Este balance fue elaborado por
Mariengracia Chirinos, coordinadora del Estudio 2014: Censura y autocensura en
medios y periodistas de Venezuela. Los análisis corresponden a un trabajo en
conjunto del equipo interdisciplinario que participó en esta investigación.
Los síntomas de la censura y autocensura
en periodistas y trabajadores de medios privados, estatales, comunitarios, e
independientes comienzan a sentirse con mayor regularidad en Venezuela. Aunque
son diversos matices los que se delinean, ubican en un primer eslabón a la
censura como fenómeno social que se expresa mediante órdenes y presiones
directas e indirectas. Esta irregularidad, evidentemente, afecta la
independencia, la pluralidad, la diversidad y la calidad informativa.
Estas coacciones -que tienden a volverse
naturales- comprenden diversos emisarios de poder en el sector estatal, privado
e independiente. Su recurrencia debe significar un primer llamado de atención
que necesita respuestas, no sólo para preservar las libertades periodísticas,
sino para garantizar los principios básicos de la democracia. Son elementos que
deben llamar a la reflexión ante un panorama de país en el que la actuación de
grupos económicos, políticos y sociales son característicos de una sociedad en
la que prevalece la opacidad y otras desviaciones que han debilitado la
independencia y la autonomía de sus instituciones.
Resulta preocupante que, luego de hacer
una revisión integral del ejercicio del periodismo en Venezuela, surjan
evidencias que afiancen la percepción de que los periodistas y trabajadores de
los medios de comunicación sean parte de los conflictos sociopolíticos de
Venezuela, aún por encima de las dificultades económicas, sociales y culturales.
De alguna manera, estas perspectivas se demuestran con señalamientos constantes
de diversos grupos de poder estatal y privados orientados a criminalizar y
desprestigiar con un verbo hostil la importancia que tiene el periodismo -como ejercicio de denuncia, información y
contraloría social- para la sociedad democrática.
Estos son los rasgos generales que se
desprenden del Estudio 2014: Censura y Autocensura en periodistas y medios de
comunicación de Venezuela, que desarrolló el Instituto Prensa y Sociedad de
Venezuela (IPYS Venezuela). La investigación abarcó las percepciones de 225
periodistas que laboran en medios privados (89%), comunitarios (5%), estatales
(3%), e independiente (3%), ubicados en los 13 principales estados de
Venezuela: Anzoátegui, Aragua, Área Metropolitana de Caracas, Barinas, Bolívar,
Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Monagas, Portuguesa, Táchira y Zulia.
Se trata de una investigación que se
afianza en la confidencialidad de la identidad de los consultados, un estudio
de carácter cuantitativo con una muestra seleccionada de manera aleatoria, cuyo
proceso de recolección de datos se ejecutó mediante un cuestionario digital,
aplicado entre el 1 de agosto al 5 de septiembre de 2014.
CENSURA
El Estudio 2014: Censura y Autocensura
en periodistas y medios de Venezuela revela que en el país son frecuentes las
órdenes expresas por parte de los poderes estatales, sin embargo éste no es el
único actor que intenta prohibir o silenciar a los periodistas. También, se
ejercen presiones de parte de los propios medios de comunicación —entendidos
como industrias— y de grupos económicos privados, políticos y de delincuencia
organizada, entre otros.
Los resultados obtenidos en esta
investigación indican que la mayor parte de las órdenes directas de censura son
emitidas por las instituciones del Estado. Los encuestados perciben en el poder
ejecutivo -del que dependen los gobiernos nacional, regional y local- una
actuación directa en materia de censura (34%). Luego, señalan de censores al
poder judicial (17%), al poder legislativo (14%), al poder moral (7%), y al poder electoral (6%).
Estas mismas evidencias se desprenden de
poderes no estatales. Los consultados perciben órdenes directas de censura por
parte de grupos económicos privados (16%); de grupos políticos (8%); de grupos
de delincuencia organizada (6%); de agrupaciones sociales independientes (3%);
y de las organizaciones de la sociedad civil (1%).
Presiones indirectas
Además de los mandatos expresos que
afectan la labor de periodistas y medios de comunicación, se reportan otras
acciones indirectas que, igualmente, tienen intenciones de censura. Las
percepciones de los periodistas consultados reflejan que se han ejercido
presiones oficiales para modificar un producto informativo en el que ellos han
estado trabajando (42%); han ocurrido impedimentos en la emisión informativa
(15%); se han recogido ediciones -generalmente en medios impresos- (6%), y se
ha llegado a cerrar medios en los que laboraban algunas de las personas
consultadas (2%).
A parte de las órdenes de censura que
son promovidas por actores externos, las tendencias del estudio infieren que el
medio de comunicación, entendido como empresa, también se comporta como censor.
Así se evidencia cuando 29% de los encuestados considera que se han inhibido de
desarrollar un contenido periodístico porque de todas maneras la empresa
comunicacional para la que laboran no lo iba a difundir.
Este factor de desestímulo ante la
inminente censura —que incluso hace a los periodistas declinar en una
información de interés público— predomina por encima de la posibilidad de
exponer su integridad física, del temor de afectar a un tercero por cualquier
incidente que se pueda producir a partir de una publicación, o de las amenazas
que constituyen las normativas que regulan el ejercicio periodístico y los
medios de comunicación social en el país.Los periodistas de medios privados,
estatales y comunitarios e independientes, que participaron en el estudio,
indican que 43% de ellos ha recibido lineamientos -internos y externos- que
prohíben la cobertura de algunos asuntos públicos sobre temas concretos (y que
sí se pueden abordar desde otras perspectivas para ajustarse a la línea
editorial del medio).
En la consulta los periodistas
refirieren haber recibido órdenes expresas de cambiar la redacción (39%). Esto
implica un cambio en el lenguaje empleado, regularmente para modificar
connotaciones que pueden causar molestias o generar otras repercusiones. Más
allá de respetar los estándares lingüísticos y éticos, estas imposiciones
pueden representar cambios de significaciones, que podrían llegar a suavizar o
modificar conceptos que son compartidos por la sociedad, con la finalidad de no
incomodar a las fuerzas de poder.
A 35% de los consultados -en la
investigación sobre censura y autocensura que realizó IPYS Venezuela- se le ha
prohibido expresamente cubrir y/o publicar una información sobre un hecho
noticioso, y también se les ha negado la posibilidad de cubrir un tema en
particular. A 34% se le ha dicho que no puede nombrar a una fuente determinada
en una información que vaya a ser publicada. Por las presiones que se han
ejercido sobre la cobertura periodística, 17% de los participantes manifiesta
que, luego de incidentes de este tipo, fueron cambiados de fuente de
información.
Las fuentes en riesgo
Este panorama permite inferir que las
intenciones de censura tienden a naturalizarse al punto que se han manifestado
por otras presiones indirectas, como el hecho de conminar a los periodistas a
revelar sus fuentes de información. Esto, de alguna manera, sucede ante temas
que son sensibles para la colectividad y que distintos actores de poder
prefieren mantener ocultos. La finalidad de estas acciones coercitivas es hacer
creer que el periodista podría incurrir en un delito por ejercer la libertad de
informar, aun cuando esta concepción no tenga ningún fundamento y vaya en
contra de los estándares internacionales de protección de la libertad de
expresión.
Los datos obtenidos por IPYS Venezuela
demuestran que las medidas de presión para revelar las fuentes periodísticas
han sido tomadas por distintos actores estatales y no estatales, entre los que
están los Cuerpos de seguridad del Estado (12%), el partido político oficial
(10%) y los ministerios (8%), principalmente.
En esta categoría aparecen, de igual
manera, las empresas de los medios de comunicación (8%). Además, esta práctica
es repetida como manera de coerción por las alcaldías (7%), las gobernaciones y
dependencias (5%), las organizaciones sindicales (5%), y los grupos de periodistas y/o trabajadores de
medios (4%), de acuerdo a la información que aportaron los periodistas en el
estudio.
Estas presiones se insertan en una
coyuntura en la que, cada vez más, se toma con normalidad las amenazas y las
acciones de hostigamiento en contra de los trabajadores de medios privados,
estatales, comunitarios e independientes.
Órdenes de rectificación
Estas acciones con intencionalidad de
censura han socavado algunas prácticas periodísticas básicas. Se han reportado
acciones destinadas a modificar la información levantada por los periodistas,
que no tienen que ver con los procesos de confirmación y verificación de la
información. Así, 44% indica que, por imposiciones que provienen de organismos
gubernamentales, en su medio se “rectifican” informaciones que han sido
debidamente verificadas.
Aun cuando la información periodística
haya sido corroborada y se corresponda con los hechos y con la realidad, las
órdenes de rectificación emitidas por factores de poder se comportan como un
mecanismo de coacción.
Junto a estas imposiciones es necesario
analizar que en el repertorio de incidentes que han afectado la actividad
mediática, destaca otro factor que podría estar privilegiando las visiones
oficiales ante los principios periodísticos fundamentales. Precisamente, esto
tiene que ver con el hecho de que 16% de los encuestados afirma tener
conocimiento de que los medios para los que trabajan han recibido
notificaciones para obligarlos a publicar boletines, notas de prensa u otras informaciones
emitidas por organismos oficiales. Estas órdenes, evidentemente, afectan las
libertades informativas, vulnerando las garantías que deben tener periodistas y
editores para realizar un proceso de jerarquización y valoración noticiosa.
Esta situación debe verse en perspectiva
con los obstáculos en la labor periodística, debido a que 38% de los
consultados atribuyó limitaciones por amenazasdel gobierno nacional y 37%
refirió amenazas de los accionistas de medios.
Declinan por presiones
Las tendencias del estudio de censura y
autocensura, además, reflejan las acciones de disentimiento del medio y de los
periodistas, luego de acciones de hostigamiento que ejercen diversos grupos con
esas finalidades. Por lo menos, 26% indica que ha declinado en el seguimiento
periodístico por presiones de autoridades gubernamentales; 19% por
simpatizantes político partidistas del oficialismo; 9% por manifestantes
violentos; 9% actores económicos y empresariales privados; 6% por grupos
paraoficiales; y 6% líderes de movimientos políticos de oposición.
De acuerdo a la información que obtuvo
IPYS Venezuela en su proceso de indagación, estas coerciones han tomado también
los espacios dentro de los propios medios, pues los representantes de éstos
giran instrucciones que limitan la cobertura o difusión de los temas de interés
público que, según la percepción de los periodistas, se refleja de la siguiente
manera: 40% por conflictos con autoridades del gobierno; 36% por situaciones
que expongan al medio o al periodista al riesgo de ser demandado; 30% por
intereses o puntos de vista de los anunciantes; 29% por actos violentos; 28%
por conflictos con grupos de manifestantes violentos; 26% por intereses de una
fuente que se quiere proteger; 20% por escasez de alimentos e insumos; y 20%
por asuntos de seguridad nacional.
A pesar de estas presiones, la
información que aportó la muestra de personas de esta investigación refleja que
los periodistas permanecen firmes y defienden su rol. Aseguran que se han
negado a obedecer órdenes de alguna autoridad del Estado que les haya conminado
a revelar las fuentes utilizadas (91%). En un porcentaje mínimo (3%) sí han
acatado este tipo de órdenes. Al analizar esta misma situación con actores no
estatales, 94% afirma no haber cumplido este mandato por parte de un factor de
poder privado o independiente, mientras que 1% asevera que sí lo ha hecho.
Los resultados estadísticos -del estudio
que realizó IPYS Venezuela- reflejan que la censura ha cooptado los diversos
espacios para el ejercicio de la labor informativa en Venezuela, en el sector
privado, estatal, independiente y comunitario. Esta situación, además, da
cuenta de una articulación entre las diversas fuerzas de poder que,
evidentemente, erosionan las libertades informativas y de expresión.
AUTOCENSURA
Estas presiones y las medidas
coercitivas influyen, de manera determinante, tanto en la labor periodística
como en las posibilidades de acceso a la información pública. Es una práctica
que no discrimina actores estatales, no estatales, y los propios medios de
comunicación.
Un panorama tal conduce al
establecimiento de un escenario propicio para la autocensura, en el que los
periodistas y trabajadores de los medios ceden ante órdenes e intimidaciones.
Ante estas adversidades, las negativas para informar predominan en las
decisiones personales de los periodistas al momento de informar.
En una sociedad democrática el fenómeno
de la autocensura debe significar un síntoma que hay que atender, debido a que
es un indicador de excesivos controles y permanentes órdenes de silencio. Es,
pues, el nivel más avanzado en el que opera la censura. Un rango en el que no
se percibe el miedo ni las voluntades para no informar, porque las decisiones
para declinar en las funciones informativas se toman como la decisión más
lógica y natural. La inhibición se vuelve costumbre, y con ella se va
desdibujando el rol del periodista como voz de la denuncia y actor que escruta,
por naturaleza, al poder.
La autocensura se debe entender, además,
como una dificultad compleja en la que intervienen las presiones del contexto,
las condiciones en las que se realiza la labor en los medios de comunicación,
las reivindicaciones laborales, la formación en el oficio pero, sobre todo, la
construcción del criterio periodístico y los estándares de calidad que se
tienen como norte. Aunque con niveles sutiles, estos rasgos se perciben en la
realidad del ejercicio del periodismo en Venezuela. Así se evidencia la
decisión de los periodistas consultados en esta investigación, de no difundir
una información ya confirmada, precisamente por razones de falta de calidad,
espacio o jerarquía.
Quienes participaron en este análisis
refieren que se autocensuran por el interés de proteger a una fuente (24%).
También lo hacen por posibles situaciones que puedan exponer al medio o al
periodista a ser demandado (24%). En algunas ocasiones, toman esta la decisión
por conflictos con autoridades de gobierno (19%), por conflictos con
manifestantes violentos (17%), o por actos violentos o relacionados con la
seguridad ciudadana (16%).
De acuerdo a las opiniones recogidas,
han sido motivo de autocensura diversas situaciones internas y externas. 29%
dice que por voluntad personal ha decidido no publicar una información de
interés público, ya que de todas maneras el medio no iba a difundirla; 28%
afirma que lo ha hecho para no exponerse
a amenazas contra la seguridad o integridad personal; y 26% ha optado por esta
conducta ante la preocupación de la posible aprobación de nuevas leyes.
RIESGOS DE LA LABOR PERIODÍSTICA
Los datos obtenidos en esta
investigación revelan que los periodistas y trabajadores de medios privados,
estatales, independientes y comunitarios refieren que existen factores externos
e internos que afectan su labor informativa.
Cierre de fuentes de información
A nivel externo, la opacidad informativa
aparece como la principal preocupación. Esto da cuenta de una sociedad poco
transparente, que dificulta sus posibilidades de contraloría y escrutinio del
poder como un ejercicio saludable en cualquier democracia. 72% coincide en que
el cierre de las fuentes de información en entes estatales es uno de los
principales obstáculos. Mientras que 31% del total de entrevistados refiere la
misma situación en sectores privados.
Agresiones de calle
Los periodistas y trabajadores de medios
consideran un riesgo de la labor periodística, las agresiones de calle
ejercidas por parte de grupos de estudiantes, vecinos, colectivos comunitarios,
manifestaciones y/o grupos armados (54%). Además, perciben como una limitación
las instrucciones de sus supervisores u otros jefes indirectos de la
organización donde trabajan (41%).
Con respecto a los ataques a la
integridad física de los periodistas, se refieren amenazas verbales o escritas,
que se ubican en el primer lugar con el 54%. Siguen las acciones de
intimidación física o verbal (47%), las agresiones por parte de manifestantes
(26%) y las agresiones físicas por parte de los ciudadanos (19%). También
reportan agresiones físicas por parte de autoridades públicas (13%).
Entre tanto, el estudio muestra los
incidentes con los equipos de trabajo de los equipos reporteriles. A 12% de los
periodistas encuestados les han dañado sus herramientas de reporterismo;
11% ha sido víctima de robos y 9%
denuncia que los Cuerpos de Seguridad del Estado les han confiscado equipos y
materiales de trabajo.
Estos incidentes afectan el desarrollo
del trabajo periodístico y ponen en evidencia los riesgos a la integridad
física y a la seguridad de los periodistas. Más allá de la vulnerabilidad que
enfrentan los trabajadores de medios, los más afectados son los ciudadanos a
quienes, de manera indirecta, se les limita su derecho a estar informados de
manera libre, plural y oportuna.
Restricciones en contenidos de internet
El estudio de IPYS Venezuela indica algunos
riesgos de la labor informativa en las plataformas digitales. 10% denuncia que
ha sido víctima de intervenciones ilegales de sus cuentas de correo electrónico
y de redes sociales.
Se ha afectado la posibilidad de buscar,
recibir y difundir información -sin ningún tipo de restricciones- a través de
Internet. Del total de consultados, 29% refiriere que se le ha restringido el
acceso a contenidos en plataformas digitales, y 26% asegura que ha tenido
limitaciones para el acceso a internet.
Entre 2013 y 2014, IPYS Venezuela ha
registrado casos en relación a estos tres patrones. De enero a septiembre de
2014, esta organización reportó, al menos, 10 casos de violaciones a la
libertad de expresión en Internet, mientras que en 2013 se contabilizaron 34
incidentes de este tipo, que comprendieron: bloqueo de páginas web con
contenido informativo; suspensión del servicio nacional de internet;
intervención ilegal de cuentas personales e institucionales de redes sociales;
intervención ilegal de comunicaciones personales; acciones judiciales e
investigaciones policiales por expresión; hostigamiento y amenazas por redes
sociales.
Desde noviembre de 2013, por orden del
gobierno nacional, fueron bloqueados 523 portales digitales por difundir
información de interés público, y que el gobierno, de manera discrecional
calificó como hecho ilícito, irrespetando los estándares nacionales e
internacionales de libertad informativa.
A partir de una lista que se difundió
por las redes, IPYS Venezuela realizó un seguimiento del estatus de estos
portales desde la conexión de los servicios de Internet en Venezuela, y
determinó que para mayo de este año aún continuaban sin poder operar en el país
464 de ellos.
Criterio periodístico
En la investigación de Censura y
Autocensura de IPYS Venezuela aparecen situaciones internas que se vinculan con
las condiciones laborales y la preparación periodística. Éstas ocupan el
segundo y cuarto lugar -respectivamente- de los obstáculos que afectan las
libertades informativas, por encima de situaciones sociopolíticas del país. 61%
de los entrevistados atribuye parte de los obstáculos a su labor al bajo nivel
de los salarios que perciben en los medios de comunicación. Inferimos que los
consultados no están conformes con sus remuneraciones económicas laborales, por
sus cargas de trabajo y las condiciones de país.
En este mismo aspecto, aparece la
deficiente formación de los periodistas, en lo que coincide 44% de los
consultados. De acuerdo a la interpretación de IPYS Venezuela, de alguna manera
esto demuestra que existe una necesidad en materia de formación profesional que
derive en buenas prácticas para consolidar el ejercicio del oficio y los
criterios periodísticos, con unos estándares de calidad que se ajusten a los
retos que exige la sociedad.
En medio de dificultades
Estos últimos aspectos -desde el
análisis que realiza IPYS Venezuela- muestran un escenario de vulnerabilidad en
el ejercicio periodístico, en una industria que por diversos aspectos se
encuentra actualmente ante agudas dificultades económicas, políticas y
sociales. Esta situación está latente en Venezuela, pero también es un factor
predominante en diversos países.
En el caso venezolano, la industria de
medios de comunicación (privados, estatales, independientes y comunitarios)
enfrenta obstáculos derivados de las políticas de control cambiario, limitaciones
jurídicas y administrativas que se han aprobado por vías directas e indirectas,
entre otros aspectos. A ello se suman las constantes descalificaciones,
principalmente de parte de sectores estatales, quienes insisten en un verbo
agresivo y en la criminalización contra los medios de comunicación que
mantienen una línea diferente a las políticas y a las prácticas
gubernamentales.
Quienes participan en el estudio afirman
que los medios presentan dificultades para obtener divisas (46%). Dicen tener
conocimiento de exhortaciones desde el poder oficial para evitar la publicación
de determinada información (36%), así como dificultades para recibir
habilitaciones del Estado para informar sobre asuntos de interés público (28%).
Además, perciben que han existido órdenes de veto o retiro de la publicidad
oficial por parte de los organismos del Estado (33%).
Surge como preocupación entre los
periodistas el cambio de la propiedad y gestión de los medios de comunicación.
Esta situación fue denunciada por 20% de las personas que participaron en el
estudio.
Las fuerzas del contexto
Esta situación debe ser analizada bajo
las perspectivas del contexto de país, pues en los últimos años el gobierno
central ha dedicado importantes esfuerzos económicos y sociopolíticos a la
consolidación de un modelo de comunicación centralizado y dirigido desde el
Estado. En esta estructura se hace invisible la crítica y desaparece la
transparencia, fundamentos imperativos para el desarrollo de la democracia.
Como parte de los riesgos del contexto
para el ejercicio de las libertades informativas, del mismo modo se visualizan
algunas normativas e instrumentos jurídicos que afectan la libertad de
expresión y el derecho a la información. Así, 40% de los consultados ve con
preocupación las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Social en radio,
televisión y medios electrónicos (Resorteme), por los controles que ejerce
sobre los medios radioeléctricos.
En menores niveles, refirieren los
contenidos del Código Penal, la creación de Centro Estratégico para la
Seguridad y la Protección de la Patria (Cesppa), así como la constitución de
los Estados mayor de Comunicaciones en diversas regiones, cuyas instancias
tienen competencias de investigación e inteligencia sobre el oficio periodístico.
Hay la conciencia entre los periodistas
consultados de que deben existir procesos de autoregulación por parte de los
medios y del propio gremio (87%). Esta
afirmación se afianza en la idea de que se establezcan las mínimas condiciones
para el manejo de informaciones que pueden ser sensibles, tanto para los
periodistas como para las empresas de los medios de comunicación y la
ciudadanía en general.
En el estudio destacan algunos temas
como prioritarios para este proceso de autorregulación: moral pública,
protección de la infancia, protección de fuentes, riesgos de acciones legales
contra periodistas y medios de comunicación, seguridad nacional, violencia y
criminalidad, entre otros.
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Como lo demuestran los análisis, las limitaciones
y presiones que imponen actores estatales y no estatales son una forma de
censura. La opacidad y la poca transparencia en las fuerzas de poder, dejan en
evidencia el carácter poco saludable –en términos democráticos- de esta
sociedad, en la que constantemente se niega a los ciudadanos, principalmente,
el derecho a saber sobre asuntos de interés público.
Esta situación dificulta las
posibilidades de escrutar los diversos sectores de la sociedad, como un
ejercicio natural de contraloría y participación social. Por ello, podemos
decir que a mayor opacidad, mayores son los riesgos y las desviaciones de la
sociedad, por complicidad y corrupción.
La opacidad de la información de interés
público es un mecanismo de censura, porque el interés de mantener ocultos los
datos que debería conocer la colectividad, se vuelve orden y se
institucionaliza, al punto que se torna natural.
Ésta es una práctica constante en
instituciones estatales, que niegan información, según la opinión del 79% de
los consultados. Esto quiere decir que, a 178 de los 225 periodistas y
trabajadores de medios que participaron en el estudio, se les ha impedido el
acceso a la información pública por parte del Estado. Esta misma situación
persiste en instituciones privadas, de acuerdo a las indicaciones de 32% de las
opiniones recorridas, y 11% determina la misma actuación en instituciones
independientes.
Estos datos, además, se corresponden con
la percepción que tienen los encuestados, quienes consideran el cierre de las
fuentes de información pública como el principal obstáculos que enfrenta,
actualmente, la labor periodística.
Limitaciones estatales
Desde el Estado, la negación de información
pública se da, frecuentemente, en los ministerios y sus dependencias (59%); la
Presidencia de la República (48%); los cuerpos de seguridad del Estado (47%).
Estos tres actores, que aparecen en los más elevados índices de opacidad,
justamente, dependen del poder ejecutivo. Es esta fuerza estatal y de gobierno
que, precisamente, es señalada por los consultados como la que ejerce las
mayores presiones y órdenes de censura. Entre tanto, en promedio, 36% de estas
dependencias señala limitaciones con una frecuencia mediana y baja, mientras
23% indica que nunca ha encontrado impedimentos para acceder a la información
pública, bien sea porque no ha realizado solicitudes o porque no se les ha
negado este derecho.
Se refieren recurrentes limitaciones de
acceso a la información de interés público en los órganos del poder judicial,
es decir, tribunales locales y nacionales, los cuales acumulan 41%. El Tribunal
Supremo de Justicia aparece como una institución que muy frecuentemente no
ofrece información, en 34% de las opiniones que emitieron los que participaron
en este estudio. En promedio, 29% indica haber tenido pocos y regulares
obstáculos, y 31% refiere que nunca había tenido restricciones por parte de
estos actores.
Con una alta frecuencia, también aparecen
la Fiscalía de la República (38%), las instituciones de salud pública (35%), la
Contraloría General de la República (32%), las gobernaciones y sus dependencias
(32%), y la Asamblea Nacional (32%). Mientras que, con una frecuencia de
limitaciones por debajo de 12%, los menores obstáculos se encuentran en las
instituciones de educación universitaria, básica y diversificada, así como en
las instancias del poder legislativo y ejecutivo regional, según la percepción
de los consultados. Estos tres últimos actores, además, en promedio, nunca
fueron consultados por el 38% de la muestra que se seleccionó para esta
investigación.
Otro de los mecanismos que utilizan los
actores estatales para limitar el acceso a la información pública son las
negaciones de las credenciales, en algunas circunstancias que son necesarias
para la cobertura de asuntos públicos. 37% de los encuestados afirma que se le
ha presentado esta situación. Mientras que 28% tiene conocimiento de que el
medio para el que labora también ha tenido dificultades para obtener las
acreditaciones oficiales que le permitan difundir información de interés
colectivo.
Limitaciones no estatales
Los periodistas y los trabajadores de
medios, frecuentemente, encuentran impedimentos para acceder a información de
interés público que dominan los grupos con preponderante poder económico, como
lo son los proveedores privados de la industria petrolera e industrias básicas
(28%), así como los bancos y otras instituciones financieras (24%).
Tanto las contratistas petroleras como
las de las industrias básicas tienen importante cercanía con el poder estatal
por la naturaleza de sus negociaciones. Mientras que la banca es eje
fundamental en la economía del país, y de ella dependen negociaciones y
transacciones de actores privados, independientes y estatales. Sacando un
promedio de estos actores, 26% de los consultados aseveró que nunca había
estado en esta situación.
Entre los actores no estatales, también
aparecen con una alta frecuencia, en las limitaciones de acceso a la
información pública, grupos paraestatales o paramilitares (27%), organizaciones
de delincuencia organizada -relacionados a la criminalidad y la violencia-
(27%), así como en grupos de
manifestantes violentos (23%).
En cuanto al sector privado, aparecen
con sucesivas obstrucciones a la información empresas de la industria de los
sectores automotriz (19%), farmacia (15%), alimentos (11%), así como también
empresas relacionadas con aduana e importación (18%).
Los menores obstáculos se encuentran en
organizaciones religiosas, partidos políticos independientes, organizaciones
sindicales, grupos de periodistas, organizaciones de vecinos, de la sociedad
civil y gremiales.
Aunque estos actores corresponden a
sectores privados e independientes, igualmente manejan información de interés
para la toma de decisiones de los ciudadanos. Razón por la cual están en la
obligación de respetar y cumplir con el derecho a saber, a difundir la
información que tiene repercusión para el colectivo.
Mutaciones de la opacidad
A este panorama de opacidad hay que
sumar otros incidentes que complejizan la situación, justifican las
obstrucciones y revierten estas medidas mediante presiones que pueden derivar
en censura. Este es el caso de las acciones que toman diversos actores con la
finalidad de que los periodistas revelen sus fuentes de información,
criminalizando la actividad informativa y contribuyendo a consolidar el mito de
que informar es un delito.
Con bajos índices, los actores que
ejercen mayores presiones para intentar que los periodistas revelen sus fuentes
son los cuerpos de seguridad del Estado (12%), el partido político oficial
(10%), los ministerios (8%), las alcaldías (7%), las gobernaciones y sus
dependencias (5%). Entre los actores no estatales, aparecen las organizaciones
sindicales (5%), los grupos de periodistas (4%), organizaciones comunitarias
(4%), organizaciones gremiales (3%) y las empresas privadas (3%).
Los periodistas consultados perciben que
son las empresas de los medio de comunicación, a través de sus representantes,
las que mayormente ejercen presiones con la finalidad de persuadirlos y hacer
que revelen sus fuentes de información. Este sector acumula 8% de las opiniones
recabadas en la investigación.
La industria de medios de comunicación,
en cierta medida, no cumple con los estándares mínimos del acceso a la
información pública, en cuanto a transparencia y posibilidades de auditabilidad
de sus funciones. Esto se evidencia al analizar que entre las preocupaciones
que indicaron los consultados aparece el cambio de propiedad y gestión en los
medios de comunicación. Podemos inferir, entonces, que esta situación da cuenta
de unas transacciones que no han sido debidamente informadas tanto a los
periodistas como a la ciudadanía en general.
El acceso a la información pública
comprende un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas sobre las
negociaciones y las gestiones de todas las instituciones que hacen vida en la
sociedad.
Instrumentos de necesaria aprobación
Ante este panorama de opacidad, el
Estudio 2014 Censura y Autocensura en periodistas y medios de comunicación en
Venezuela revela que 209 periodistas de los 225 encuestados -es decir, 93%-
piden la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Se puede
entender que ésta es una herramienta jurídica que genera una base legal y
estructural para el ejercicio del periodismo en el país, que permitiría mejorar
los niveles de transparencia en la gestión de todos los actores públicos, a
través los mecanismos de búsqueda de información, contraloría social y
participación ciudadana.
A partir de estos datos, desde IPYS
Venezuela interpretamos que en un panorama con diversas dificultades políticas,
económicas y sociales, los periodistas perciben la garantía, protección y
respeto del acceso a la información pública como una posibilidad para resolver
las deficiencias coyunturales. Se afianza así la premisa: más acceso, más
democracia.
Esta percepción de los periodistas se
desprende del hecho de que Venezuela no cuenta con una ley orgánica de acceso a
la información pública. Sin embargo, ha habido esfuerzos importantes por parte
de la sociedad civil organizada, de los gobiernos locales y regionales por
garantizar el derecho que tienen los ciudadanos a saber. Desde 2007 se han
aprobado normativas y ordenanzas que promueven el acceso a la información
pública, como una forma de impulsar una mayor transparencia en la gestión de
los asuntos públicos. Estas experiencias se han aplicado en los estados Zulia
(2010), Lara, Miranda (2009), Nueva Esparta (2009) y Anzoátegui (2007). Además,
de los municipios Baruta y Los Salias, del estado Miranda (2007); Maneiro,
estado Nueva Esparta (2009); San Diego, estado Carabobo (2011), entre otros.
Sin embargo, se han ejercido algunas
medidas judiciales que van en contra de esta garantía. A espalda de estos
avances entre la sociedad civil y gobiernos locales, en materia el acceso a la
información pública -derecho consagrado en la Constitución Bolivariana de
Venezuela- en agosto de 2014 la Sala Político Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia, mediante una sentencia, consideró que el ejercicio de este
derecho “no puede ser abusivo”, y las diligencias de los ciudadanos no pueden
estar destinadas a obstaculizar el funcionamiento de la administración pública.
“…si bien toda persona tiene derecho a
dirigir peticiones a cualquier organismo público y a recibir respuesta en
tiempo oportuno, no obstante el ejercicio de ese derecho no puede ser abusivo
de tal manera que entorpezca el normal funcionamiento de la actividad
administrativa” sentenció el TSJ, como respuesta a un recurso de amparo que
solicitaron las ONG PROVEA, Espacio Público y Transparencia Venezuela.
Esta sentencia establece restricciones
al ejercicio del derecho del ciudadano a ser informado y condiciona el
ejercicio de esta garantía fundamental al uso que se le pretende dar a la
información solicitada. Bajo estos argumentos, se obliga a las personas a
explicar las razones por las cuales requiere la información. Estas limitaciones
promueven la opacidad y la discrecionalidad de los funcionarios.
El acceso a la información pública es un
derecho humano, estipulado en normativas internacionales y en la Constitución
de la República de Venezuela, cuyo artículo 143 sostiene: “Los ciudadanos y
ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportunamente” por la
administración pública-. Además, el
artículo 57 expresa que “Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o
funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus
responsabilidades”.
A la par de esta decisión jurídica,
también se han creado otras instancias ejecutivas que, por decreto, dificultan
el pleno ejercicio y respeto del derecho al acceso a la información pública.
Entre ellas está la Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos
Generadores de Violencia (BEGV) constituida el 26 de junio de 2014, de acuerdo
al decreto 1.014 publicado en la Gaceta Oficial N°40.440. También el Centro
Estratégico para la Seguridad y la Protección de la Patria (Cesppa),
constituido en octubre de 2014, según la Gaceta Oficial N° 40.266. Los decretos
de fundación de estas dependencias contienen disposiciones que estimulan la
opacidad informativa y restringen el derecho de los ciudadanos a conocer
asuntos que son de interés público.
ACCIONES DE DENUNCIA E IMPUNIDAD
Los obstáculos que interfieren la labor
periodística, los riegos jurídicos y del contexto, así como las presiones
internas y externas, expresas y tácitas que se revelan en esta investigación
sobre la Censura y la Autocensura en periodistas y medios de Venezuela,
aumentan las dificultades para el ejercicio de la labor informativa. Pero,
además, promueven la impunidad.
Esta situación se evidencia cuando se
analizan los datos sobre los mecanismos de denuncia que utilizan los
periodistas ante cualquier incidente que afecte su labor. En un alto
porcentaje, los participantes prefieren abstenerse de responder esta pregunta.
Aproximadamente 20% de los encuestados se inhibió de responder cuáles habían
sido sus mecanismos de denuncia.
De total de periodistas que
participaron, 72% dijo que nunca ha formalizado las denuncias ante los
organismos de justicia correspondientes cuando le han vulnerado las garantías
de la libertad de expresión, mientras que solo 7% sí lo ha hecho. De total de
la muestra del estudio, 8% dice que en algunas oportunidades sí lo hizo, y en
otras no. Mientras que alrededor de 15% y 16% de los entrevistados prefiere
hacerla ante los medios de comunicación y las ONG de derechos humanos,
respectivamente. 21% de ellos utiliza otros canales no convencionales para
solventar la situación.
CUENTAS POR SALDAR
Ante este panorama que se presenta en
este estudio, IPYS Venezuela realiza exigencias puntuales, que significan un
aporte para marcar un punto de partida para una reflexión que ha estado
pendiente.
-
El Estado debe garantizar las condiciones necesarias para que los
periodistas y trabajadores de medios estatales, comunitarios, independientes y
privados puedan ejercer su labor sin ningún tipo de riesgos, amenazas ni
presiones.
-
Los actores estatales y no estatales deben ajustar sus actuaciones a los
estándares nacionales e internacionales de protección de la libertad de
expresión que prohíben las presiones y mecanismos de censura, estructuras que
solo sirven para promover las condiciones para la autocensura.
-
Los factores de poder estatales y no estales, así como las propias
empresas de comunicación, deben promover el acceso a la información pública
como un mecanismo que debe conducir a combatir los rasgos de la censura en el
país.
-
Las industrias de medios deben practicar los principios de libertad,
pluralidad, y diversidad como parte de su labor de servicio a la colectividad.
Y están en la obligación, además, de convertirse en promotores y garantes de los
principios de transparencia y rendición de las cuentas que la sociedad necesita
conocer.
-
Los periodistas y los sectores vinculados a la comunicación están
llamados a reflexionar sobre el oficio, sobre su función social como portavoces
de las informaciones y las denuncias provenientes de los ciudadanos. Pero,
sobre todo, como actores que, por naturaleza, tienen la función de escrutar a
las fuerzas de poder. Un primer paso de esta ruta puede ser la revisión de las
necesidades para fortalecer el criterio periodístico y el ejercicio de buenas
prácticas, fundamentados en estándares de calidad.
Estos puntos que dejamos para la
reflexión y para la acción se basan en los fundamentamos de las garantías
nacionales e internacionales que defienden las libertades periodísticas y
rechazan la censura.
-
“Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus
ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de
expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y
difusión, sin que pueda establecer censura”. Artículo 57, Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.
-
“Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene
derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio de
este derecho entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente,
puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: asegurar el respeto a
los derechos o a la reputación de los demás, la protección de la seguridad
nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”. Artículo 19, Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.
-
“La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre
cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier
medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe
estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas
y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la
creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la
libertad de expresión”. Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión,
de la OEA.
-
Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor
informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de
expresión. Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la OEA.
INVESTIGACIÓN CON MÚLTIPLES PROPÓSITOS
El Estudio 2014: Censura y Autocensura
en periodistas y medios de comunicación en Venezuela que presenta el Instituto
Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) es una revisión rigurosa, con
sustento estadístico, que permite presentar las tendencias y percepciones sobre
la labor periodística en el país, sus principales riesgos, amenazas y desafíos.
Esta radiografía revela las diversas
formas y matices de la censura y autocensura en periodistas, trabajadores y empresas de medios estatales,
privados, independientes y comunitarios de los 13 principales estados de
Venezuela: Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Barinas, Bolívar, Falcón, Lara,
Mérida, Monagas, Portuguesa, Táchira, Zulia y el Área Metropolitana de Caracas.
Es una investigación que le permite a
IPYS Venezuela profundizar sobre las líneas sistemáticas que tienen rasgos de
censura y autocensura, bien sea porque sean impuestas por las instituciones
estatales, actores privados, independientes y por los propios medios de
comunicación en Venezuela. Son tendencias que rozan todas las aristas de la
sociedad venezolana que, actualmente, afronta dificultades políticas,
económicas y sociales.
Los hallazgos de este estudio
–relacionados a las presiones con intenciones de censura que promueven las
condiciones para la autocensura- son recurrencias que trascienden los
principios éticos, las agresiones físicas, las limitaciones de acceso a la
información pública, la opacidad en los asuntos públicos, las amenazas legales
y las normativas que regulan las expresiones, o el ejercicio del poder en las
comunicaciones.
Las tendencias generales del estudio de
IPYS Venezuela delinean el fenómeno de la censura como un paraguas que, no
solamente llega a suprimir informaciones y opiniones, sino que sirve como eje
transversal que afecta los fundamentos de la libertad de expresión como lo son
el acceso a la información pública, las garantías judiciales y administrativas,
y las condiciones para el ejercicio periodístico.
Sustentado en los principios
internacionales de protección de la libertad de expresión y el derecho a la
información, este estudio de IPYS Venezuela se afianza en la percepción que
aportan 225 periodistas venezolanos, así como trabajadores de medios de
diversos niveles y funciones informativas y mediáticas del país.
Perspectivas de la consulta
Esta investigación fue posible por la
información que aportó un grupo de personas que ejerce su labor periodística en
medios privados (89%), comunitarios (5%), estatales (3%), e independientes
(3%). Los consultados laboran en plataformas impresas (61%), digitales (29%),
radiofónicas (19%), televisivas (12%), entre otras (4%), en los estados de
cobertura de esta investigación.
La consulta se realizó en diversos
niveles de jerarquía, entre los que se incluyó a reporteros y redactores (47%);
jefes y coordinadores de secciones (15%); editores (7%); locutores (6%); jefes
de redacción e información (6%); corresponsales (6%); productores (4%); así
como presidentes y directivos de medios (1%).
La caracterización de la muestra también
comprendió diversas fuentes de información: política (27%), investigación (8%);
sucesos (8%); deportes (6%), comunidad (5%); economía y laboral (5%); cultura (4%);
educación (2%); salud (1%); ciencia y tecnología (1%); sociedad (1%). Mientras
que 21% de los periodistas que participaron en el estudio reportaron que no
cubrían una fuente en particular, debido a que trabajan en temas de actualidad
o de secciones que deben hacer trabajos de diversas fuentes.
Se consultó a un grupo de periodistas de
diferentes rangos de edad, siendo la mayoría de los encuestados de mediana
experiencia: 8-24 años (9%); 25-34 años (47%); 35-44 años (21%); 45-54 años
(15%), y 55 años o más (8%). En cuanto al género, 58% fueron mujeres y 42%
hombres.
Modalidad de investigación
Esta investigación es de carácter
cuantitativo, con una muestra seleccionada de manera aleatoria, cuyo proceso de
recolección de datos se ejecutó mediante un cuestionario digital, aplicado
entre el 1 de agosto al 5 de septiembre de 2014.
Desarrollado por un grupo
interdisciplinario de IPYS Venezuela en el que participaron periodistas,
investigadores y activistas de DDHH de esta organización, este estudio contó
con el apoyo de la asesoría de expertos en comunicación, sociología,
estadística y planificación estratégica. Además de un grupo de colaboradores de
IPYS Venezuela en las trece entidades que abarcó este estudio.
Con fundamento en este trabajo en
equipo, para la discusión en diversos espacios nacionales e internacionales,
IPYS Venezuela deja a disposición del público este estudio, que aporta
elementos sólidos, confiables y debidamente analizados sobre la censura y
autocensura en periodistas y medios de Venezuela, una radiografía permite ver
los diversos rangos de la libertad de información y expresión en el sector
periodístico. De igual manera es un ejercicio de cuantificación de los niveles
de respeto a los estándares internacionales de libertad, calidad, pluralidad y
diversidad informativa, fundamentales para el ejercicio pleno de la democracia.
INVESTIGACIÒN COMPLETA:
http://ipys.org.ve/infografia/orden/index.html
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