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Hispánico.
Un
controversial plan de la administración del presidente Donald Trump que podría
negar visas y residencias permanentes a los inmigrantes que han recibido
algunos beneficios públicos está un paso más cerca de convertirse en realidad,
aunque ahora el público tiene la oportunidad de participar y dar su opinión
sobre la medida, reportó ABC7.
El
proyecto se publicó en el Registro Federal el miércoles, con lo que inició un
plazo de 60 días para que las personas envíen comentarios. El Departamento de
Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está obligado por ley a
revisar los comentarios y abordar los sustanciales antes de emitir una regla
final.
Si
la regla no se modifica, y sobrevive a los desafíos legales que se esperan
ampliamente, podría marcar un cambio radical que permitirá que muchos más
inmigrantes sean rechazados a la hora de buscar una estadía permanente en el
país o que se vean forzados a elegir renunciar a los beneficios que ellos o
miembros de la familia serían elegibles para recibir, indicó ABC7.
La
propuesta ampliaría la definición de la disposición de “carga público”, un
concepto que se remonta al menos a la Ley de Inmigración de 1882 y se define
como alguien que es “principalmente dependiente” de la asistencia del gobierno,
lo que significa que obtiene más de la mitad de sus ingresos de la
Administración.
Pero
solo contaba con beneficios en efectivo, como la Asistencia Temporal para
Familias Necesitadas o el Ingreso de Seguridad Suplementario del Seguro Social.
La norma propuesta, anunciada en septiembre, ampliaría el concepto de carga
público para incluir beneficios más utilizados, como Medicaid, cupones de alimentos,
asistencia para vivienda y el subsidio de medicamentos de Medicare para
personas mayores de bajos ingresos.
También
expandiría enormemente lo que se considera una “carga público” a cualquier
persona que acepte los beneficios que sean equivalentes a al menos el 15 por
ciento de las pautas federales de pobreza. Bajo los niveles actuales, eso
equivaldría a aproximadamente 1,800 dólares al año, o 150 dólares al mes en
asistencia, indicó ABC7.
El
martes, más de 20 demócratas del Senado firmaron una carta instando a la
secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, a retirar la propuesta. “Bajo
la ley actual, los inmigrantes ya están obligados a demostrar que no serán una
carga para nuestro país; deben demostrar que cuentan con medios financieros
adecuados y no pueden depender de la asistencia en efectivo del gobierno”,
escribieron los senadores. “Si esta regla entra en vigencia, las familias
trabajadoras intentarán llegar a fin de mes con menos, lastimando a los niños,
por la única razón de promover la agenda antiinmigrante de esta
administración”.
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