Opinión.
Pedro Vicente Castro
El
conflicto que mantienen las Universidades Autónomas (AU) es de una magnitud y
una complejidad que va más allá de la mera reivindicación salarial. No digo
esto para quitarle densidad al problema del gravísimo deterioro de las
condiciones de vida y de trabajo de los profesores, empleados y obreros a la que
se suma la lucha de los estudiantes más desfavorecidos por reivindicaciones
estudiantiles (beca, comedor, transporte, oportunidades académicas).
Todos
ellos están sometidos a sueldos, salarios y becas misérrimos durante estos 15
años de bonanza petrolera, que además se agrava por un estancamiento salarial
desde el año 2008, con una inflación acumulada de 130% en el lapso; un castigo
brutal por el delito de defender la Autonomía, la pluralidad y la libertad de
pensamiento que es el alma de una sociedad democrática, porque de eso se trata
en el superficie y en el fondo este conflicto que emerge bajo la manifestación
de la lucha reivindicativa.
Empero,
de lo que se trata es de la intervención que el gobierno mantiene sobre la
universidad casi desde el principio mismo del Régimen, baste recordar la toma
del Rectorado de la UCV y de su Consejo Universitario en el año 2001, por las
bandas armadas del chavismo apoyadas sin ningún rubor desde diferentes
dependencias del Estado. Este estilo violento de intervención se ha mantenido
con una secuela de innumerables carros bombas detonados en el edificio del
Rectorado de la UCV y de violentos ataques en todas las Universidades Autónomas
con una secuela significativa de muertos y heridos perpetrados por el chavismo
amparados en la capucha, armas de fuego de alto calibre, bombas lacrimógenas,
con lo que se ha mantenido en jaque a la Universidad Democrática.
Tampoco
han faltado los ataques legales, el más grave de ellos la Ley de educación
Superior aprobada por la Asamblea en el año 2010, que hubiese destruido hasta sus
cimientos las bases de la UA de no ser por el masivo movimiento de protesta que
la enfrento de forma decidida. La aprobación de la Ley Orgánica de Educación
que pretende regular las elecciones de las Universidades estando vigente La Ley
de Universidades de los años 1970. La congelación de los presupuestos como la forma más
eficiente de ahogar el normal desempeño de las actividades docentes, de investigación
y extensión de nuestras UA.
La
más brutal es lo que pretende el régimen en este momento cuando desconociendo
las organizaciones gremiales de Profesores, empleados y obreros pretende a
través de una mal llamada “Normativa Laboral” imponer la nefasta ley de
educación Superior que ya comentamos y que fue derogada por inviable por el
Finado Presidente Chávez, quien no se atrevió a enfrentar al fuerte movimiento
de calle que se estaba levantando. Una Ley que acaba con la estabilidad laboral
de los profesores, donde se crea un “organismo gremial FENASINPRES sólo de
composición oficialista” que pasaría a tener las potestades que hoy tiene el
Consejo Universitario como órgano que administra, interpreta y produce la Legislación, los procesos y procedimientos
legales, que consagran la condición de autonómicas de las Instituciones
Universitarias en conflicto.
Cuestiones
como la calificación de la Educación como socialista, acabando con la
pluralidad y el libre pensamiento, del universalismo propio de la Universidad,
intervienen directamente la libertad de cátedra; la labor de investigación
estaría sometida al falso órgano gremial ya mencionado así como los ascensos de
los profesores en el escalafón universitario.
Se
pretende con un mecanismo ilegitimo intervenir para destruir la Universidad
Autónoma, Libre, Democrática, cuando no han podido lograrlo por la vía legal o
de la violencia. A los universitarios nos toca resistir esta nueva agresión con
la misma firmeza con la hemos enfrentado en ocasiones anteriores, que no se
sirva el régimen de nuestras justas reivindicaciones salariales para lograr su
objetivo de acabar con las Universidades Autónomas.
Profesor / Doctor Pedro Vicente Castro Guillen
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