Prensa. Voanoticias.
El
Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el miércoles su informe anual
2018 sobre Derechos Humanos, en el que apunta a la situación en Venezuela, envuelta
en una crisis política sin precedentes.
El
informe reconoce que Venezuela es una república constitucional multipartidista,
pero advierte que "durante más de una década, el poder político se ha
concentrado en un solo partido con un ejecutivo cada vez más autoritario que
ejerce un control significativo sobre el poder legislativo, judicial y de los
ciudadanos".
EE.UU.
ha desconocido el mandato de Nicolás Maduro, que cataloga de
"ilegítimo" y respalda firmemente al gobierno encargado que lidera
Juan Guaidó desde el pasado 23 de febrero. El informe reitera que el proceso
electoral celebrado en mayo de 2018 fue "profundamente defectuoso".
El
informe agrega que las violaciones en materia de derechos humanos en Venezuela
incluyeron en 2018 "ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas
de seguridad, incluidos los colectivos (grupos armados patrocinados por el
gobierno); tortura por las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias
duras y peligrosas para la vida; y (la existencia de) presos políticos".
Además,
indica que el gobierno restringió la libertad de expresión y de prensa al
bloquear rutinariamente las señales e interferir las operaciones de medios
privados de comunicación. Al mismo tiempo, señala que el gobierno en disputa
utilizó la violencia para reprimir manifestaciones pacíficas.
"Otros
temas incluyeron restricciones a la participación política en forma de
elecciones presidenciales en mayo que no fueron libres ni justas; Corrupción e
impunidad generalizadas entre todas las fuerzas de seguridad y en otras
oficinas gubernamentales nacionales y estatales, incluso en los niveles más
altos; trata de personas; y las peores formas de trabajo infantil, que el
gobierno hizo un mínimo esfuerzo para eliminar", dice el informe.
También
sostiene que Maduro no tomó medidas efectivas para investigar a los
funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, agudizando la
impunidad en estos casos.
La
privación de libertad arbitraria por motivos políticos es señalado en el
informe respecto a Venezuela, así como la falta de estadísticas oficiales sobre
ejecuciones extrajudiciales reportadas por las organizaciones no
gubernamentales.
El
informe detalla casos de allanamientos de viviendas de opositores a Maduro.
Señala a organismos que responden a las órdenes de Maduro como la Guardia
Nacional (GNB), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), la Policía Nacional
Venezolana (PNB), el Comando Nacional de Antiextorción y Secuestro y la
Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
El
informe cita a periodistas de investigación, quienes hacen referencia a la
muerte de 147 personas menores de 20 años que habrían sido asesinadas en el
área metropolitana de Caracas entre enero y agosto de 2018.
"De
esas muertes, 65 fueron cometidas por la policía", explica el informe.
"No hubo avances en los casos de manifestantes asesinados en 2017",
agrega, en alusión a unas 125 personas que murieron en protestas desde abril
hasta julio de 2017.
Según
el Ministerio Público, el 65 por ciento de estas personas fueron víctimas de la
represión gubernamental.
Sin
embargo, el informe del Departamento de Estado dijo que "no hubo informes
de desapariciones" que puedan achacarse a las autoridades gubernamentales.
Tortura
y tratos crueles
El
texto expresa que "pese a que la Constitución prohíbe tales prácticas, hubo
informes creíbles de que las fuerzas de seguridad torturaron y abusaron de los
detenidos". También dice que "no hubo informes de ningún funcionario
del gobierno acusado por la ley".
Tampoco
la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos publicó estadísticas sobre las
denuncias de tortura por parte de la policía durante el año".
Pero,
varias organizaciones no gubernamentales, ONGs, detallaron casos de torturas
generalizadas y "tratos crueles, inhumanos y degradantes". También
grupos de derechos humanos informaron que el gobierno continuó influyendo en el
fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de
forma selectiva y subjetiva.
"No
se disponía de datos sobre investigaciones, procesamientos o condenas en casos
de presuntas torturas. Foro Penal sostuvo que cientos de casos no fueron
denunciados a instituciones gubernamentales porque las víctimas temían
represalias", dice el informe estadounidense.
También
alude a informes de la prensa y las ONGs "sobre las palizas y el trato
humillante de los sospechosos durante los arrestos" y dónde estarían
involucrados varias agencias policiales y militares.
Entre
los tratos crueles se enumeran la negativa a dar atención médica a los
detenidos y largos períodos de confinamiento solitario.
"Las
ONG también publicaron informes de que las autoridades generalmente
maltrataron, abusaron sexualmente y amenazaron con matar a los detenidos",
dice el texto.
La
directora ejecutiva del Instituto Casla para el Estudio de América Latina,
Tamara Suju, y el abogado de derechos humanos Juan Carlos Gutiérrez denunciaron
357 casos de abuso físico, presunta tortura y violencia por parte de las
fuerzas de seguridad contra presos políticos ante la Corte Penal Internacional.
Entre los 357 casos, hubo 190 denuncias de violación o abuso sexual.
Las
cifras
El
Ministerio de Servicios Penitenciarios informó que había 51.693 reclusos en las
41 prisiones y centros penitenciarios del país y un estimado de 33.000 reclusos
en las cárceles de la estación de policía en 2017.
Mientras
que la ONGs informaron que los registros de los detenidos no se mantenían
correctamente y que a menudo contenían información incompleta.
Según
la ONG A Window to Liberty (UVL), la capacidad era de aproximadamente 19.000
presos para los centros penitenciarios y 5.000 para las cárceles de la estación
de policía. El hacinamiento fue del 172 por ciento para los penitenciarios y
415 por ciento para las cárceles de las comisarías de policía, aunque la ONG
Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) señaló que en algunas cárceles el
hacinamiento osciló entre 800 y 1.200 por ciento.
Había
dos prisiones para mujeres, una en el estado Miranda y otra en el estado Zulia.
La ley estipula que las mujeres en prisiones mixtas deben ser mantenidas en
anexos o en bloques separados para mujeres.
"Una
ONG local informó que en la práctica los presos hombres y mujeres se mezclaron.
Las fuerzas de seguridad y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a
menudo mantenían a los menores junto con los adultos, aunque existían
instalaciones separadas", puntualiza el informe.
Arrestos
y el papel de la policía
El
texto cita a la ONG como Foro Penal, COFAVIC, el Instituto de Prensa y
Sociedad, Espacio Público y PROVEA, quienes observaron al menos 2.000 casos
abiertos de detenciones arbitrarias.
"La
corrupción, la capacitación y el equipo inadecuados de la policía y la
financiación insuficiente del gobierno central, especialmente para las fuerzas
policiales en los estados y municipios gobernados por funcionarios de la
oposición, redujeron la eficacia de las fuerzas de seguridad. Hubo informes
continuos de abuso y participación policial en delitos, incluidas detenciones
ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, secuestros y el uso
excesivo de la fuerza", explica.