Venezuela
Visión General: En mayo, por sexto año consecutivo, el Departamento de Estado determinó, conforme a la sección 40A de la Ley de Control de Exportación de Armas, que Venezuela no estaba cooperando plenamente con los esfuerzos de combate contra el terrorismo de Estados Unidos. El 8 de septiembre, conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros, el Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a cuatro altos funcionarios venezolanos de actuar para o en nombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en apoyo directo a las actividades de tráfico de narcóticos y de armas de este grupo.
Venezuela y Colombia continuaron con el diálogo que iniciaron en 2010 sobre seguridad y asuntos fronterizos. En varias ocasiones durante el año, el presidente Chávez dijo, en referencia a las FARC y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que el Gobierno no permitiría la presencia de grupos armados ilegales en territorio venezolano. Venezuela capturó y deportó a cuatro integrantes de menor rango de las FARC y del ELN a Colombia en 2011.
Venezuela mantuvo su cooperación económica, financiera y diplomática con Irán así como limitados acuerdos militares. El 24 de mayo, el Departamento de Estado anunció sanciones contra la compañía petrolera del estado venezolano (PDVSA) por entregar por lo menos dos cargamentos de reformado (el producto de un proceso de reformación del hidrocarburo; un intermedio en la producción de combustibles tales como la gasolina) a Irán, con un valor aproximado de $50 millones, en violación a la Ley de Sanciones contra Irán, tal como fue enmendada. El 23 de mayo, el Departamento de Estado impuso nuevamente sanciones contra la Compañía de Industrias Militares de Venezuela bajo la Ley de No-Proliferación de Irán, Corea del Norte y Siria, por la información confiable de que ésta había transferido a Irán, Corea del Norte o Siria equipos y tecnología contenidos en las listas de control de exportación multilateral, o que los había adquirido de esos países. El Banco Internacional de Desarrollo C.A., una filial del Banco de Desarrollo y Exportación de Irán, siguió operando en Venezuela, a pesar de su designación en 2008 por parte del Departamento del Tesoro bajo Orden Ejecutiva 13382 (“Bloqueo de Propiedades de Individuos o Entidades Involucradas en la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y sus Partidarios").
Hubo informes confiables de que simpatizantes y partidarios del Hezbollah recolectaron fondos y participaron en actividades de apoyo en Venezuela.
Legislación y Aplicación de la Ley: En octubre, Venezuela instaló equipos biométricos para registrar fotos y huellas digitales de todas las personas que llegan a la Isla de Margarita. El gobierno venezolano expresó que el equipo tenía la intención de ayudar a las autoridades a detectar a los criminales y a sospechosos buscados.
Venezuela no respondió a una segunda solicitud del gobierno español para la extradición de Arturo Cubillas Fontán, un ciudadano venezolano naturalizado y empleado del gobierno venezolano, que fue buscado en conexión con una investigación en marcha con respecto a los presuntos vínculos entre las FARC y el País Vasco y Libertad (ETA). La segunda solicitud incluía la acusación adicional de que Fontán era un miembro y líder de la ETA. Las fuerzas de seguridad españolas y el sistema judicial de España siguieron con las investigaciones de los alegatos de la presencia de campos de entrenamiento de la ETA en Venezuela. En enero, en una operación conjunta con la policía francesa, la Guardia Civil arrestó a un especialista de tecnología de información de la ETA que había viajado previamente a Venezuela para entrenar a integrantes de la ETA y de las FARC. El 17 de junio, Inaki Dominguez Atxalandabaso fue arrestado en Francia, bajo orden de arresto del Tribunal Nacional, por presuntamente entrenar a integrantes de las FARC en Venezuela.
Contrarrestar el Financiamiento al Terrorismo: Venezuela es miembro del Grupo de Acción Financiera del Caribe, un ente regional al estilo de un Grupo de Acción Financiera; la Sección de Control de Lavado de Activos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas; y el Grupo Egmont. En 2011, Venezuela aprobó una serie de regulaciones de financiamiento anti-terrorismo que afectan a las compañías de seguros, corretajes de valores, notarías, oficinas de registro público, y operadores de casinos, salas de bingo y máquinas tragamonedas. Las regulaciones requirieron que estas entidades adoptasen medidas para evaluar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento terrorista y que aplicaran controles más rigurosos para clientes de alto riesgo. Venezuela creó una oficina especial en el Ministerio Público para procesar los casos de lavado de dinero y los delitos financieros y económicos. No hay información disponible con respecto a la aplicación de las nuevas regulaciones o de cualquier procesamiento, condena, o confiscación de activos relacionados con el financiamiento al terrorismo. La Constitución de Venezuela prohíbe el congelamiento automático de activos y requiere un proceso legal antes de que se pueda tomar dicha acción. Para mayor información sobre los delitos de lavado de dinero y financieros, los referimos al Informe de Estrategias Internacionales para el Control de Narcóticos de 2011 (INCSR), Volumen 2, Lavado de Dinero y Delitos Financieros: http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/index.htm.
Cooperación Regional e Internacional: Venezuela es miembro de la Organización de Estados Americanos. El 2 y 3 de diciembre, Venezuela organizó la cumbre inaugural de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe.
Visión General: En mayo, por sexto año consecutivo, el Departamento de Estado determinó, conforme a la sección 40A de la Ley de Control de Exportación de Armas, que Venezuela no estaba cooperando plenamente con los esfuerzos de combate contra el terrorismo de Estados Unidos. El 8 de septiembre, conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros, el Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a cuatro altos funcionarios venezolanos de actuar para o en nombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en apoyo directo a las actividades de tráfico de narcóticos y de armas de este grupo.
Venezuela y Colombia continuaron con el diálogo que iniciaron en 2010 sobre seguridad y asuntos fronterizos. En varias ocasiones durante el año, el presidente Chávez dijo, en referencia a las FARC y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que el Gobierno no permitiría la presencia de grupos armados ilegales en territorio venezolano. Venezuela capturó y deportó a cuatro integrantes de menor rango de las FARC y del ELN a Colombia en 2011.
Venezuela mantuvo su cooperación económica, financiera y diplomática con Irán así como limitados acuerdos militares. El 24 de mayo, el Departamento de Estado anunció sanciones contra la compañía petrolera del estado venezolano (PDVSA) por entregar por lo menos dos cargamentos de reformado (el producto de un proceso de reformación del hidrocarburo; un intermedio en la producción de combustibles tales como la gasolina) a Irán, con un valor aproximado de $50 millones, en violación a la Ley de Sanciones contra Irán, tal como fue enmendada. El 23 de mayo, el Departamento de Estado impuso nuevamente sanciones contra la Compañía de Industrias Militares de Venezuela bajo la Ley de No-Proliferación de Irán, Corea del Norte y Siria, por la información confiable de que ésta había transferido a Irán, Corea del Norte o Siria equipos y tecnología contenidos en las listas de control de exportación multilateral, o que los había adquirido de esos países. El Banco Internacional de Desarrollo C.A., una filial del Banco de Desarrollo y Exportación de Irán, siguió operando en Venezuela, a pesar de su designación en 2008 por parte del Departamento del Tesoro bajo Orden Ejecutiva 13382 (“Bloqueo de Propiedades de Individuos o Entidades Involucradas en la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y sus Partidarios").
Hubo informes confiables de que simpatizantes y partidarios del Hezbollah recolectaron fondos y participaron en actividades de apoyo en Venezuela.
Legislación y Aplicación de la Ley: En octubre, Venezuela instaló equipos biométricos para registrar fotos y huellas digitales de todas las personas que llegan a la Isla de Margarita. El gobierno venezolano expresó que el equipo tenía la intención de ayudar a las autoridades a detectar a los criminales y a sospechosos buscados.
Venezuela no respondió a una segunda solicitud del gobierno español para la extradición de Arturo Cubillas Fontán, un ciudadano venezolano naturalizado y empleado del gobierno venezolano, que fue buscado en conexión con una investigación en marcha con respecto a los presuntos vínculos entre las FARC y el País Vasco y Libertad (ETA). La segunda solicitud incluía la acusación adicional de que Fontán era un miembro y líder de la ETA. Las fuerzas de seguridad españolas y el sistema judicial de España siguieron con las investigaciones de los alegatos de la presencia de campos de entrenamiento de la ETA en Venezuela.
En enero, en una operación conjunta con la policía francesa, la Guardia Civil arrestó a un especialista de tecnología de información de la ETA que había viajado previamente a Venezuela para entrenar a integrantes de la ETA y de las FARC. El 17 de junio, Inaki Dominguez Atxalandabaso fue arrestado en Francia, bajo orden de arresto del Tribunal Nacional, por presuntamente entrenar a integrantes de las FARC en Venezuela.
En enero, en una operación conjunta con la policía francesa, la Guardia Civil arrestó a un especialista de tecnología de información de la ETA que había viajado previamente a Venezuela para entrenar a integrantes de la ETA y de las FARC. El 17 de junio, Inaki Dominguez Atxalandabaso fue arrestado en Francia, bajo orden de arresto del Tribunal Nacional, por presuntamente entrenar a integrantes de las FARC en Venezuela.
Contrarrestar el Financiamiento al Terrorismo: Venezuela es miembro del Grupo de Acción Financiera del Caribe, un ente regional al estilo de un Grupo de Acción Financiera; la Sección de Control de Lavado de Activos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas; y el Grupo Egmont. En 2011, Venezuela aprobó una serie de regulaciones de financiamiento anti-terrorismo que afectan a las compañías de seguros, corretajes de valores, notarías, oficinas de registro público, y operadores de casinos, salas de bingo y máquinas tragamonedas. Las regulaciones requirieron que estas entidades adoptasen medidas para evaluar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento terrorista y que aplicaran controles más rigurosos para clientes de alto riesgo. Venezuela creó una oficina especial en el Ministerio Público para procesar los casos de lavado de dinero y los delitos financieros y económicos. No hay información disponible con respecto a la aplicación de las nuevas regulaciones o de cualquier procesamiento, condena, o confiscación de activos relacionados con el financiamiento al terrorismo. La Constitución de Venezuela prohíbe el congelamiento automático de activos y requiere un proceso legal antes de que se pueda tomar dicha acción. Para mayor información sobre los delitos de lavado de dinero y financieros, los referimos al Informe de Estrategias Internacionales para el Control de Narcóticos de 2011 (INCSR), Volumen 2, Lavado de Dinero y Delitos Financieros: http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/index.htm.
Cooperación Regional e Internacional: Venezuela es miembro de la Organización de Estados Americanos. El 2 y 3 de diciembre, Venezuela organizó la cumbre inaugural de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe.
CAPITULO 5
REFUGIOS PARA TERRORISTAS (ACTUALIZADO PARA EL INFORME 7120)
1.a REFUGIOS PARA TERRORISTAS
Los refugios para terroristas descritos en este informe incluyen áreas físicas no gobernadas, sub-gobernadas o mal gobernadas donde los terroristas son capaces de organizarse, planificar, recolectar fondos, comunicar, reclutar, entrenar, transitar y operar en relativa seguridad debido a la inadecuada capacidad de gobierno, de voluntad política, o de ambas.
HEMISFERIO OCCIDENTAL
Las fronteras de Colombia con Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá y Brasil con terrenos accidentados y selvas boscosas, junto con bajas densidades de población y presencia gubernamental débil durante años, con frecuencia han sido caldo de cultivo para los refugios potenciales para grupos insurgentes y terroristas, particularmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las FARC, en retirada ante las presiones militares colombianas, han operado con relativa facilidad a lo largo de la frontera de Colombia, y han usado áreas en países vecinos a lo largo de tales fronteras para descansar y reagruparse, procurarse de insumos, prepararse y entrenarse para ataques terroristas. Integrantes de las FARC en estas regiones fronterizas con frecuencia contaron con la población local de manera directa e indirecta para reclutas y apoyo logístico. Esto es aparentemente menor en Brasil y Perú, donde los refugios potenciales fueron enfrentados con acciones gubernamentales más enérgicas. Tanto Ecuador como Panamá parecieron estar fortaleciendo sus esfuerzos contra los grupos de tráfico de narcóticos y terroristas de Colombia.
Tráfico de Armas de Destrucción Masiva y materiales relacionados podrían ser una preocupación potencial en esta región, dado el alto volumen de comercio mundial que se embarca en esta región, y la existencia de redes de proliferación que buscan explotar vulnerabilidades en los controles de exportación de los estados.
Venezuela. Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) presuntamente continuaron utilizando territorio venezolano para descansar y reagruparse, para el tráfico de narcóticos, y para extorsionar a cambio de protección y secuestrar a venezolanos para financiar sus operaciones. En varias ocasiones durante el año, el presidente Chávez aseguró que “no podemos permitir la presencia en Venezuela de ningún ente, armado o no, que esté fuera de la ley". Venezuela y Colombia siguieron su diálogo en materia de seguridad y asuntos fronterizos. Venezuela capturó y deportó a cuatro integrantes de menor rango de las FARC y del ELN a Colombia durante este año. El gobierno venezolano también capturó a un quinto integrante de las FARC, pero a pesar de la declaración inicial del Gobierno de que lo deportaría a Colombia, éste siguió en Venezuela para finales del año.
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