Prensa.
Foro Penal.
COMUNICADO
Quienes
suscriben, miembros de la Directiva y Coordinadores Regionales de la ONG FORO
PENAL, ante la actualización del informe de fecha 5 de julio de 2019,
presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en fecha 9 de
septiembre de 2019, expresamos lo siguiente:
PRIMERO:
Celebramos que se haya dado continuidad a la evaluación sobre la situación de
los Derechos Humanos en Venezuela, y especialmente que se hayan tomado en
cuenta las diferentes observaciones que, desde diferentes organizaciones no
gubernamentales, se han formulado a la Oficina de la Alta Comisionada de los
Derechos Humanos de la ONU sobre las graves violaciones a los DDHH que, incluso
después de la presentación del informe original en fecha 5 de julio de 2019, se
han seguido materializando en Venezuela. En tal sentido, compartimos lo que la
Alta Comisionada de Derechos Humanos señaló en su actualización oral del 9 de
septiembre de 2019, al indicar que la crítica situación de derechos humanos en
Venezuela sigue impactando a millones de personas.
SEGUNDO:
La Alta Comisionada de Derechos Humanos admite que el equipo de su oficina que
debía mantenerse en Venezuela desde su visita al país se ha logrado restablecer
en Venezuela, lo que admite que hubo una interrupción de ese compromiso y que
como ya lo hemos señalado, eso se debió al bloque que el gobierno venezolano
estableció. Esperemos exista una verdadera voluntad de avanzar en este sentido
por parte del régimen venezolano y que permitan el acceso efectivo a las
cárceles donde se encuentran presos políticos, tales como la Dirección de
Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta Norte, el lugar conocido como «El
Inframundo» ubicado en la estación policial de la Policía Nacional Bolivariana
conocido como Zona 7 en Boleíta; el Helicoide; “La Tumba”, entre otros, y que
no se limiten a visitas dirigidas de cárceles escogidas por el gobierno, como
hasta ahora ha ocurrido. Instamos igualmente a que se permita el acceso a los
representantes de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos a las
audiencias en tribunales de detenidos y presos políticos y que conozcan de
propia mano el estado de retraso dramático de los procesos judiciales, en los
que se mantiene encarceladas a personas por años sin sentencia definitiva y sin
derecho a la defensa, e incluso con boletas de excarcelación que no se
ejecutan.
TERCERO:
Destacamos que el uso de los cuerpos de seguridad, del Ministerio Público y de
los órganos de administración de justicia como armas para la intolerancia y la
persecución política no ha cesado. Este año 2019 sigue siendo el año con mayor
número promedio de presos políticos registrado hasta ahora y se caracteriza por
la continuidad de las agresiones, malos tratos y torturas de éstos. Ciertamente
se han producido excarcelaciones, pero en todos los casos, las excarcelaciones
que se han materializado no constituyen libertades plenas, sino excarcelaciones
bajo medidas cautelares que mantienen a sus destinatarios sujetos a procesos
penales arbitrarios y a medidas que restringen, de manera igualmente
arbitraria, su libertad.
CUARTO:
Desde la presentación del informe original de la Alta Comisionada para los DDHH
de la ONU, se produjeron 12 nuevos arrestos arbitrarios, de los cuales 2
personas quedaron formalmente privadas de libertad. Desde esa fecha, en total,
se han producido un total de 89 excarcelaciones. De estas personas excarceladas,
74 quedaron sujetas a medidas cautelares, 5 fueron excarceladas después de
haber sido forzadas a admitir los hechos, 5 fueron liberados sin haber sido
judicializados (sin haber sido presentados) y 5 quedaron en libertad plena. Hoy
registramos en el FORO PENAL un total de 478 presos políticos, mientras que
8906 personas siguen sujetas a procesos penales injustos y arbitrarios bajo
medidas cautelares que restringen su libertad. Desde 2017, 848 civiles,
detenidos políticos, han sido presentados ante fiscales y tribunales militares,
situación inconstitucional y violatoria de los Derechos Humanos que se
mantiene.
QUINTO:
La negativa a prestar asistencia médica de calidad y efectiva a los presos
políticos persiste, al menos 22 presos políticos recluidos en la prisión
militar de Ramo Verde (entre ellos varios civiles, juzgados arbitrariamente
ante la jurisdicción militar) reportan que no han recibido la asistencia médica
que necesitan. Esta situación se repite en los casos de los presos políticos
recluidos en otras instituciones.
SEXTO:
La impunidad sigue siendo la regla en materia de violaciones graves a los DDHH.
En algunos casos (por ejemplo, en los casos de Fernando Albán y del Capitán de
Corbeta Acosta Arévalo) a algunos de los responsables de las mismas se les ha
sometido a proceso penal, sin tomar en cuenta a los responsables de tales
hechos que también podrían estar involucrados en los mismos por ser parte de la
cadena de mando a cargo de la custodia de las víctimas en estos casos, y
siempre tergiversando la realidad, atribuyéndole a los sospechosos
calificaciones jurídicas que identifican sus actos con delitos comunes, que no
con graves violaciones a los DDHH, todo en procura de su impunidad y para
evitar la declaratoria de la responsabilidad del Estado.
SÉPTIMO:
Tal y como lo destaca la actualización del informe de la Alta Comisionada para
los DDHH de la ONU, la persecución y hostigamiento contra las diferentes ONG
que se ocupan de los temas de DDHH en Venezuela no ha cesado.