La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, organismo
del Estado a cargo de regular las telecomunicaciones en Venezuela, apagó al
menos 40 emisoras en distintas partes del país en 2017, algunas de forma
temporal y otras permanentemente. El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela,
IPYS Venezuela, desarrolló junto su red de corresponsales y colaboradores una
investigación en torno al estatus de estas emisoras, cuyo número sobrepasa con
creces a las 32 cerradas por orden de Diosdado Cabello en 2009, evento
denominado por los periodistas como “Radicidio”.
La mayoría de los cierres se ejecutaron durante el
periodo de protestas callejeras, en el primer semestre del año, en contra del
gobierno de Nicolás Maduro. Entre denuncias de censura y arbitrariedad estatal,
el argumento oficial para silenciar estaciones de radio fue la carencia de
permisos para operar en el espectro radioeléctrico. Las clausuras, sin embargo,
responden a procedimientos administrativos y legales que son contrarios a las
garantías de transparencia establecidas en la Constitución nacional y en estándares
internacionales de Derechos Humanos.
Conatel mantiene una política de opacidad en sus
procesos para asignar o negar permisos de uso de frecuencias radioeléctricas,
bajo el amparo de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones: la norma admite el
silencio de Conatel como una forma válida de rechazar solicitudes sin ofrecer
explicaciones. La reforma de la Ley planteada en 2016 por la Asamblea Nacional,
de mayoría opositora, no lo solucionaba: se propuso la extensión automática de
las concesiones, pero no garantía de respuesta para nuevos solicitantes.
Dos emisoras de Caracas fueron cerradas por el
vencimiento de sus licencias, mientras que la gran mayoría de las estaciones
sancionadas, ubicadas en el interior del país, necesitaban la obtención de un
permiso por primera vez.
La Cámara Venezolana de la Industria de la
Radiodifusión rechazó el hecho de que Conatel no renovara los permisos de los
medios de la capital, pero apoyó la clausura del segundo grupo de emisoras,
consideradas clandestinas por su estatus de ilegalidad, a pesar de que varios
de sus representantes demuestran haber cumplido diligencias administrativas
ante el Estado, sin obtener respuesta.
Un año después de la ola de cierres, casi la mitad
de las emisoras sancionadas por Conatel permanece con las antenas apagas y
esperando información sobre el destino de los equipos decomisados. La otra
mitad está nuevamente al aire, pero aún a la espera de que el Estado atienda
sus trámites.
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