Prensa. Infobae.
El
Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dio a
conocer este lunes una versión de la regla, que está diseñada para que los
inmigrantes con bajos ingresos no puedan llegar o permanecer en el país. La
normativa, que será publicada oficialmente en el Registro Federal el miércoles,
entrará en vigor 60 días después de su publicación.
Por
lo que, el Gobierno del presidente Donald Trump anunció este lunes una norma
que reduce la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar
y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de los
permisos de residencia, conocidos como "green cards" ("tarjetas
verdes"), o de algunos visados.
Así,
el Gobierno podrá determinar si el inmigrante se ha convertido en una
"carga pública" para la Administración, es decir, si "depende
principalmente" de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y
luego cancelar su estatus de inmigración.
De
este modo, una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de
algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su
situación en el país en caso de no poder mantener su economía personal sin
ayudas públicas.
Grupos
defensores de los inmigrantes han defendido que esta regla discriminaría a los
inmigrantes de los países más pobres, mantendría a las familias separadas y
alentaría a los residentes legales a renunciar a ayuda pública que
probablemente necesiten para subsistir, según medios locales.
Estas
organizaciones también aseguran que la normativa penalizaría a los inmigrantes
con visado de trabajo que necesitan alguna asistencia pública de manera
temporal.
Los
inmigrantes de la tercera edad, muchos de los cuales obtienen medicamentos
recetados a bajo costo a través de programas subsidiados, también podrían verse
obligados a dejar esas ayudas o arriesgarse a ser considerados "carga
pública", lo que no les permitiría mantener el estatus de residente legal.
El
Gobierno de Trump ya propuso en septiembre del año pasado una reglamentación
para que a los inmigrantes que reciben legalmente beneficios públicos, como la
asistencia alimentaria y los vales de ayuda de vivienda, se les pueda negar la
residencia permanente.
Se
espera que la regulación anunciada hoy enfrente demandas legales en los
próximos días, por lo que su implementación final podría retrasarse varios
meses o, incluso, nunca producirse si la Justicia así lo considera.
En
las últimas semanas, el Gobierno de Trump ha mostrado mano dura también contra
la inmigración ilegal, al ordenar la detención de 680 inmigrantes durante una
redada masiva en seis ciudades del estado de Misisipi.
Con información de EFE