Prensa. CNP
Nacional
El
Colegio Nacional de Periodistas denuncia una nueva arremetida del gobierno que,
en esta oportunidad busca desprofesionalizar la carrera de periodismo mediante
un anteproyecto de ley introducido por el ex precandidato a la alcaldía de
Maracaibo del PSUV, dueño del diario Qué Pasa, y asesor de la Cámara de
Periódicos de Venezuela, que controla el papel que recibe la prensa, Gastón
Guisandes, en el que, a juzgar por sus propias palabras en la subcomisión de
Medios de la Asamblea Nacional, intenta equiparar a cualquier persona que use
redes sociales o que hable por un micrófono con los profesionales, es decir,
los comunicadores sociales que se formaron en una universidad y que se someten
al control de nuestro Código de Ética cuando se inscriben en el CNP, tal como
lo dispone la presente ley de Ejercicio del Periodismo.
Aunque
el anteproyecto gobiernero no se ha dado a conocer ni siquiera a los diputados
de la subcomisión de Medios y permanece escondido en la oficina de la
presidente de esta, el Colegio Nacional de Periodistas ha podido formarse una
opinión a partir de las declaraciones que el proponente, el dueño del periódico
Qué Pasa, ha dado en los medios del Estado, que le han cubierto ampliamente a
este despropósito.
El
CNP defiende uno de los logros del pueblo de Venezuela desde los años 70: que
la comunicación social esté en manos de personas formadas en las aulas de las
universidades, lo que significa que se reconoce la necesidad de que quien esté
detrás de la redacción de una noticia sea una persona con criterio,
conocimiento, independencia económica y moral, y sobre todo RESPONSABILIDAD, no
solo ante su propia conciencia, sino ante el gremio, que tiene un tribunal
disciplinario, que vela por la buenas prácticas de la profesión.
La
necesidad de formar a quienes ejercen la comunicación social en Venezuela ha
sido reconocida por el pueblo y la prueba está en que de las tres escuelas de
periodismo que existían en 1972, cuando se aprobó la ley, se pasaron a 20 en la
actualidad, incluyendo a la existente en la Universidad Bolivariana de
Venezuela. En la actualidad, comunicación social es una de las carreras más
apetecidas por los jóvenes venezolanos que egresan del bachillerato.
Llama
la atención el hecho de que el proponente de este proyecto de ley invoque la necesidad
de agremiar y de amparar a los que de manera personal utilizan las redes
sociales, publican en blogs o hacen vida en las radios comunitarias, como si la
legislación actual, desde los tratados internacionales en materia de Libertad
de Expresión suscritos por la República, la Constitución Nacional y la misma
Ley de Ejercicio del Periodismo no lo hicieran. El artículo 3, donde se define
la profesión del periodista, tiene un primer parágrafo que dice textualmente:
«Quedan exceptuadas [las personas que ejerzan]las funciones de la misma índole
que ejerzan en órganos de difusión impresos o audiovisuales dependientes de
instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro, de carácter cultural,
político, sindical, religioso, científico, técnico, ecológico, vecinal o
estudiantil, que tengan como único fin la información y divulgación de sus
propias actividades».
De
aquí se desprende que la función periodística regulada por la Ley es aquella
relacionada con el periodismo como actividad económica. Cabe destacar que
cuando se lanzó, los principales adversarios de esta ley fueron los dueños de
periódicos, como el señor Guisandes. Hoy por hoy, sus principales enemigos son
aquellos que quieren acabar con la independencia ideológica del periodista
desde una visión impuesta por el gobierno, y que para ello se vale de personas,
como el señor Guisandes, para amortizar el costo político que representaría
para el oficialismo la liquidación de facto del Colegio Nacional de
Periodistas, por cuya independencia lucharon incluso algunos de nuestros
agremiados que están en la bancada oficialista de la Asamblea Nacional.
Cuando
hablamos del peligro de la posible creación de un colegio de comunicadores
sociales lo hacemos advirtiendo lo siguiente: detrás de la cortina de la «protección»
a los usuarios de las redes sociales y a los llamados comunicadores
comunitarios, el registro y el control de un ente tutelado por la
Vicepresidencia –según algunas informaciones del anteproyecto que el propio
Guisandes ha hecho conocer a la prensa– pudiera significar que para la
utilización de las redes habría que estar sometido a la discrecionalidad de un
órgano político, que a juzgar por la forma en que se comportan los
funcionarios, podría significar un candado a una de las pocas opciones de expresión
libre que quedan en Venezuela. Esto lo afirmamos en el contexto de toda una
propuesta de leyes que apuntan a controlar la comunicación popular y el uso de
Internet.
Hoy,
junto a nosotros, se encuentran también los presidentes de otros colegios profesionales
de Venezuela, muchos de los cuales han mostrado su desacuerdo con este intento,
porque implicaría la devaluación de los títulos universitarios, lo que se
enmarcaría en lo que parece ser una guerra general al conocimiento, un
desprecio generalizado al saber, al criterio formado libremente, al mérito
ganado por el ejercicio intelectual. Igualmente, significaría un insulto al
sacrificio de miles de padres que abnegadamente han pagado los estudios
superiores de sus hijos.
Por
todo lo anteriormente expuesto, el Colegio Nacional de Periodistas llama a sus
23 mil afiliados, a sus 26 seccionales en todo el país, a los estudiantes de
Comunicación Social, a las academias, a los demás colegios profesionales, a los
medios de comunicación, a los comunicadores populares y usuarios de las redes sociales, y al pueblo
de Venezuela a estar alertas ante esta nueva amenaza que, de concretarse,
apuntalaría la hegemonía comunicacional del gobierno de Venezuela, esbozada ya
en el 2007 por el exministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra.
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