La
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y el Instituto
CASLA, presentó el informe final sobre los crímenes de Lesa Humanidad cometidos
contra el pueblo Pemón por el régimen de Maduro. El 22 de febrero del año en
curso se registraron atentados militares contra la etnia indígena nacional,
siendo agredidos y desplazados forzosamente de su hábitat.
Dicho
informe será entregado a la Corte Penal Internacional, sirviendo como insumo al
caso aperturado por dicho organismo sobre la crisis que atraviesa el país,
enfocado al constante atentado a los DDHH de los venezolanos.
El
escrito destaca que el régimen controlado por Nicolás Maduro pretende dominar
al municipio más rico en minerales de la nación, desplazando a dicha etnia y a
los habitantes de Santa Elena de Uarién de sus tierras y posesiones.
“En
múltiples ocasiones reflejadas en este informe, el pueblo Pemón ha sido objeto
de ataques por parte de organismos de seguridad, e incluso, el asesinato de un
Capitán (Cacique a cargo de una comunidad), hecho que fue reclamado y
denunciado al gobierno por ellos. Con motivo del anuncio por parte del gobierno
de Juan Guaidó de introducir al país la ayuda
humanitaria
suministrada por distintas naciones a través de varios puntos fronterizos del
país, las comunidades fronterizas con Brasil se prepararon para recibir dicha
ayuda, ya que viven la desidia y el desgobierno, día a día” de esta manera reza
el informe.
Además,
lograron evitar la entrada de la ayuda humanitaria, tomar el control y cumplir
sus objetivos con acciones violentas, justificando el resguardo de la soberanía
nacional, sin tomar en cuenta el estado en el que viven en estas zonas del
país. Cabe destacar que no solo efectivo militares son los enviados a perpetuar
la paz y tranquilidad de este pueblo, en el trancurrir del año se han notado la
presencia del Faes, colectivos armados, entre otros.
Con
respecto al gobernador Emilio Gonzales, el texto informa que se encuentra
refugiado en Brasil junto a 18 miembros de su equipo gubernamental. “El régimen
se propuso desarticular a la oposición política legítimamente electa del
municipio, destituyendo y persiguiendo a su alcalde”
Dicho
texto culmina exigiendo a la Corte Penal Internacional el estudio de los casos
cometidos por el régimen por lo menos desde el 12 de febrero de 2014 para si
brindar justicia correctamente.
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