Prensa. IPYS.
El Instituto Prensa y Sociedad
de Venezuela alertó sobre el vertiginoso aumento de los procedimientos
judiciales y las medidas de censura que afectan las libertades informativas y
de opinión en el país. Así lo expresó Marianela Balbi, directora ejecutiva de
esta organización no gubernamental de DDHH, en la audiencia sobre la situación
de la libertad de expresión y el acceso a la información pública en Venezuela,
en el marco del 149° período de sesiones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
Balbi describió que en el país
persiste un desproporcionado uso abusivo del poder del Estado para criminalizar
la labor de los periodistas, los medios privados e independientes, así como a
activistas de derechos humanos y reporteros ciudadanos.
“Del 1 enero al 10 octubre de
2013, IPYS Venezuela ha reportado 30 casos de censura por parte de los poderes
ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, instancias que han emprendido
medidas que prohíben la difusión de información sobre temas de interés para los
ciudadanos. Esta cifra evidencia un incremento en la aplicación de controles
sistemáticos por parte del Estado venezolano, al compararse con el mismo
período del año 2012, cuando se reportaron 7 casos de censura por parte de las
instancias del poder público venezolano”, documentó IPYS Venezuela.
La directora ejecutiva de IPYS
Venezuela expresó que preocupa el aumento de procesos judiciales que se han
iniciado contra periodistas, directivos de medios de comunicación y
organizaciones no gubernamentales, si se comparan los datos entre enero y
octubre de 2012 y 2013. “En el año en curso IPYS Venezuela ha reportado 20
acciones legales, mientras que en 2012 se registraron 4 incidentes de este
tipo. Mediante estos hechos se ha buscado presionar y criminalizar a los
periodistas y medios de comunicación que han difundido información sobre la
corrupción en la gestión pública; la situación de inseguridad ciudadana y la
conflictividad sociopolítica, las presuntas arbitrariedades en el contexto
electoral, y las irregularidades de abastecimientos de bienes y servicios
básicos”.
El Estado venezolano persiste
en la aplicación de mecanismos legales para restringir el trabajo de los
periodistas y los medios privados e independientes, mediante acciones
judiciales y órdenes de altos funcionarios de los poderes públicos,
principalmente, de acuerdo a la información presentada por IPYS Venezuela. “En
algunos casos, se ha pedido cárcel y el castigo más severo para los
representantes de los medios”, como fue la denuncia presentada contra el Diario
2001, indicó Balbi.
“Las denuncias formuladas por
diferentes representantes ejecutivos han sido respaldadas con la actuación de
la Fiscalía General de la República, de manera que muestran una posible
articulación entre los poderes públicos para restringir el ejercicio de la
libertad de expresión e información, tanto de los trabajadores de medios como
de la sociedad en general”.
IPYS Venezuela ha documentado
diversas medidas legales y acciones de censura que han afectado a los diarios
el Correo del Caroní, en el estado Bolívar; y el diario La Mañana, en el estado
Falcón; El Nacional y Tal Cual, en Caracas. Han sido señalados por la vía penal
varios periodistas entre ellos Horacio Contreras, locutor y director de Studio
102.7 FM, en Mérida; Leonardo León,
locutor de ULA FM 107.7 y corresponsal del diario El Nacional; Nelson
Bocaranda, locutor del Circuito Unión Radio y director del portal Run.run.es;
Miguel Enrique Otero, editor de El Nacional; Leocenis García, presidente del
semanario 6to Poder; y Francisco “Pancho” Pérez, columnista de El Carabobeño.
De igual manera, fueron citados por tribunales, en calidad de testigo, Luz Mely
Reyes; directora del Diario 2001; Omar Luis; subdirector y el jefe de
información del mismo periódico Juan Ernesto Páez Pumar.
Información pública limitada
En la audiencia sobre la
situación de la libertad de expresión en Venezuela, también, estuvieron
representantes del Centro de Derechos Humanos de la universidad Católica Andrés
Bello (CDH UCAB), el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos
(Provea), y Espacio Público. Este grupo denunció las restricciones al acceso a
la información pública con la creación del Centro Estratégico de Seguridad y
Protección de la Patria. Provea describió que solo 3 ministerios han publicado
sus Memoria y Cuenta, mientras que el CDH-UCAB se refirió a las limitaciones
para los derechos de palabras de algunos parlamentarios en la Asamblea
Nacional.
Por parte del Estado
venezolano, intervino Luis Brito García quien alegó que en “Venezuela no hay
censura” al tiempo que consideró que la mayoría de las críticas que realizan
los medios privados contra el gobierno nos inventadas. Argumentó que en el país
no se restringe el acceso a la información pública. También, opinó que los
medios privados fundamentan una “estrategia del terror sobre el
desabastecimiento”, al referirse a los titulares de prensa que difunden
denuncias sobre irregularidades en la distribución de alimentos en el país. “La
prensa está jugando una dialéctica del pánico”, dijo el representante del
Estado venezolano.
En la audiencia de la CIDH,
también, estuvo presente Catalina Botero, relatora para la libertad de
expresión del organismo; Felipe González, relator para Venezuela, entre otros
comisionados.
Reacción estatal
Esta coyuntura se enmarca en un
aumento sistemático de las violaciones a la libertad de expresión e
información, consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.
De acuerdo a los datos de IPYS
Venezuela, del 1º de enero al 10 de octubre de 2013, se reportaron 228 casos en
los que se ha vulnerado los principios de la libre expresión en información.
Esta cifra supera el número total de casos de 2012, cuando se contabilizaron
200 incidentes. Además, alcanza los índices más restrictivos en los últimos 11
años.
Exigencias
Las organizaciones de derechos
humanos solicitaron a la CIDH exhortar al Estado Venezolano a garantizar las
medidas necesarias para el ejerció pleno de la libertad de expresión, sin que
la emisión de opiniones comporte ningún tipo de riesgo, amenazas ni presiones
contra los periodistas, los medios de comunicación y los ciudadanos en general.
Solicitaron a los representantes del Estado cesar con la campaña y las acciones
de criminalización y de censura que limitan las libertades informativas en el país,
de acuerdo a las disposiciones de la Constitución Nacional y los estándares
internacionales de protección de la libertad de expresión.
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