Prensa. Diario El Nacional.
Cobertura
de la campaña mantendrá línea editorial actual. Directiva afirma que la
decisión intenta proteger a los trabajadores
MARU MORALES
El grupo Unitel de Venezuela
C.A., dueños mayoritarios de Globovisión, se vio “obligado” a aceptar la oferta
de compra presentada en las últimas horas por el empresario Juan Domingo
Cordero.
La propuesta se produjo en un
contexto económicamente complicado para el canal, que luego de una treintena de
procesos administrativos, amenazas y una multa multimillonaria, tiene sus
finanzas comprometidas no sólo para mantener la operatividad, sino para
responder a compromisos futuros con los trabajadores, según expresó Guillermo
Zuloaga en una carta enviada a los trabajadores.
“La situación política y la
polarización han hecho que los ataques a Globovisión sean cada vez más fuertes.
El año pasado, tomé la decisión de hacer todo lo que estuviera en nuestro poder
para lograr que la oposición ganara las elecciones de octubre (…) pero la
oposición perdió. Somos inviables económicamente, porque nuestros ingresos ya
no cubren nuestras necesidades de caja. Somos inviables políticamente, porque
estamos en un país totalmente polarizado y del lado contrario de un gobierno
todopoderoso que quiere vernos fracasar. Somos inviables jurídicamente porque
tenemos una concesión que termina y no hay actitud de renovárnosla”, dice la
misiva.
En ese escenario, la familia
Zuloaga (propietaria de Unitel) aceptó la oferta con condiciones. Entre ellas,
que el cambio de manos se produjera después del 14 de abril, para garantizarle
a la audiencia una cobertura de la campaña y de las elecciones presidenciales
fijadas para esa fecha acordes con su línea editorial tradicional.
“Hay una oferta de compra formal y una intención obligada de venta”, expresó el
vicepresidente ejecutivo del canal, Carlos Alberto Zuloaga, en la reunión con
los trabajadores ayer en la tarde.
Aceptar la oferta del comprador,
por un monto desconocido aún, sería la única salida de sus dueños ante la
asfixia económica.
Sin opción
El director de la ONG Espacio
Público, Carlos Correa, considera que, independientemente de si el ofertante
está o no vinculado al Gobierno, el resultado de la negociación es la
consecuencia directa de años de persecución contra el canal, sus dueños,
directivos y trabajadores.
“Hay mecanismos directos e
indirectos para forzar la venta de un canal. En este caso se aplicaron
mecanismos indirectos porque desde el Gobierno se ha creado una situación de
asfixia económica tal que los dejaron sin opción de subsistencia en el tiempo”,
señaló Correa.
Los mecanismos de presión, dijo
Correa, han sido múltiples. “Se ha intentado doblegarlos con multas, presión a
los anunciantes, amenazas a los dueños y agresiones físicas a los trabajadores.
Es una situación en la que todos son víctimas”, apuntó Correa.
La otra víctima, recalcó, será la
audiencia que, dependiendo de la línea editorial de los nuevos dueños, podría
reducir su conocimiento sobre los puntos de vista de la oposición. “En
paralelo, se reduciría aún más el espectro a través del cual sectores de la
oposición pueden manifestarse”, indicó.
¿Quién compra?
Juan Domingo Cordero es un
empresario vinculado al sector financiero, que en 1996 fue condenado a prisión
de dos a cuatro años por aprovechamiento fraudulento de fondos públicos durante
la crisis financiera de 1994, condena de la que fue absuelto en 1999. Es
hermano de la diseñadora de modas Ana Julia Cordero y tío de Ana Julia Thomson
de Zuloaga, esta última, esposa de Guillermo Zuloaga, accionista mayoritario
del canal de noticias. Presidió el extinto Banco de Barinas y la desaparecida
Bolsa de Valores de Venezuela. Actualmente es el principal accionista de
Seguros La Vitalicia.
Persecución implacable
Octubre-2008: Conatel abre
procedimiento administrativo sancionatorio por las afirmaciones de Rafael Poleo
en el programa Aló Ciudadano.
Noviembre-2008: Conatel abre
procedimiento administrativo sancionatorio por transmitir declaraciones de
Henrique Salas Feo, en las que invitaba a ir al CNE a defender su triunfo.
Mayo-2009: Conatel abre procedimiento administrativo sancionatorio por tomar
información sobre un sismo ocurrido en Venezuela del portal del Centro de
Sismología de Estados Unidos.
Julio-2009: Conatel abre
procedimiento administrativo sancionatorio por transmitir cuñas de Cedice
y Asoesfuerzo sobre la propiedad privada.
Septiembre-2009: Conatel abre
procedimiento administrativo sancionatorio por la difusión de un mensaje de
texto anónimo sobre un supuesto golpe de Estado.
Junio-2011. Conatel abre proceso administrativo sancionatorio por la
transmisión de mensajes que causan zozobra durante la cobertura de una revuelta
en la cárcel Rodeo.
Octubre-2011: Conatel informa que la sanción por la cobertura de la revuelta
carcelaria será el pago de una multa por 9.300.000 bolívares. Junio-2012: La Sala Político Administrativa del TSJ decidió el embargo
ejecutivo a Globovisión por la suma de 24.425.216 bolívares.