Prensa.
SIP.
La Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato de un periodista en Baja
California Sur y pidió a las autoridades mexicanas realizar con urgencia una
investigación exhaustiva para conocer el móvil del crimen.
El cadáver del
periodista Rafael Murúa Manríquez, director del portal Radio Kashana FM, fue
hallado el domingo 20 de enero con varios impactos de bala en el tórax. El
periodista residente de Santa Rosalía, municipio de Mulegé en el estado de Baja
California Sur, estaba desaparecido desde el sábado.
Murúa Manríquez,
de 34 años, se encontraba desde 2016 bajo el programa de custodia del Mecanismo
de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por
amenazas. En noviembre pasado denunció nuevamente que había recibido amenazas
tras criticar al alcalde de Mulegé, Felipe Prado Bautista.
La presidenta de
la SIP, María Elvira Domínguez expresó condolencias a los familiares y colegas.
Domínguez, directora del periódico El País, Cali, Colombia, urgió a las
autoridades a "investigar con urgencia el asesinato para dar con el o los
responsables, conocer las razones y aplicar justicia".
El presidente de
la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock,
lamentó el primer asesinato contra un periodista en México este año. Rock,
director del portal La Silla Rota, Ciudad de México, México, agregó que
"debemos evaluar de manera seria la cuestionable efectividad del programa
gubernamental de protección a la que en este caso estaba sometido el periodista
desde hace varios años".
Detención de un
periodista
Por otra parte,
los directivos de la SIP también reprobaron la detención de José Luis Morales
en el estado de Aguascalientes por criticar al gobernador Martín Orozco, quien
en noviembre de 2018 demandó al periodista por los presuntos delitos de
difamación y daño moral.
Morales, locutor
del programa Infolínea de la emisora 91.3 FM "La Mexicana", fue
arrestado el 16 de enero y permaneció cinco horas detenido por orden del juez
segundo civil, Antonio Piña, por supuesta violación a una medida cautelar que
le ordenaba no realizar acusaciones contra el gobernador, según medios locales.
Domínguez y Rock
expresaron que "ningún periodista debe ser sancionado por formular
críticas o denuncias contra el poder público", tal como indica la
Declaración de Chapultepec en su décimo principio y en referencia a que el
periodista suele cuestionar la gestión del gobierno estatal en materia de
violencia y crecimiento económico.