Prensa.
Infobae-Venezuela.
"Hasta
el viernes 26 de julio, tenemos registrados 582 presos políticos en el país,
entre los que se encuentran adolescentes, mujeres y militares", expresó El
director de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), Gonzalo Himiob.
De
acuerdo con lo que publicó La Patilla, subrayó que se ha convertido en una
práctica rutinaria los casos en que los efectivos policiales persiguen a
familiares o allegados de personas que están siendo buscadas por razones
políticas.
"Esto
es violatorio a los derechos humanos y al debido proceso", agregó. Hace
apenas una semana, la Asamblea Nacional venezolana denunció la desaparición
forzosa de cuatro presos políticos en el país caribeño. La legisladora
antichavista Delsa Solórzano aseveró a periodistas que los militares Luis de la
Sotta, Igbert Marín Chaparro y Ruperto Molina, así como el civil Carlos Marrón,
"están en condición de desaparición forzada" y que, a su juicio, la
vida de los cuatro está en riesgo.
"Queremos
insistir en la presunción de desaparición forzada porque hace muchas semanas
que no se permite que estos sean visitados", añadió Solórzano, que forma
parte de la comisión de política exterior de la Cámara.
Rafael
Acosta Arévalo
La
diputada también dijo que esclarecer estos casos "es de urgencia para
Venezuela", y estimó que los detenidos permanecen en las instalaciones de
la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), donde hace semanas
murió el militar Rafael Acosta Arévalo, un caso que la Fiscalía maneja como
"asesinato".
"Lo
último que se supo de estos ciudadanos es que estaban siendo sometidos a
torturas en un cuarto de castigo, y estas torturas bien sabemos que cuando las
aplica el Dgcim pueden producir terribles resultados, como lo que ocurrió con
el capitán Acosta Arevalo", prosiguió Solórzano.
Marín
Chaparro fue detenido en marzo de 2018 bajo acusaciones de liderar un complot
contra el Gobierno de Maduro; Ruperto Molina fue apresado en mayo de 2018 por
presunta rebelión y traición a la patria; mientras que De la Sotta fue
aprehendido por supuesta conspiración en 2017 y Carlos Marrón fue detenido en
abril de 2018, acusado de legitimar capitales.
Asimismo,
Solórzano señaló que el Parlamento tiene "conocimiento de que todos los
presos políticos en Dgcim siguen siendo torturados" de forma física y
psicológica, e insistió en que las condiciones de detención son deplorables.