Se
llama Herald Crespo y era director de Agroflora, la empresa del Estado que
resultó de la expropiación de la legendaria "Compañía Inglesa", o
Vestey Farms, la ganadera más grande del país. Pero ahora está preso en Apure.
La Fiscalía lo imputó por robo de ganado. Él no niega que vendía reses de la
empresa estatal a precios no regulados (asegura que el ministro Yván Gil lo
sabía), pero afirma que lo hacía para ayudarla a subsistir. Un caso que muestra
las zonas grises y contradicciones generadas por los controles del mercado y
que explican, en buena parte, la actual escasez de la carne.
Prensa.
Armando.info.
FABIOLA ZERPA
Herald Crespo suelta la frase y repara
en la ironía que contiene, luego de sorber refresco de un vaso plástico y
pensar en sus antiguos jefes del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT).
A las dos de la tarde de un caluroso día
de mediados de marzo el hombre, de 35 años, sentado a la sombra de un árbol,
conversa con soltura en el patio trasero de la Comandancia de la Policía del
Estado Apure (en San Fernando, capital de ese estado llanero del suroccidente
de Venezuela). Allí se encuentra detenido desde hace tres meses por comerciar ilegalmente,
según el Ministerio Público, con los rebaños de Agroflora, la empresa ganadera
más grande y longeva del país, expropiada por el Estado en 2011 y ahora
investigada por el Sebin (Servicio bolivariano de inteligencia, cuerpo de
policía política del Estado). El hombre cuenta su caída como directivo de la
Agropecuaria Flora C.A. (conocida en la zona Agroflora o Compañía Inglesa, la
principal persona jurídica entre los activos adquiridos por vía forzosa en 2011
a la centenaria empresa de carnes Vestey Farms), un descenso que explica los
resultados palpables hoy día de la socialización de los medios de producción en
Apure, estado que alguna vez fuera el primero en producción pecuaria: escasez
de carne y altos precios en todo el país, a pesar de las regulaciones.
Crespo se defiende. “No es cierto que
vendí reses ilegalmente. Agroflora nunca presentó ni desfalco ni déficit. Era
una empresa modelo del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT). Aún así, el
Sebin me sacó de la empresa esposado como vil ladrón; más bien deberían hacerme
un monumento por haber demostrado que una empresa del Estado sí puede ser
eficiente”, esgrime sus argumentos.
Junto a seis personas más, el
administrador de 35 años de edad egresado de la Universidad Nacional
Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (Unerg), fue imputado por
peculado doloso contra el Estado y asociación para delinquir. A su antiguo
supervisor, el ex viceministro de Producción Agropecuaria Tomás Rodríguez, y al
tercer director, José David Cordero, los sigue solicitando la justicia por el
mismo caso. La supuesta venta ilegal de reses ocurrió en octubre, un mes
después de cambios clave en la cúpula del despacho del MAT para enfrentar “la guerra económica”, de la
que el Gobierno de Nicolás Maduro dice ser víctima. La coincidencia agravó los
hechos.
En septiembre de 2014, el presidente
Nicolás Maduro destituyó al entonces ministro del MAT, Yván Gil, y nombró a
José Luis Berroterrán. El agrónomo y profesor de la Universidad Central de
Venezuela (UCV), inició de inmediato una
reestructuración del despacho que comenzó con la intervención de la Corporación
Venezolana de Alimentos (CVAL), a la que están adscritas 163 unidades
agropecuarias (entre ellas, los hatos expropiados), 62 agroindustriales y 25 de
mecanización. Así mismo, destituyó a la junta directiva de Agroflora, integrada
por Rodríguez, Crespo y Cordero.
En medio de la designación de una nueva
junta –publicada en Gaceta Oficial el 8 de octubre– Crespo realizó la venta por
la que la Fiscalía le acusa de disminuir los rebaños estatales de Agroflora (en
2011 representaban cerca de 6% del total de cabezas de ganado del país),
comercializar a discreción sin una estructura de costos ni clasificación de
precios de animales y focalizar las ventas a empresas privadas.
Llamadas van y vienen
“Esa tarde del 14 de octubre me entraron
al celular unas 20 llamadas perdidas de Crespo. Yo estaba en un lugar sin
cobertura en el hato Turagua (municipio Muñoz, Apure) y había dado la orden de
que las novillas no salieran”, recuerda Gustavo Araujo, administrador del hato,
quien había trabajado con los ingleses y llevaba casi dos años al mando de
Crespo. “Ese día fue que reventó el problema. A mí esa venta no me parecía”,
recordó sentado en la oficina administrativa de Turagua, uno de los 11 hatos
pertenecientes a Agroflora.
El afán de Crespo –desde Valencia,
capital del estado Carabobo (centronorte de Venezuela) – por hablar con Araujo
se debía a que éste objetaba la venta de 300 novillas para cría que días antes
había concretado con la empresa Agritecni Servicios. “Seis días antes habían
designado la nueva junta y ya él no tenía mando, aunque nos dijo a los
empleados que sí”, recordó Araujo.
Antes de ser procesado, Herald Crespo
era el primero que defendía la expropiación de los 11 hatos de Agroflora.
Video: Youtube/PrensaMAT.
La noticia de la transacción corrió ese
día como pólvora hasta Caracas, donde el recién designado ministro Berroterán
reaccionó con una orden de suspensión inmediata de movilización y venta del
ganado para todos los hatos de la empresa.
Reacio a los cambios, Crespo insistió en
que Araujo despachara el ganado desde Turagua y envió una carta a la oficina
del fundo responsabilizándose por la venta. “Tuve dos razones para hacerlo”,
explica Crespo desde su prisión apureña. “Una, el Tribunal Superior Agrario de
Aragua, responsable de la intervención estatal de Agroflora en 2011, no había
autorizado para el momento a la nueva directiva, como sucedió cuando me
nombraron a mí”. La segunda, la anuencia de los entrantes. “En la primera
reunión que tuve con ellos el 10 de octubre, los nuevos directivos me dijeron
que yo seguía mandando y que continuara con las operaciones. Cuatro días
después me dijeron que estaba robando ganado”, relata.
Lo que ocurrió luego está descrito en
las actas de la causa penal No 1C-19.962-14 del Juzgado Primero de Primera
Instancia en lo Penal de San Fernando de Apure. Seis gandolas –con 50 novillas
cada una– fueron despachadas del hato Turagua hacia el centro del país. La
Guardia Nacional las detuvo (en Camaguán, estado Guárico, y Achaguas, estado
Barinas). La Fiscalía consideró varias irregularidades: la venta se había hecho
a espaldas de la nueva directiva; las guías de movilización no estaban firmadas
por esta; y las facturas indicaban que se vendía ganado de descarte (para
matadero, a 9.000 bolívares cada res, el equivalente a 46 dólares según la tasa
oficial Simadi de referencia) cuando se trataba de novillas para cría (a 20.000
bolívares cada res o 103 dólares por la misma tasa), según informe de perito.
El punto es esencial: el kilo de res
para matadero está regulado, las novillas no. Por esa razón la Fiscalía
identificó un daño al patrimonio del Estado, que habría dejado de percibir 3,3
millones de bolívares (cerca de 17.000 dólares) por la venta. Tres días después
el Sebin aprehendió a Crespo en Valencia. El cargo de asociación para delinquir
está sustentado, según la Fiscalía, en la relación del ex director de Agroflora
con una empresa privada que regentaba el matadero de Quíbor (estado Lara,
centrooccidente de Venezuela), que comercializaba ganado de la estatal sin que
las ganancias fueran traspasadas al Estado.
La suma y la resta
El caso refleja que hay una zona gris de
distorsiones entre lo regulado y lo desregulado en una misma cadena productiva.
Fuentes en Caracas, así como en los estados Apure, Aragua y Carabobo –de fuerte
actividad pecuaria– indican que es allí donde muchos hacen sus ganancias, a
semejanza de los importadores con dólares preferenciales. El esquema: empresas
de relacionados –“enchufados” – a la directiva de Agroflora le compraban ganado
joven (novillas, mautes, mautas y toretes) a la estatal que luego vendían a
precio de mercado a mataderos de particulares en Maracay y Valencia. “Los
directivos pedían dos cheques: uno a nombre de Agroflora con el monto
correspondiente a los kilos de carne a precio publicado en la Gaceta Oficial, y
otro con la diferencia de precio con respecto al precio del mercado”, indicó
una fuente de una compañía agropecuaria. Cuando la noticia se extendió en el
medio, hubo un cambio de estrategia y los negocios se hacían con mataderos
estatales y empresas de maletín.
Crespo lo niega: “La gente dice que yo
tengo millones de dólares. No es así. No estuviera aquí”. También niega los
alegatos de la Fiscalía diciendo que lo que es descarte para Agroflora es
riqueza para otro productor. “Por criterios técnicos, unas novillas que no
engordan lo suficiente en un plazo perentorio, deben ser sacadas al mercado”.
En este punto concuerdan ganaderos consultados. “Como no están reguladas, tú
puedes vender novillas para cría en lo que te dé la gana”, continúa Crespo. “Yo
las vendí a un precio que le generó ganancias a Agroflora, que no fue a precio
del mercado negro (entonces entre 50 y 60 bolívares el kilo) ni regulado (de
8,52 bolívares, según Gaceta Oficial de 2013), sino una media calculada por mí
luego de un análisis de indicadores macro y microeconómicos de las principales
ciudades del país”.
El antiguo Hato El Cedral fue expropiado
en 2008 y transformado en La Empresa Socialista Ganadera Agroecológica Bravos
de Apure. Foto: Fabiola Zerpa.
Ese precio era de 30 bolívares por kilo
para el ganado en pie, apenas la mitad del precio que imperaba en el mercado
libre o negro. “Eso siempre tuvo la anuencia del ministro Gil, que sabía cómo
Tomás Rodríguez y yo determinábamos el precio. Gil sabía que vender a precio de
Gaceta Oficial era quebrar la compañía”. Afirma que Rodríguez siempre se negó a
abogar ante Gil por un alza en el precio oficial, y así sincerar la situación.
Argumentaba que no era pertinente porque podía incidir en la ya alta inflación.
Sin embargo, admitió que sus cálculos admitían discrecionalidad. “Vendí a
muchos militares retirados, que tienen fincas privadas en Barinas y Apure pero
no en las cantidades ni en los precios que me pedían. Yo sí me los clavaba, a
altos precios. Porque ésta es la cuestión: mientras que le vendía a la CVAL y
la gobernación de Apure a bajo precio y perdía, yo compensaba cuando le vendía
caro al privado”.
“¿Cómo le puedes exigir al privado que
venda a precio regulado si la empresa principal del Estado no lo hace? Es
cínico”, admite. Pero explica que, por los volúmenes de producción que colocaba
en los mataderos, la empresa estatal era referencia para fijar el precio
nacional de la carne. “Es una especie de OPEP en materia cárnica”, aventura una
imagen. “Y yo tenía la alta responsabilidad ante la nación de mantener los
precios. Si no, el mercado se disparaba”.
Si cometió algún delito, dice, pudo
haber sido contra los Vestey, la dinastía inglesa que fundó Agroflora en 1913 y
que demandó a Venezuela ante el CIADl (el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias relativas a Inversiones, una institución del Banco Mundial) por la
expropiación de sus 11 hatos. El caso está activo: en febrero las partes
sostuvieron una audiencia en París. “Ellos podrían demandarnos a mí y a Tomás
Rodríguez por desviación de ganancias”, asoma, ya que fueron depositadas en el
Tesoro Nacional. “Lo hicimos con compromiso patrio y plena conciencia de que no
debimos hacerlo, ya que no ha habido expropiación completa. ‘Si nos ganamos un
peo, nos lo ganamos, pero con ese dinero el Estado puede recuperar otras
empresas’, nos dijimos”. Ni Vestey LTD en Londres ni la representación legal de
Agroflora en Valencia respondieron a las solicitudes de entrevista realizadas
para este trabajo. Tampoco lo hizo la oficina actual en el Banco Agrícola de
Yván Gil, ex ministro del MAT y entonces superior de Crespo.
Rescate y robo
“Por esa situación es que estoy yo
aquí”. Rogelio Aponte –sustituto de Crespo en la nueva directiva de Agroflora
designada por el ministro Berroterán– espera impaciente que se consuma una
venta de ganado, sentado en la sede administrativa del hato Turagua, a 200
kilómetros de San Fernando. “La visión es que todo lo que toca el Gobierno se
acaba y la verdad es que ha habido muchos malos administradores en estos hatos
del Gobierno y de Agroflora”. Esgrime un dato: Apure estuvo en primer lugar de
producción, ahora está de quinto.
Un secreto a voces es que los jefes de
las fincas están vendiendo reses para pagar la nómina, todo un despropósito
cuando la razón original de las expropiaciones fue la de mejorar la producción ganadera y garantizar
el consumo de carne a la población.
Las últimas Memorias y Cuentas del MAT
son fotografías parciales porque dejan por fuera la situación de más diez
hatos, sólo en Apure. Aún así, reflejan el declive: el hato Marisela (antiguo
El Frío) produjo en 2012 66% menos, en volumen de carne, que en 2011; Bravos de
Apure (antiguo El Cedral), sólo produjo 37% de lo pautado para 2012, mientras
que en 2014 logró 26% de lo planificado; el hato Santos Luzardo sí cumplió la
meta de kilos de carne en pie (1,5 millón), pero en materia de reproducción no
logró los objetivos. Otros hatos han reducido sus rebaños, como El Porvenir
(18.000 animales en 2011, 9.000 en 2013), y El Frío-Marisela (de 22.000 a 2.000),
según personas relacionadas con sus antiguos dueños.
Aponte tiene explicaciones para la
escasez de la carne y los altos precios. “El abigeato es una de las razones.
Ocurre todas las noches. Aquí en Agroflora se ha llegado al extremo de ver
robos de rebaños por arreo por parte de personas con fusiles”. Explica que el destino es la vecina Colombia,
donde pagan el kilo del ganado vivo en 200 bolívares, casi cuatro veces más que
el precio regulado y el doble del precio del mercado negro en el país. También
se queja de la práctica de los hatos del gobierno de “regalar” ganado a los
poblados vecinos y, en especial, a la Guardia Nacional, que es la que más pide.
“Eso se tiene que acabar porque ¡los reales no se ven!”.
La disparidad de precios también complica
y confunde la situación: es la zona gris donde Crespo hizo sus cálculos. “Tengo
dos meses en el cargo y tengo tres documentos oficiales para vender la carne:
la Gaceta Oficial; las resoluciones de la Superintendencia para la Defensa de
los Derechos Socioeconómicos de Precios Justos (Sundee); y los acuerdos entre
las asociaciones de ganaderos y el MAT, el último del 20 de febrero de 2015 .
Ninguno se respeta”.
Aponte concede que ninguna actividad
económica se hace para perder, pero critica a los ganaderos privados –que
presionan al gobierno para un alza de los precios– por incluir costos no
necesarios para elevar la estructura de precios de la carne, como el alambre
para cercar. La cadena de
comercialización también encarece el producto, dice. Coloca su fe en que los
precios bajarán una vez que se inaugure el Matadero Industrial de San Francisco
(municipio Muñoz de Apure), con capacidad para procesar 500 reses al día y que
lleva tres años en construcción.
Por ahora Aponte tiene dos mandatos
directos del interventor de la CVAL, José Leonardo Patiño. Uno es concentrar
las ventas en el pequeño productor; el segundo es no facturar a particulares.
“La CVAL fue creada para aportar a la seguridad y soberanía agroalimentaria”,
indicó una nota del MAT en enero, cuando se realizó la discusión del Plan de
Abastecimiento de Productos Cárnicos para combatir la “guerra económica
dirigida por la derecha venezolana”. El plan no es más que acuerdos de
producción, procesamiento y comercialización de los alimentos a cargo de la
institución.
Mafia conocida
Trabajadores de las agropecuarias y
diputados locales han apuntado sin temor a una supuesta “mafia de la carne”,
según la prensa local. En 2010 trabajadores del hato Marisela (El Frío),
denunciaron al entonces administrador Aníbal Espejo, por supuesto tráfico de
ganado ante la prensa. Espejo es diputado suplente ante la Asamblea Nacional
por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y fue uno de
los procesados –y sobreseídos– por los hechos violentos de Puente Llaguno el 11
de abril de 2002, durante el Golpe de Estado que desalojó al presidente Chávez
del poder por 47 horas. También el diputado nacional (Apure) Orlando Zambrano
ha acusado a Juan Carlos Rodríguez Torres (hijo del alcalde de Guasdualito-Alto
Apure, Jorge Rodríguez Galvis, y hermano del ex ministro del Interior, Miguel
Rodríguez Torres), de estar vinculado al abigeato. El Frente Zamorano y el
Movimiento Campesino Bolívar-Maisanta, que han protagonizado invasiones a los
hatos, han lanzado acusaciones similares.
Voces que prefieren no identificarse
–veterinarios, ganaderos, políticos locales– nombran a ex funcionarios de las
gobernaciones de Apure y Barinas, ex funcionarios del MAT y militares retirados
como integrantes de ese círculo.
Los últimos cambios emprendidos desde
Caracas por el ministro Berroterán contra la ineficiencia del sector,
apuntarían a acabar con la supuesta corrupción en los hatos, lo que ha
reactivado una batalla por el control político de los mismos. El principal
escenario ahora es la Corporación Ganadera Bravos de Apure S.A., una entidad
del MAT creada en julio de 2014 y con sede en Mantecal (capital del municipio
Muñoz), cuyo objeto es lograr la “eficiencia del sector ganadero”. Su junta –de
la que Crespo era miembro– fue destituida y renovada en diciembre.
La avidez radica en que la corporación
centralizará a los 19 hatos expropiados en el estado y será el centro del Plan
Cárnico nacional, proyecto que intentará levantar la producción. Su presidente
es Tulio Aguilera, anteriormente administrador del hato Bravos de Apure, a
quien nombran como “el rey del ganado”. Varios grupos asoman la cabeza para
tener vara alta allí: la gobernación, la alcaldía del Alto Apure, el Instituto
Nacional de Tierras y el Frente Campesino Zamorano. Las ganancias serán
dirigidas al Fondo de Eficiencia Socialista. Una de sus cláusulas trata sobre
la “aplicación de los principios socialistas”, y establece que el “fin esencial
de la producción” es la “justa satisfacción de las necesidades de todo el
pueblo venezolano”.
¡Hagan la cola que llegó la carne!
Mientras los cambios bullen en Mantecal
y el Sebin continúa investigando, en San Fernando no hay carne a precio
regulado. El mercado municipal –donde hace unos años se vendían 600 reses a la
semana en 75 puestos– es una réplica de la situación en Caracas: estantes
vacíos. A lo sumo, carne de tercera (vísceras, asadera, bofe) que nadie compra.
Una resolución emitida por la alcaldía
en marzo reciente abarató los precios aún más que el resto del país –el kilo de
carne de primera a 185 bolívares (o 95 céntimos de dólar), mientras que en el
resto del país estaba regulada a 220. Pero muy pocas personas llegan a comprar
a este o cualquier otro precio por los canales regulares: el despacho de reses
ha disminuido drásticamente y las filas para comprar son de hasta tres horas.
“¡Hagan la cola que viene la carne!”, grita un hombre. ¿Viene la carne? “No sé,
eso dicen”, comenta un visitante en medio del agolpamiento de gente. “Hay carne
cuando la alcaldía quiere enviar. Uno hace la cola y se acaba rapidito”, dice
otro comprador.
Nelson García, carnicero del mercado
municipal, dice que antes le ganaba 60% a la carne que compraba en el matadero.
“Ahora no más de 40%”. Una vaca sacrificada y colocada en canal llega a pesar
180 kilos, por la cual se pagan 20.000 bolívares (103 dólares). Luego está el
costo del traslado, explica. “Si compro diez vacas a un productor en el
interior, debo sumarle 6.000 bolívares en peajes: la guía de inutilidad porcada
animal, las copias de los permisos sanitarios del INSAI, y la propina a la
Guardia Nacional”.
Desde octubre una cooperativa ligada a
la alcaldía intermedia la compra y venta en el matadero municipal de San
Fernando, a precio regulado, y desplazó la venta a libre mercado. Los
carniceros y productores de ganado se quejan de que ahora pierden dinero porque
cuando van al matadero a sacrificar reses, la cooperativa paga la mitad de los
animales a precio oficial y el resto a precio de mercado, una práctica similar
a la que hacía Crespo. “Eso es discrecional e ilegal”, dice García.
Los ganaderos privados presionan por la
alineación de los precios oficiales con la realidad del mercado. En Caracas, el
Consejo Venezolano de la Carne (Covecar) y Fedenaga indican que, entre 2007 y
2015, los acuerdos con el MAT y el Ministerio de Alimentación siempre fueron
tardíos e insuficientes. En enero se instalaron mesas técnicas para definir
nuevos precios con el MAT, que no arrojaron resultados. El gobierno terminó
haciendo unos ajustes que no recogían las sugerencias de los particulares y un
crédito adicional por 2,45 millardos de bolívares para importar 50.000 en los
próximos 5 meses.
“Lo que está pasando hoy es consecuencia
de lo que sucedió hace 4 años atrás, cuando el ministro Juan Carlos Loyo estuvo
imprimiendo terrorismo agrario con una pistola en su guerra contra el
latifundio”, dice Carlos Rodríguez, directivo Convecar. “Tomará al menos cuatro
años más revertir la tendencia a la escasez de carne”, dice Otto Gómez,
presidente de la institución. Además de las expropiaciones y el rezago de los
precios, la creciente inflación generó desinversión en las empresas privadas
que quedaron en pie. El resultado es una baja productividad. En la actualidad,
Venezuela ya no es autosuficiente, como llegó a serlo en los años 90. Menos de
la mitad del consumo nacional (45%) queda cubierto con la producción local. El
resto es importación. Pero esa es una historia paralela.
FUENTE:
http://www.armando.info/sitio/index.php?id=17&tx_ttnews%5Btt_news%5D=138&cHash=2b9f7bb587a1b5f37f26b00642c75a14
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