Irán figuró en el tercer puesto, detrás de
Venezuela. La revista, cuyo índice está elaborado sobre la base de la
combinación de la tasa de inflación y de desempleo, atribuyó las altas
puntuaciones obtenidas por Irán y Venezuela a las “alocadas políticas
económicas” de ambos países petroleros. En Venezuela, esas políticas han
coincidido en una tasa de inflación que el año pasado estuvo en el orden del
27.6 por ciento y una tasa de desempleo de 8.2 por ciento.
El constante hostigamiento al sector privado
emprendido por el gobierno de Hugo Chávez, aunado al enorme gasto público y la
falta de independencia del banco central, crean en Venezuela las condiciones
para una tormenta inflacionaria perfecta. “Venezuela tiene la tasa de inflación más alta del
mundo”, advirtió Pedro Palma, presidente de la Academia de Ciencias Económicas.
La tasa de inflación debería ser substancialmente
más baja, pero este gobierno ha implementado una política expansiva de gasto
sumamente agresiva a través de la cual se inyectan a la economía muchísimos
recursos, sin contar con una sensata política de disciplina monetaria. Esa
política de gasto expansiva se ha visto acentuada en los últimos meses y es
ejecutada con recursos de la empresa petrolera PDVSA y del propio Banco
Central, institución que es obligada a sacar más dinero a la calle.
Pero son pocos los productos que pueden ser
adquiridos con ese incremento de la masa monetaria ante el incesante acoso del
gobierno al sector privado, que cada día tiene menos razones para invertir en
el país. Se trata de “un ataque y hostigamiento permanente a la actividad
económica privada, que ha reducido la producción de las empresas y que ha
desestimulado notablemente la inversión.
José Luis Saboin, analista de la firma de asesores
Ecoanalítica, dijo que esa drástica caída de la inversión es uno de los
principales factores detrás de la inflación y del estancamiento económico. “La
inversión es el componente que más dinamiza a la economía, pero en un país
donde predominan la inseguridad jurídica, la represión al sector privado, las
expropiaciones y las confiscaciones, y presenta además un discurso altamente
negativo para lo que es al sector privado, no ha de extrañar que la inversión
privada desaparezca”, dijo Saboin.
“¿Qué hubiese pasado si la inversión hubiese
crecido en un seis o un siete por ciento, como creció en algunos países de
América Latina? Venezuela hubiese sido el país de mayor crecimiento de la
región”, dijo Saboin. “Y está comprobado que cuando un país crece a altas tasas
es cuando mayor bienestar tienen sus ciudadanos”.
Intuitivamente, la mayoría de los venezolanos
entiende que gran parte de los problemas de escasez, inflación y desempleo que
enfrentan se debe a las políticas emprendidas contra el sector privado. Según
una encuesta reciente, el 61 por ciento de los consultados considera que las
expropiaciones están acentuando el desempleo, en contraste con un 23 por ciento
que dijo creer lo contrario. Una proporción similar, de 61 contra 25 por
ciento, atribuyó el severo problema de desabastecimiento a las confiscaciones
de empresas emprendidas por el gobierno.
Y el respaldo popular hacia el concepto de la
empresa privada es elevado. Un 75 por ciento de los encuestados dijo estar de
acuerdo con la noción de que a la empresa privada hay que defenderla porque
“genera empleo, productos de calidad y progreso”
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