Prensa. New York Time.
“El
beneficio a los contribuyentes será un beneficio a largo plazo que busca
asegurar que nuestro sistema migratorio atraiga a gente para que se nos una
como ciudadanos, primero como residentes permanentes, que sí es capaz de
sostenerse por sí sola, que no vaya a depender de los sistemas de bienestar,
sobre todo en esta época en que el Estado de bienestar es tan costoso y
extenso”, dijo Cuccinelli.
Con
la nueva regulación, el bienestar financiero de los migrantes que estén en
Estados Unidos de manera legal, con visas temporales, será revisado más
minuciosamente cuando soliciten la green card. Los funcionarios migratorios
considerarán la edad, salud, estatus familiar, bienes, recursos, estado
financiero y educación de los inmigrantes. Y se les dará un amplio margen para
determinar si un inmigrante posiblemente vaya a necesitar recursos públicos,
para negarle la residencia y hasta ordenar su deportación.
Los
funcionarios indicaron que el programa no aplicará para quienes ya tengan green
cards, para refugiados o para solicitantes de asilo; tampoco en casos de
mujeres embarazadas ni de niños. Los abogados en materia migratoria advirtieron
que muchos migrantes, incluso los que no se verían afectados por la regla,
posiblemente desistan de pedir la asistencia pública que necesiten solo por el
temor a represalias de las autoridades migratorias.
“Esta
noticia es un nuevo y cruel paso que convierte en un arma a programas
originalmente pensados para ayudar a la gente; en vez de eso, los vuelve una
manera de separar familias y de enviarles a migrantes y a las comunidades de
personas de color un mensaje claro: ‘No son bienvenidos’”, dijo Marielene
Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center.
“Tendrá
un impacto humanitario terrible, que forzará a muchas familias a abandonar
sistemas de cuidado médico y nutrición críticos. El daño resultante tendrá
efectos por varias décadas”, agregó.
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