Prensa.
kape-kape.org.
Aunque
fueron liberados este martes en horas de la tarde, entre los privados de
libertad figuraron 2 indígenas menores de edad. Una niña adolescente de 14 años
de edad de nombre Neidis Maldonado y Boris Leopoldo Guapo, un joven de 17 años,
estudiante de la Universidad de la Salud Hugo Chávez y que pertenece al pueblo
Ye’kuana.
Los
adultos todavía están detenidos en el Destacamento de Seguridad Urbana de la
GNB de Puerto Ayacucho, Juan Carlos
Ponare Marchan del pueblo Jivi, José Manuel Lara, Jesús Mirabal y Francisco
Tinedo Martínez pertenecientes al pueblo Bare, Ender Herrera (20 años y es
estudiante universitario), Leandro Coronel (22 años y es vendedor de pescado) y
José Diaz Silva (19 años y es vendedor de mañoco) del pueblo Huottuja y Marcos
Mirabal (18 años y es peluquero) del pueblo Puinave.
A
los 10 indígenas amazonenses se les imputan los delitos de terrorismo,
asociación para delinquir, obstrucción de la vía pública, ultraje violento,
intimidación pública, instigación pública y resistencia a la autoridad.
El
Tribunal Único de Control de Adolescentes del Estado Amazonas fijó una medida
de fianza para los 2 indígenas menores de edad detenidos, y una vez que los
familiares la consignaron en dicho tribunal obtuvieron una medida sustitutiva
de libertad.
En
el caso de los adultos deberán esperar los 45 días que establece la ley para
las investigaciones y se realice la audiencia preliminar donde se determinará
si son pasados a juicio o no y bajo que cargos.
Familiares
de algunos de los indígenas detenidos denunciaron que sus hijos fueron privados
de libertad de manera arbitraria solamente por mirar los acontecimientos y
abogar por otros ciudadanos que estaban siendo detenidos por la Guardia
Nacional durante los sucesos ocurridos en la ciudad d Puerto Ayacucho que dejaron
como saldo parcial 2 personas asesinadas, 1 fallecido por causa de saqueos, 42
heridos y 23 detenidos entre ellos 10 indígenas.
Desde
Kape Kape hacemos un llamado al gobierno nacional, al Ministerio Público, a la
Defensoría del Pueblo y al Poder Judicial a garantizar el derecho a la libertad
de los hermanos indígenas, al debido proceso y a que las actuaciones y
decisiones estén apegadas a nuestro marco jurídico legal.