Opiniòn. Vito
Vinceslao
Reglamento que regula a los motorizados cumple un año y cuatro meses de
su promulgación por el presidente Hugo Chávez y todavía no se pone en práctica pese
a estar en vigencia porque ha sido pospuesto reiteradamente por las autoridades
del Ministerio de Interior y Justicia.
La autoridad
negligente, el motorizado irresponsable y la anomia inaceptable, juntos y
entremezclados, forman una verdadera bomba de tiempo que atenta contra la salud
pública de la sociedad y sus comunidades.
En términos
cristianos, equivale a vivir todos en medio de pecados, en una especie de
Sodoma y Gomorra. En la perspectiva criminológica, significa sobrevivir en
medio de la violencia sostenida y creciente, matándonos los unos a los otros.
Bajo el enfoque psiquiátrico implica subsistir en un mundo desquiciado, en un
manicomio manejado por los propios locos.
Lo acá escrito y
descrito es una reflexión sobre una situación, cada vez más acuciante y
preocupante, que pone en circunstancia de riesgo la paz ciudadana, la
convivencia solidaria, el respeto humano, el grado satisfactorio de bienestar
general. Conlleva el estrés social, la violencia personal y la delincuencia
infamante que despoja, humilla y mata.
Caos en una
comunidad
Relacionamos las
palabras autoridad, motorizados y anomia en un intento de invocar la conciencia
ciudadana en situaciones inconvenientes asociadas al tránsito en calles,
avenidas, autopistas y carreteras del país.
Autoridad denomina
a aquellos que operan el gobierno o que simplemente ejercen algún tipo de mando
sobre toda o parte de la sociedad. Representa al Estado en algunos de sus
poderes y niveles. Las autoridades estatales tienen la potestad de mandar y dar
órdenes, las cuales deben ser acatadas por los ciudadanos siempre que aquellas
actúen con respecto y respeto a las leyes y normas vigentes.
Motorizado, o
mejor dicho motorista, define a aquel individuo que, regulado por Ley y
facultado por alguna autoridad, conduce una motocicleta. Puede desplazarse
libremente en el vehículo en horas, lugar y otras circunstancias que no le
prohíbe la Ley. Debe y solo puede conducir dentro del marco regulatorio en que
ha sido mandado por la autoridad competente. Al igual que la autoridad, el
motorizado tiene que desempeñarse actuando con referencia y acatando las leyes
y normas vigentes.
Anomia conceptúa
ese estado anímico, individual o colectivo, que surge cuando las reglas
sociales, económicas o políticas, particularmente las de convivencia y cohesión
social, se han degradado o directamente se han eliminado, o que ya no son
respetadas, acatadas o cumplidas por los integrantes de una comunidad. El
concepto anomia hace referencia a la carencia de leyes y, por tal, ausencia de
autoridades, caos entre los integrantes de una comunidad.
Reglamento es letra
muerta
Este mes, el
Reglamento que regula los motorizados cumple un año y cuatro meses de su
promulgación por el presidente Hugo Chávez y todavía no se pone en práctica pese
a estar en vigencia porque ha sido pospuesto reiteradamente por las autoridades
del Ministerio de Interior y Justicia. Les basta dar una excusa cualquiera y,
entonces, parece aplicarse el famoso principio de “se cumple pero no se acata”.
Ese texto legal se
promulgó el 5 de octubre del año 2011. Los daños y perjuicios, morales y materiales
están a la vista:
1. Violencia
interpersonal entre motorizados y automovilistas o peatones.
2. Los
hospitales están literalmente abarrotados de motoristas convalecientes y en vía
de incapacidad o discapacidad.
3. Los cementerios
a diario abren sus puertas a jóvenes fallecidos en numerosas y crecientes
colisiones.
Terror en la vía
Leyes y
reglamentos no faltan hoy; pero si no se las presupuesta e instrumenta resultan
inejecutables.
Resulta muy común
observar hechos alarmantes cada vez que acontece una colisión entre una moto y
un vehículo automotor, y se confrontan un motorizado y un automovilista. De
poco o nada valen las pólizas de responsable civil; simplemente se pone de
manifiesto la amenaza física o material del actor social que se considera más
fuerte en el momento. El motorizado, con razón y sin razón, se hace acompañar
de otros muchos motoristas y, literalmente secuestran al automovilista en medio
de un clima de auténtico terror en plena vía pública. Surge la reivindicación
de indemnización económica y es el propio motorizado quien justiprecia el
supuesto daño a su moto o a su integridad física. El automovilista sufre un
real secuestro expreso y, mientras su vehículo queda retenido en riesgo de ser
deteriorado o destruido, otro motorizado lo acompaña hasta un cajero automático
para despojarle lo mucho o poco que pueda tener aquél en su cuenta bancaria.
A veces el
desenlace es otro y, entonces el automovilista hace gala de algún arma de
fuego, incluso dispara, hace que el grupo extorsionador se disuelva sabedores
de que cuando hay alguien presto a matar poco valen los que en grupo alardean
de guapos o valentones.
Sociedad
enloquecida
La conclusión es
clara, en medio de esa mezcla de lo antisocial, lo que reina es el delito y
todos devenimos en delincuente; entonces rige el imperio de la corrupción y la
concusión, la extorsión y la coima lucra, si no enriquece, a fiscales de
tránsito, policías de circulación, guardias nacionales, funcionarios de
Fiscalías y Tribunales. Es el mundo al revés como dice la canción. La sociedad
enloquecida. Las comunidades desquiciadas.
Funcionarios que dan pena.
Pero lo más
vergonzoso es el papel de las autoridades llamadas a intervenir y mediar en
conflictos de interés entre conductores, automovilistas y motorizados, donde
los afectados prefieren que no se hagan presentes ya que, lejos de ayudar,
acuden en elevada proporción para procurarse algún beneficio pecuniario. Sí,
casi que cazan la ocasión para invocar las palabras mágicas ¡aquí
hay infracciones de tránsito, corresponde aplicar boletas y multas e, incluso,
habiendo lesionados, el caso deberá pasar a Fiscalía!
Son las señales
que dicen tácita pero claramente a motorista y automovilista que de su acuerdo
económico el Estado en este caso el funcionario competente debe percibir un
beneficio. Se explicita el requerimiento ¡si notificamos a Fiscalía son por lo menos
seis meses de espera y muchos serán los gastos en abogados y papeleo! ¡si el
automóvil o la moto pasa la estacionamiento de Tránsito Terrestre hay que pagar
cada día para que el vehículo no sea desvalijado, aparte del pago de gastos de
estacionamiento! El fiscal de tránsito, el policía de circulación o el
guardia nacional cobra lo suyo y, entonces, todo el mundo en paz y pa´su casa.
Todas las cosas son imposibles, mientras lo parezcan.
Abog. Vito Vinceslao
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