Prensa. El Nuevo
Herald.
Activistas
y abogados que representan a cientos de miles de inmigrantes haitianos y
centroamericanos que enfrentan la deportación, dijeron que la decisión de un
juez federal de California de bloquear temporalmente los planes del gobierno de
Trump de terminar la protección temporal TPS ofrece nuevas esperanzas, pero
también más incertidumbre.
El
juez de distrito de Estados Unidos, Edward Chen, concedió el miércoles un
recurso judicial preliminar que impide al gobierno y al Departamento de
Seguridad Nacional poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los
inmigrantes de Haití, Nicaragua, El Salvador y Sudán. El fallo afecta a más de
300,000 personas a quienes, bajo el programa TPS, se les ha permitido vivir y
trabajar legalmente en Estados Unidos durante décadas, luego de que sus países
fueran afectados por confictos armados o serios desastres naturales.
“Es
una alegría saber que todavía existe la posibilidad de que se pueda extender el
TPS. Nos da esperanza [a las personas que tienen TPS]”, dijo el jueves Elva
Castillo, de 71 años y que emigró de Nicaragua a Miami hace 21 años. “Pero es
importante seguir en la lucha”.
Chen
emitió la orden judicial como parte de una demanda en California presentada por
abogados que representan a un grupo de beneficiarios del TPS de Haití,
Nicaragua, El Salvador y Sudán, que tienen hijos nacidos en Estados Unidos. Los
abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de
California, National Day Laborer Organizing Network (NDLON) y un bufete de
abogados privado solicitaron el paro temporal, argumentando que la decisión del
gobierno de terminar el programa fue motivada por el racismo y afectaría
adversamente a las familias inmigrantes.
Unos
19 estados y 34 ciudades y condados presentaron informes para respaldar el paro
preliminar, dijo Emi MacLean, directora de asuntos legales de NDLON. “Esta es
una decisión extraordinaria. Es la primera vez en la historia del TPS, un
estatuto de 1990, que ha habido una detención ordenada por el tribunal para
cualquier terminación de TPS”, dijo MacLean el jueves, durante una conferencia
telefónica realizada por la Alianza Nacional de TPS. “Es sumamente importante
en términos de lo que se dice acerca de las políticas de toma de decisiones de
la administración Trump en el ámbito de la inmigración”.
Sin
embargo, MacLean advirtió que la decisión es “preliminar y algo que tendremos
que seguir defendiendo en los tribunales, en las calles y en Washington”. Como
parte de sus argumentos, MacLean y otros involucrados con la demanda citaron la
posible separación de las familias, así como la supuesta referencia del
presidente Donald Trump en enero a Haití, El Salvador y algunas naciones
africanas como “países de mierda”.