Prensa. Efecto
Cocuyo.
El
2017 fue el año en el que la comida se consolidó como la herramienta de
dominación político-territorial. Así lo explicó la nutricionista y especialista
en seguridad alimentaria, Susana Rafalli, en la presentación del Informe Anual
de Provea sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela
correspondiente al año pasado.
“En
2017 se profundizó el uso de lo alimentario como herramienta de control
territorial y político”, explicó Rafalli en el informe presentado este
miércoles, 13 de junio.
La
especialista, a cargo del capítulo Alimentación del reporte, indicó que el uso
de la comida como instrumento de control queda evidenciado en el Proyecto
Campaña Carabobo 2021 del presidente Nicolás Maduro, en la estructura de los
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y en la implementación
del carnet de la patria.
Explicó
que el Proyecto Campaña Carabobo contempla entre sus objetivos el
fortalecimiento de los Clap y la conformación de un nuevo poder popular a
través del carnet de la patria. Criticó que la plataforma Somos Venezuela, que
inicialmente se postuló como un grupo de brigadistas para apoyar en sistema
alimentario, derivara en un partido político.
Rafalli
señaló que el aspecto nutricional de la población se vio afectado en 2017 por
la ruptura del orden constitucional, la reaparición de enfermedades ya erradicadas,
las epidemias que azotan a la población por la falta de cobertura vacunal, las
fallas en el suministro de agua y el colapso del sistema público de salud.
“El
año pasado hubo una disminución de 52% en las importaciones y nuestro sector
productivo tiene capacidad para producir 30% de las necesidades alimenticias de
la población”, dijo.
Insistió
que la oferta de alimentos no es suficiente para cubrir los mínimos de energía
requeridos para toda la población y agregó que se estima que la que la oferta alimentaria
posible (disponibilidad para consumo humano de energía alimentaria por persona
por día) es inferior al 95%.
La
nutricionista denunció que las instituciones del Estado se quedaron sin
alimentos y que esto afecta a la población que está bajo su tutela, entre ellos
hospitales, psiquiátricos, casas de abrigo para niños y ancianos, cárceles y
comedores estudiantiles.
También
destacó la violencia generada por el hambre: como la compra de los alimentos
por cucharadas, las agresiones en las colas de comida, el robo de locheras, los
hurtos y “el sexo transaccional a cambio de la obtención de cajas Clap“.
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