Prensa. El
Diario de las Américas
El
diploma otorgado por una universidad en Venezuela es un documento único e
irrepetible. Si se deteriora o extravía, no hay reemplazo salvo copias
certificadas del acta de grado, útiles para determinadas gestiones. Asimismo,
para que sea totalmente válido, el mismo debe ser legalizado ante el Sistema
Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).
En
el pasado, la legalización o registro del título era una gestión bastante
engorrosa y demorada, por lo que muchas personas preferían la intermediación de
un gestor quien, a cambio de una tarifa considerable, se ocupaba de agilizar
todo el trámite gracias a sus relaciones y contactos en los registros.
Sin
embargo, desde la entrada en vigencia del decreto ley de Simplificación de
Trámites Administrativos a finales de 2014, esta diligencia supuestamente es
algo que puede hacerse en relativamente poco tiempo, siguiendo unos pasos
claramente explicados en el portal www.saren.gob.ve, y la ayuda del
intermediario se hace no sólo innecesaria sino ilegal. Esto dicta la medida.
En
la realidad, toda persona que requiera una gestión ante el SAREN lo primero que
debe es acudir el día que le corresponde según su último número de la cédula de
identidad (lunes 0 y 1; martes 2 y 3; miércoles 4 y 5; jueves 6 y 7, y viernes
8 y 9), hacer una cola tan temprano
como las 4:30 de la madrugada, para asegurarse el cupo que le permitirá
ingresar ese día a la oficina de registro para entregar sus recaudos, que
incluyen compra de timbres fiscales, fotocopias, depósito bancario de la tasa
requerida, etc. Y es a lo largo de este proceso que el ciudadano se convierte
en la potencial víctima del robo de su diploma.
Pero,
¿para qué robar un título universitario?, pensará alguien ingenuamente. Pues
para pedir importantes sumas de dinero a cambio de la devolución de este
documento irreemplazable. Según una alerta noticiosa publicada por el portal
www.informe21.com, a través de las redes sociales usuarios del SAREN y víctimas
de este delito reportan que las recompensas solicitadas alcanzan montos de
hasta 100.000 bolívares.
"Mis
planes están parados"
Luisa
Tovar (no es su nombre verdadero por seguridad) concluyó sus estudios
universitarios el pasado año y durante el último trimestre de 2014 recibió, con
honores, su diploma. Actualmente se encuentra realizando todas las gestiones
pertinentes para poder emigrar a Europa, con la idea de homologar su título,
ejercer su profesión y con el fruto de su trabajo pagarse estudios de
postgrado.
Pero,
por el momentos, parte de sus planes están detenidos. El pasado mes de enero, a
Tovar le fue arrebatado su título a dos cuadras del registro principal –ubicado
en la céntrica avenida Urdaneta de Caracas–, cuando salía de haberlo retirado
ya legalizado por esa institución. “Lo irónico de todo, es que el registro
principal queda muy cerca del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas), y nadie me ayudó”, afirmó.
“Esa
noche me comenzaron a llamar, y me están pidiendo 80.000 bolívares. Pero
simplemente no los tengo ni tengo a quién acudir para que me los preste. Mi
familia no es adinerada; el fruto de nuestro trabajo apenas nos alcanza para
vivir. Por eso, por las pocas oportunidades que hay para mí, y por la
inseguridad, es que mi plan era irme a España, a buscar un mejor futuro”,
comentó.
“Puse
la denuncia ante el CICPC por robo y extorsión; más que nada porque necesito la
constancia de la denuncia para solicitar la copia certificada del título. Pero
en realidad necesito el original para sellarlo y apostillarlo ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores, sin eso no puedo hacer nada en el
exterior”, explicó.
“La
persona que me lo robó, y que me ha seguido contactando, amenazándome con
destruir mi título si no le consigo el dinero, debe tener algún contacto en el
registro, porque tiene todos mis datos. Además, sabe el daño que me está
ocasionando y mi necesidad de recuperar el diploma, cosa que me recuerda cada
vez que me llama”, subrayó.
A
la pregunta de si le piensa pagar al extorsionador para recuperar su título,
respondió: “Si tuviera el dinero ya lo habría hecho, aunque me produce mucha
rabia. Pero en realidad no tengo los recursos y al ladrón eso parece no
importarle”.
La
Mafia
Diario
de las Américas contactó a una fuente cercana al registro principal en Caracas,
quien ofreció información bajo el compromiso de que se preservara su identidad,
debido a que “internamente hay mucho miedo. Hay gente del CICPC en comisión de
servicio en el SAREN. Hay abogados del servicio metidos en eso. Los pocos
empleados honestos temen que si explota una noticia como ésta, sean culpados
por ello”.
La
fuente señaló que luego de la implementación de la Ley de Simplificación de
Trámites, “los gestores, que antes cobraban importantes sumas de dinero por
prestarle estos servicios a las personas, y sus contactos internos que
comisionaban, vieron mermados sus ingresos por lo cual las mafias internas
empezaron con esta modalidad”.
Explicó
que hay varias formas de ejecutar el delito, en todos los casos de manera
orquestada entre personal externo e interno. “En general, hay dos maneras de
proceder para el robo de títulos.
Una
es mediante personas que se hacen pasar por gestores y captan afuera, en la
cola, sobre todo a gente que viene de lejos; les ofrecen un “combo de
servicios”, dentro del SAREN, incluyendo la legalización de su título en la
sede central o registro principal. Este supuesto gestor, como es alguien
conocido internamente, se mueve con soltura, saluda a funcionarios y abogados
casi como si fuera un trabajador más… Luego, a la hora de entrega del documento
simula un atraco o simplemente dice que lo asaltaron”, amplió.
“Otra
modalidad es a través del ‘picheo’. La persona hace su cola y sus pasos de
manera regular; luego, cuando el funcionario le revisa la documentación, le
hace la mayor cantidad de preguntas posibles para saber de dónde viene, de qué
se graduó, cuán urgida está la persona por tener el título registrado, si es
para un trámite importante posterior o para irse al exterior. Hace una especie
de perfil para ver si la persona actúa confiada, si anda sola. Por ejemplo, le
pregunta si vino a pie porque en la zona es difícil estacionar… Cosas por el
estilo, a modo de conversación para ganarse su confianza”, apuntó.
“Esto
lo hacen así porque simplemente robarle el título a alguien en la calle no
garantiza poder contactarlo luego para hacer la extorsión. Es necesario pasar
por la mafia interna en el registro para conseguir los datos y así poder llamar
a la persona para pedir dinero a cambio de su título”, aclaró.
Explicó
que “de esta manera, la persona, sin saberlo, de algún modo queda ‘marcada’ y
así, transcurridos los días estimados para que el trámite esté listo, ésta
acude a retirar su título registrado. Una vez afuera de las oficinas del
registro, es atracada y le quitan el título o simplemente se lo arrebatan”.
“La víctima que puede pagar, prefiere
recuperar su documento y no tener más problemas con los delincuentes; teme que
si lo denuncian, como tienen todos sus datos, puedan hacerle daño. Y los
funcionarios que saben que esto sucede pero no están involucrados con la mafia
interna que opera en los registros, prefieren callar para preservar su
seguridad y su trabajo”, finalizó.
Con información
de El Diario de las Américas