobierno, la
Alianza y víctimas de la violencia en las protestas. Un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) intentó entrar -sin éxito- a la emblemática cárcel El Chipote,
en Managua, donde madres y otros familiares les pidieron interceder por la
liberación de detenidos.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se leía
en una pancarta afuera de la prisión. Con fotos de sus hijos presos, varias
mujeres denunciaron al grupo de la CIDH “detenciones arbitrarias” incluso de
menores de edad. Según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos
Humanos (ANPDH), al menos 285 personas han muerto, mientras que el Centro
Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) ha verificado 214 fallecimientos y
está confirmando otros 13.
Aprovechando también la visita de expertos de la
CIDH y de la ONU, medios de comunicación no oficialistas denunciaron “asedio” y
“agresiones” contra la prensa y exigieron, en un comunicado, “pleno respeto a
la libertad de información”. En abril, el periodista Ángel Gahona murió de un
balazo en la cabeza cuando transmitía en vivo los saqueos en la caribeña ciudad
de Bluefields.
La Alianza convocó para el sábado la “Marcha de las
flores” en Managua y diversas ciudades, para exigir justicia y honrar a los
fallecidos. La protesta había sido suspendida hace una semana por la violenta
incursión de antimotines, parapolicías y paramilitares a varias ciudades.
Fuente: AP.