COMUNICADO
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), en su XLIX
secretariado realizado en Maracay, estado
Aragua, quiere expresar su más enérgico rechazo a las situaciones irregulares
que vienen sucediendo desde el pasado mes de abril y que afectan no solo al
gremio periodístico venezolano, sino a todos los ciudadanos que tienen el
sagrado derecho de estar informados veraz y oportunamente, de acuerdo con lo
que establece la Constitución Nacional.
En tal sentido queremos denunciar las violaciones al
derecho humano ocurridas el pasado mes de abril en el estado Lara en contra de
los colegas Marla Prato, corresponsal de El Universal; Richard Lameda, Ricardo
Marapacuto, del diario El Impulso; Doricer Alvarado de Globovisión; Leonardo
Azuaje y Humberto Colmenares de Latina TV; Eduard Martínez del Diario La
Prensa; Gerardo Oviedo y Juan Carlos Leal de la Agencia de Noticias Punto
Medio; Ángel López de Promar TV; Rogenmys Valera del diario El Informador;
Héctor Azuaje del Diario de Lara y Héctor Andrés Segura del Círculo de
Reporteros Gráficos del estado Lara, quienes recibieron heridas de perdigones, golpes y daños materiales a sus
equipos de trabajo, mientras ejercían el sagrado derecho de informar.
De igual forma rechazamos la grave situación que
vienen enfrentando nuestros colegas periodistas de Mérida, con la
conformación del Estado Mayor Comunicacional, por parte del gobernador Alexis
Ramírez, quien pretende imponer un control a los medios y limitar el ejercicio
de la profesión en un país que aún se hace llamar libre y democrático.
Solicitamos asimismo a los responsables de la Oficina
Regional de Información de la Gobernación del Táchira, el cese de los
maltratos verbales y discriminatorios a los colegas dentro de sus
puestos de trabajo. También alertamos lo que viene sucediendo en el estado
Zulia, donde actores vinculados al Gobierno buscan vulnerar la
institucionalidad gremial al eliminar el requisito indispensable de la
colegiación de las bases de sus premios de periodismo.
Además expresamos nuestro repudio sobre
el caso de Francisco "Pancho" Pérez del estado Carabobo, a
quien han denunciado doblemente por difamación e injuria, así como también
exigimos que cesen las constantes agresiones verbales públicas del alcalde
Rafael Lacava a periodistas de Puerto Cabello.
La Junta Directiva Nacional, dieciséis seccionales y
miembros del Tribunal Disciplinario presentes, nos dirigimos de nuevo al
Ejecutivo Nacional para instarlo a que detenga los abusos, las intimidaciones,
agresiones y demás acciones violentas que son auspiciadas a diario mediante un
lenguaje agresivo y pugnaz que en nada contribuyen a la paz y la tolerancia en
el país.
Rechazamos que ante la indiferencia del gobierno y
otras instituciones del Estado se siga menoscabando la libertad de expresión en
Venezuela y el ejercicio profesional de los periodistas, quienes son los
garantes y defensores de la democracia.
Reiteramos la exigencia hecha por la Junta Directiva
Nacional del CNP a la máxima instancia del poder legislativo para restablecer
el libre acceso a los periodistas dentro del hemiciclo de la Asamblea Nacional,
por medio de la reforma del Reglamento de Interior y Debate y que contribuya a
preservar su integridad física.
Condenamos el asedio y el hostigamiento a los colegas
María Eugenia Morales y Richard Sayago, por el solo hecho de hacer
investigaciones que puedan resultar incómodas para el sector oficial. Este tipo
de situaciones deben encender las alarmas de todos y cada uno de los
periodistas que luchan por ejercer una profesión libre de presiones y
chantajes.
Exigimos el
respeto y derecho a la privacidad recordando que nadie puede ser perseguido por
su desempeño laboral, tal es el caso de la caricaturista del diario El
Universal, Rayma Suprani, y la periodista de Globovisión, Nitu Pérez Osuna,
quienes han sido víctimas de acoso telefónico y de descalificaciones.
Cabe destacar que todos los casos anteriormente
narrados tienen su soporte y documentación en cada una de las seccionales
del país, desde donde seguiremos luchando y denunciando, para que se respeten
las leyes y para que las instituciones recuperen su credibilidad haciendo
justicia, sin parcialidades políticas en el país.
Aprobado y refrendado en la ciudad de Maracay en el Secretariado Nacional XLIX, a los 26 días del mes mayo de 2013.
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