Prensa. Diario
El Nacional.
La ONG Provea
advierte que lo más grave es la intervención de grupos paramilitares en la
represión
EDGAR LÓPEZ
“En
este caso existió un patrón común caracterizado por el uso desproporcionado de
la fuerza por agentes estatales, acompañado del ocultamiento y destrucción de
evidencia, así como el empleo de mecanismos institucionales para asegurar la
impunidad de los hechos”. Así lo estableció la Corte Interamericana de Derechos
Humanos al condenar al Estado venezolano por los hechos del Caracazo, ocurridos
hace 25 años.
Marino
Alvarado, coordinador de Provea, asegura que la represión de las protestas
revela que el Estado no cumple la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, dictada el 29 de agosto de 2002, en cuanto al uso
proporcional y progresivo de la fuerza en el control del orden público.
El
mayor agravante es, en su opinión, la participación de grupos paramilitares en
coordinación con los cuerpos de seguridad del Estado. “A 25 años del Caracazo
la brutalidad militar es peor”, afirma Alvarado.
El
máximo tribunal hemisférico ha dictado cuatro resoluciones de supervisión de
cumplimiento de la sentencia por este caso. El 6 de julio de 2009 se refirió
específicamente a las medidas necesarias para evitar la repetición de los
excesos en el uso de la fuerza pública.
“Esta
Corte observa que el Estado ha presentado información respecto a la realización
de una serie de capacitaciones y talleres que se dirigen a diferentes actores
públicos y privados. Sin embargo, no ha presentado información sobre
capacitaciones dirigidas específicamente a miembros de sus cuerpos armados y de
sus organismos de seguridad, y la adecuación de los planes de acción tal como
lo exige la sentencia”, indica la resolución.
Después
de 2009 el Estado promovió un nuevo modelo policial con énfasis en la
capacitación de los funcionarios en materia de derechos humanos el cual
concluyó en la creación de la Policía Nacional Bolivariana. Además, en 2011 el
Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia dictó una resolución sobre el
uso proporcional y progresivo de la fuerza en el control del orden público.
El
coordinador de Provea considera que los esfuerzos por garantizar los derechos
humanos deben formar parte de políticas públicas integrales: “Justo en estos
días de febrero hemos visto que la PNB también ha incurrido en excesos y que la
resolución del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia ha sido letra
muerta”.
La
exigencia de la Corte Interamericana, establecida en el punto 127 de la
sentencia sobre El Caracazo aún no ha sido cabalmente cumplida: “El Estado
deben garantizar que, de ser necesario emplear medios físicos para enfrentar
las situaciones de perturbación del orden público, los miembros de sus cuerpos
armados y de sus organismos de seguridad utilizarán únicamente los que sean
indispensables para controlar esas situaciones de manera racional y
proporcionada , y con respeto a los derechos a la vida y a la integridad
personal”.
5
lustros de impunidad
El
reporte inicial de 276 muertos fue desvirtuado por la posterior aparición de
fosas comunes. La mayoría de los
homicidios fueron causados por disparos indiscriminados o ejecuciones
extrajudiciales. 25 años después no hay ni un solo preso.
La
investigación sobre la muerte de Crisanto Medero fue una de las pocas que
avanzó. El general del Ejército Carlos Miguel Yánez Figueredo fue acusado por
la Fiscalía, pero el expediente está perdido.
Ayer
debía comenzar el juicio en contra de los supuestos autores intelectuales de
los homicidios ocurridos durante El Caracazo, entre ellos el ex ministro de la
Defensa Italo del Valle Alliegro y el ex gobernador del Distrito Federal,
Virgilio Avila Vivas. El acto fue diferido.
.jpg)
