Opinión. Por: Omareliz Pineda Araujo, Periodista venezolana. A cuatro meses de las elecciones presidenciales, Venezuela se mueve en un clima de alta tensión y amenazas contra el ejercicio de un periodismo libre. Las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre podrían marcar un antes y un después en la historia contemporánea venezolana. En la antesala de este acontecimiento, se ha abierto un peligroso marco de disputas entre oficialistas y opositores, cuyas consecuencias a menudo afectan el derecho a informar y ser informado.
El 2012, año electoral, se inició arrastrando tras de sí un 2011 convulso que, según el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS), registró 200 casos de violaciones de la libertad de expresión. La figura de la censura previa, aplicada por sentencias judiciales que prohibían la divulgación de determinadas informaciones, alcanzó el 50% de los casos, mientras que los ataques cibernéticos representaron 27%. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) describió el 2011 como uno de los peores años para la prensa en Venezuela.
En lo que va de 2012, IPYS ha registrado 64 violaciones a la libertad de prensa. La región más afectada es Barinas, estado natal del primer mandatario, actualmente gobernado por su hermano, Adán Chávez. Hasta la fecha existen 10 denuncias de violación al libre ejercicio de la prensa, entre las que figuran amenazas de muerte a periodistas, cierre de programas de televisión y radio, allanamientos de morada, procesos judiciales y agresiones físicas. Frente a esta situación, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Barinas, emitió un comunicado el pasado 24 de mayo denunciando “las graves y reiteradas violaciones a la libertad de expresión por parte del gobernador Adán Chávez y sus más cercanos colaboradores”. El secretario general del CNP-Barinas, Tarquino González, señaló 57 violaciones a la libertad de expresión y al libre ejercicio del periodismo en el estado Barinas desde 2008 hasta la fecha.
El Instituto Internacional de Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) está preocupado por la posibilidad de que 2012 empeore la libertad de prensa en Venezuela, por los intentos de grupos de poder por evitar un periodismo crítico e independiente. Las agresiones físicas contra periodistas y medios de comunicación son cada vez más frecuentes y pareciera haber intentos de censura, pues en temas sensibles para el Gobierno, no sólo hay limitaciones para el acceso a la información, sino también se persigue al informante.
De acuerdo con algunos analistas, tal escenario es propiciado en parte por el lenguaje violento empleado por el presidente Hugo Chávez en discursos contra sectores críticos e independientes, entre los cuales destacan los medios de comunicación. En Venezuela se presenta violencia física, legal, cibernética y psicológica contra los periodistas, y existe un clima de miedo, autocensura e impunidad. La violencia legal contra los periodistas es la que más incidencia tiene: Entre enero y mayo de 2012 se han reportado más de 16 casos de violencia legal contra los medios de comunicación y periodistas venezolanos, según informes del IPYS.
El canal de noticias Globovisión tiene vigente una demanda desde octubre del 2011 por cubrir un motín que se registró en El Rodeo, un centro penitenciario de Caracas, y que dejó un saldo de 30 muertos. El medio fue acusado de “incitación al delito, promover la intranquilidad, el odio y la intolerancia” y le fue impuesta una multa de más de 2 millones de dólares al considerar que la cobertura noticiosa hizo apología del delito.
Un hecho parecido ocurrió tras la cobertura de los enfrentamientos que hubo entre los reos y la Guardia Nacional el 30 de abril de este año en el Retén Judicial de La Planta: Funcionarios gubernamentales dieron órdenes de confiscar equipos de trabajo de los medios de televisión y bloqueo de la prensa en los sitios adyacentes al suceso. Al respecto, la ministra de los Servicios Penitenciarios, Iris Varela, declaró a Venezolana de Televisión (VTV) que la televisora privada Globovisión estaba difundiendo "información maliciosa”. En consecuencia, “una orden fue emitida para apoderarse de equipo de la estación y la interrupción de la transmisión del canal” informó el CNP.
El 17 de mayo, la principal empresa de telecomunicaciones venezolana, CANTV, bloqueó por 24 horas el portal de noticias Lapatilla.com por presuntamente suministrar informaciones impropias sobre los hechos ocurridos en el retén judicial de La Planta. Desde las oficinas de Lapatilla.com se envió un correo electrónico a CANTV, reportando el bloqueo por parte del proveedor y alegando la violación de libertad de expresión y libertad empresarial.
Otra muestra de los intentos de silenciar a la prensa fue la retención de dos periodistas de la Cadena Capriles por el Ejército el pasado 14 de febrero, cerca del río Guarapiche, en Monagas. Los reporteros habían realizado un recorrido por la zona donde había ocurrido un derrame de petróleo. Un mes después, hubo reportes de agua contaminada en varios sectores del país y el 20 de marzo el presidente Hugo Chávez acusó a la prensa de "terrorismo mediático" por informar sobre el tema. Asimismo, atribuyó las historias de un intento de dañar su imagen en un año electoral. "No podemos quedarnos de brazos cruzados durante estas campañas.
Este es el terrorismo y no será permitido”, dijo el Presidente, citado por medios locales. Al día siguiente, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz anunció que pediría a los tribunales que ordenaran a los medios de comunicación un informe técnico que justificara la información publicada sobre la contaminación del agua.
“Reportar sobre los conflictos en las cárceles venezolanas se ha convertido en delito. Se quiere castigar a los medios de comunicación y se recurre a la intimidación directa a los periodistas para que esos problemas no sean publicados. La contaminación del agua fue otro tema sensible para el Gobierno: se retuvo a periodistas y se acudió a elementos legales para evitar los reportes. Problemas como éstos seguirán apareciendo en los meses previos a las elecciones y es esencial que la población los conozca”, dijo Barbara Trionfi, responsable para la libertad de prensa del IPI.
“Pedimos al Gobierno que respete el trabajo de los periodistas y que garantice su seguridad. No es posible que el sector oficial sea el primer agresor, tanto con su lenguaje, como con sanciones administrativas y limitaciones al acceso a la información. En este año de decisiones para los venezolanos, cada ciudadano debe estar informado de la realidad y, por ello, los periodistas más que nunca se convierten en pilares de la democracia”, agregó Trionfi.
Durante el gobierno del presidente Hugo Chávez salió del aire la televisora más antigua del país, RCTV, el 27 de mayo de 2007, por lo que el Gobierno ha justificado como no renovación de la concesión. Más tarde, el 31 de julio de 2009, 34 radiodifusoras salieron del aire. Los cierres de medios de comunicación siguen ocurriendo. El pasado 30 de marzo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones cerró cuatro estaciones de radio y confiscó sus equipos de transmisión en el estado de Monagas, debido a que estaban operando "sin la licencia administrativa adecuada". Una de las estaciones de radio, Caicareña 100.5 FM, perteneciente al hermano del gobernador de Monagas, José Gregorio Briceño, fue invadida por las fuerzas antidisturbios de la Guardia Nacional Bolivariana en un acto violento que dejó varios heridos, informó el diario El Universal. Conatel respondió a las acusaciones diciendo que cuatro de sus empleados fueron asaltados por una turba encabezada por el hermano del gobernador.
No sólo el Presidente usa un lenguaje de odio hacia los opositores. En el canal del Estado, Venezolana de Televisión, los conductores de diversos programas de opinión imitan su vocabulario. Un caso destacado en los últimos meses fue el de los ataques verbales de Mario Silva, conductor del programa La Hojilla, el pasado 14 de marzo contra la caricaturista de El Universal, Rayma Suprani, calificándola como "la propagación del odio", "racista" y "clasista".
También en VTV, en el noticiario estatal, el presentador de noticias Miguel Pirela anunció que un “grupo de especialistas” descubrió un mensaje oculto en las respuestas del crucigrama del periódico Ultimas Noticias, realizado por el escritor Neptalí Segovia y publicado el 9 de mayo. Según Pirela, los mensajes ocultos del crucigrama conducían a un posible asesinato al hermano del Presidente, Adan Chavéz. Las respuestas formaban las palabras "Adán", "ráfagas", y "matar", informó el sitio de noticias Inquisitr. Después de los comentarios del ancla, Segovia fue interrogado por la policía venezolana el 11 de mayo, según The Huffington Post. Segovia, que ha escrito crucigramas en el periódico durante 17 años, dijo que los crucigramas no tienen nada que ver con la política, informó The New York Times. Segovia atribuyó la situación a "personas irresponsables que tratan de crear controversias durante la campaña presidencial".
Debido al cierre de varias ventanas de denuncia contra el gobierno, Internet se ha convertido para muchos comunicadores en el espacio ideal para compartir sus análisis sobre el país. Quizá por esta razón han aumentado los ataques cibernéticos, como ha reportado anteriormente el IPI. El pasado 28 de mayo se lanzaron granadas a las instalaciones del periódico zuliano Que pasa. Su director, Pedro Pablo Guisandes, interpretó el hecho violento como una respuesta a “una línea editorial de denuncia y de periodismo frontal” que incomoda a los altos mandatarios del gobierno.
Pero las denuncias de agresiones verbales y físicas contra periodistas y medios en Venezuela no son exclusivas de los medios privados. Existen reportes de agresiones físicas y verbales recibidas por periodistas oficialistas. El pasado 29 de mayo, por ejemplo, la fachada de la sede de la televisora Zulia Catatumbo TV recibió 14 impactos de bala. Su director, David Pernía, asegura que el ataque es un acto de represalia al canal por las denuncias hechas contra el candidato presidencial Henrique Capriles Radonski. Aunque desconoce quiénes fueron los autores materiales del ataque, Pernía considera que con este atentado pretenden amedrentarlos, y maneja la hipótesis de que la agresión es “respuesta a la transmisión de denuncias sobre el candidato presidencial (opositor), quien supuestamente se deshizo de un grupo cartas que les fueron entregadas por habitantes de la entidad”, reseñó el periódico TalCual.
De igual manera, algunos periodistas “oficialistas” se han quejado de dificultades en la cobertura de la campaña electoral de Capriles. El 10 de mayo, mientras Capriles Radonski hacia su recorrido en el municipio Pedraza, en Barinas, el equipo de reporteros de VTV denunció un ataque contra ellos por miembros de la Mesa de la Unidad. Según declaraciones de la periodista Janeth Suárez y del camarógrafo Dani Vargas, “dos guardaespaldas (de Capriles) tiraron la cámara de Vargas a la calle mientras que Suárez fue acosado y seguido”. El incidente fue condenado posteriormente por Tarquino González Concho, secretario general del CNP-Barinas.
“El ministro de Comunicación se ha pronunciado a propósito de las recientes agresiones contra periodistas de medios públicos, pero ha guardado silencio con respecto a las otras agresiones. Exhortamos a las autoridades a que todos los periodistas sean respetados y defendidos”, insistió Trionfi. En la medida en que se aviva el clima electoral venezolano, los sectores políticos en pugna extienden, de una u otra forma, sus ataques y agresiones hacia los comunicadores sociales, sean gubernamentales, independientes o de oposición. Esta situación dificulta una cobertura informativa justa y equilibrada y, sin duda alguna, afecta a los ciudadanos, para quienes estos medios y periodistas realizan su trabajo.
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