Prensa. Diario El Nacional.
Sindicatos de Guayana interponen queja ante la Organización
Internacional del Trabajo por discriminación política
EQUIPO DE CORRESPONSALES
El arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa, pidió detener "de
inmediato" la persecución de funcionarios públicos simpatizantes de la
oposición y llamó al diálogo entre las partes para superar la crisis política.
Se refirió a denuncias de organizaciones y agrupaciones políticas de
persecución por el oficialismo de empleados públicos contrarios al Gobierno.
"Eso hay que detenerlo de inmediato, debe cesar inmediatamente",
indicó el prelado a Unión Radio.
"No se puede pensar en un diálogo con el país" mientras
personas en organismos del Gobierno "estén persiguiendo a los venezolanos
que allí trabajan simplemente porque haya una sospecha de que han votado por
una opción distinta de la del Gobierno", señaló.
Indicó que la Constitución es muy clara al consagrar los derechos políticos
de todos los venezolanos y por ello "no es posible que un funcionario
público sea perseguido simplemente por tener una opinión política
diversa".
El arzobispo de Caracas destacó el llamado al diálogo del presidente
Nicolás Maduro, pero advirtió que las conversaciones requieren "el
reconocimiento del otro, el reconocimiento de las diferencias y el deseo
sincero de buscar una solución de conjunto".
A la OIT. Dirigentes sindicales de Guayana pidieron una acción urgente al director
general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, ante las
amenazas de despidos de funcionarios del Gobierno a trabajadores que disienten
de la política oficial.
La solicitud la hicieron adhiriendo otros alegatos ante la queja 2.763,
interpuesta por el Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la CVG en
2009, a propósito de la detención del secretario general de Sintraferrominera,
Rubén González.
El asesor de los sindicatos, abogado Eleuterio Benítez, indicó que han
recogido como pruebas videos, audios y documentos en los que se obliga a los
trabajadores a limitar sus derechos políticos para conservar sus empleos.
Entre ellos citaron el caso del ministro de Vivienda, Ricardo Molina, la
posición del presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y la
comunicación enviada por el presidente de CVG Venalum.
Gómez invitó a los trabajadores a denunciar y a recabar pruebas de la
persecución.
Despidieron a 32 obreros. Directivos del Sindicato de Obreros de la
Gobernación de Nueva Esparta expresaron indignación por el despido de 32
obreros que prestaron servicios durante muchos años en dependencias del
gobierno regional. Edgar Brito, presidente de la organización, aseguró que en
la mayoría de los casos el patrono argumentó razones políticas para
prescindir de sus servicios.
Indicó que recibieron la denuncia de una mujer que trabajaba como
auxiliar de oficina y fue trasladada a otro departamento como aseadora. Precisó
que existen otros casos en los que a las personas las cuestionaron por no estar
inscritas en el PSUV. También las acusan de haber votado por Henrique Capriles.
Amenaza cumplida en Apure. Edgar Hernández es asesor jurídico
en la Secretaria Regional de Educación de Apure, adscrita a la
gobernación, y el 22 de abril de 2013 fue puesto a la orden de personal junto
con siete compañeros y presume que su caso obedece a persecución política. “En
el oficio no hay ninguna motivación. Por tanto, veo que es un atropello y
presumo que es persecución política, ya que el ciudadano Luis Torres (jefe del
despacho) nos venía amenazando a los de consultoría jurídica de que si votamos
por Capriles íbamos a tener efectos”. Hernández expresó: “Torres me preguntó
que si yo había apoyado a Maduro, y le dije que voté por Capriles”.
Reorganización en Táchira. Armando Medina, secretario del
Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza en el Táchira, indicó que en esa
área no se han concretado despidos. Sin embargo señaló que los docentes que han
expresado simpatía con Henrique Capriles han sido blanco de hostigamientos y
humillaciones en pleno ejercicio de sus labores, frente a sus alumnos.
La secretaria general de la gobernación del Táchira, María Varela, negó que
se hostigara a los trabajadores del Ejecutivo regional por sus preferencias
políticas. Indicó que no hay despidos, sino reorganización de personal según el
grado de instrucción y preparación.
Se conoció que algunos profesionales habrían sido movidos no sólo de
oficinas, sino también de localidades distintas de sus sitios de residencia.
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