Prensa. Diario Las Américas.
Fuerzas
Militares han iniciado el protocolo para cumplir la decisión judicial, para lo
cual primero deberán localizarlo, ya que se encuentra en paradero desconocido
desde el 30 de junio, según informa Caracol Radio.
A
tal razón, el ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, ha indicado
este miércoles que ya se ha puesto en marcha la maquinaria para ejecutar la
orden de captura emitida horas antes por la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
contra el excomandante de las FARC "Jesús Santrich" por supuesto
narcotráfico.
El
Supremo ordenó detener a "Jesús Santrich" después de que no acudiera
a la cita que tenía a las 9.15 (hora local) del 9 de julio con la Sala de
Instrucción. Sus abogados se reunieron a puerta cerrada con los magistrados
esgrimiendo que el CSJ carecía de competencia para procesar a su cliente,
aunque sin éxito.
El
fiscal general, Fernando Carrillo, ha lamentado que el antiguo insurgente
"se ha burlado de la Justicia, de las víctimas y de aquellos que han
creído en la paz". Por su parte, el consejero presidencial para el postconflicto,
Emilio Archila, ha subrayado que "la mayoría" de los exguerrilleros
sí están cumpliendo lo acordado en La Habana.
Las
críticas han llegado también desde sectores cercanos al partido político
surgido de las FARC. Así, el senador izquierdista Iván Cepeda ha dicho en RCN
Radio que se trata de "un grave incumplimiento del acuerdo de paz que se
agrava por el hecho de que él era consciente del compromiso que tenía"
porque fue uno de los negociaciones del grupo armado.
"Jesús
Santrich" fue liberado el pasado 30 de mayo, tras varias idas y venidas en
los tribunales por la orden de captura dictada en su contra por Estados Unidos
por, supuestamente, continuar con el narcotráfico una vez firmado el acuerdo de
paz.
Estaba
viviendo en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de
Tierra Grata, en el departamento de César (norte), donde esperaba a la vista en
la CSJ, pero la Unidad Nacional de Protección (UNP) alertó el 1 de julio de que
había abandonado su "esquema de protección".
Los
escoltas de "Jesús Santrich" –entre ellos antiguos compañeros de
armas– encontraron una nota manuscrita en su habitación en la que informaba de
que pasaría la noche con su hijo pequeño en la ciudad de Valledupar. Desde
entonces está en paradero desconocido.
La
FARC emitió un comunicado en el que urgía a su miembro a cumplir "los
compromisos adquiridos en sus años de militancia revolucionaria y en virtud del
acuerdo de paz", subrayando que "si algún militante decide ponerse al
margen del proceso" de paz tendrá que "asumir las
consecuencias".
El
senador de la FARC Carlos Antonio Lozada reconoció el martes que
"indudablemente esto genera unas consecuencias políticas", pero al
mismo tiempo defendió que la ausencia de "Jesús Santrich" "no va
a detener el avance de la paz en Colombia" porque "este ya no es un
proceso de personas", sino "un tránsito histórico" para el país.
Estados
Unidos sostiene que el delito se cometió estando vigente el acuerdo de paz. De
ser así, "Jesús Santrich" quedaría expulsado de la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP), volviendo a la justicia ordinaria, con penas
mayores y posibilidad de extradición.
'Jesús
Santrich' tiene varios frentes judiciales abiertos. El que afecta a su
condición de diputado electo por el partido político surgido de las FARC en las
elecciones parlamentarias de 2018, lo dirimió la CSJ al confirmar tal condición
a pesar de que su detención le impidió tomar posesión del escaño.
El
otro frente se refiere a un conflicto de competencias. En primer lugar, entre
un tribunal ordinario y la CSJ, que también resolvió el Supremo asumiendo el
caso por la condición de diputado de 'Jesús Santrich'; y, en segundo lugar,
entre el Supremo y la JEP, que aún está por esclarecer.
El
caso de 'Jesús Santrich' es buena muestra de las tensiones entre el Gobierno de
Iván Duque y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El nuevo
presidente busca cambiar el acuerdo de paz en aspectos esenciales, como la
participación política y la justicia transicional, algo que la ex guerrilla considera
una amenaza al proceso de paz.
FUENTE: dpa
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