Enviado especial
a Ureña. BBC Mundo. Daniel Pardo.
De
repente, empezó a oler a gasolina. Y los vecinos de un sector de Ureña –uno de
los seis municipios en estado de excepción en la frontera venezolana con
Colombia, cerrada hace una semana– salieron de sus negocios y sus casas en
busca del origen del hedor. Era una alcantarilla, por la que "rebosaba
gasolina mezclada con desechos y ratas", le dijeron varios de ellos a BBC
Mundo. Trancaron la calle con motos y cauchos. "Teníamos miedo de que eso
se prendiera, imagínese, con este calor es muy fácil", dijo uno de los comerciantes
de la calle. Un viejo termómetro en su tienda marcaba los 31 grados
centígrados.
Los
bomberos destaparon la alcantarilla, pero un día después, cuando llegó BBC
Mundo, el olor se mantenía; también esa inconfundible grasa multicolor que
pintaba el agua que salía de la cloaca. Los vecinos coinciden en que el origen
de esa suerte de fuente de combustible era que la gente de los barrios "de
arriba" estaba botando la gasolina por los inodoros, lavamanos y sifones
de sus casas para deshacerse de ella. "Toda mi casa huele a gasolina
porque las cañerías están todas intoxicadas", dijo, con acento colombiano,
Yusnary Narváez, una habitante del sector. A unas cuadras de la alcantarilla se
veían decenas de recipientes para guardar gasolina –conocidos como pimpinas–
que la gente al parecer botó después de regar el material inflamable.
"Y
eso que la Guardia (Nacional) recogió como 200 pimpinas que habían botado
ahí", dijo Evaristo, un mecánico de la calle. Acá el contrabando de
combustible –que se compra en Venezuela a menos precio que un caramelo por
litro y se vende en Colombia por cientos de veces más– es una forma de vida
para cientos de personas. Lea también: 10 datos que probablemente no sabe sobre
la gasolina en Venezuela. Ahora las autoridades venezolanas, como parte de una
polémica política para rehabilitar esta liada frontera, están allanando casas
en busca de material de contrabando; no necesitan una orden judicial, porque el
estado de excepción permite las inspecciones directas. Y el miedo a la sanción,
que puede traducirse en varios años de cárcel, llevó a la gente a botar sus
reservas de combustible.
El
negocio del contrabando
El
contrabando de gasolina en la frontera es un negocio multimillonario. Estudios
y declaraciones de autoridades aduaneras de ambos países han dicho que incluso
puede mover más dinero que el narcotráfico. El precio de la gasolina en
Venezuela, que cuenta con la inflación más alta del planeta, no ha sido
aumentado desde 1996. Y un aumento anterior, en 1989, fue en parte el detonante
del estallido social conocido como el Caracazo, que dejó cientos de muertos.
Acá
en Venezuela, el país de las reservas de petróleo más grandes del mundo,
aumentar el precio del combustible es considerada una de las políticas más
impopulares que un gobernante puede llevar a cabo. Y aunque el gobierno de
Nicolás Maduro dijo hace un año y medio que estudia aumentarla, el debate ha
sido archivado en este año que terminará con elecciones legislativas el 6 de
diciembre. El Estado venezolano pierde US$12.500 millones al año por el
subsidio de la gasolina, según cifras oficiales. Al menos unos 200.000 barriles
de petróleo, según el gobierno, salen por contrabando al día del país: un 10%
de la producción diaria. Lea también: Los barriles de gasolina clandestina del
río Orinoco.
El
cierre de la frontera, y el establecimiento del estado de excepción, busca en
parte erradicar ese contrabando. Aunque analistas venezolanos de oposición
dicen que si los incentivos económicos se mantienen es imposible que este
negocio se acabe.
Sin
cola en gasolinera, pero cola en tiendas
Desde
que la frontera fue cerrada hace una semana, las bombas de gasolina de este
lado de la frontera, que solían acoger kilométricas filas, están vacías. Ha
sido el impacto económico del cierre fronterizo que más comentan los habitantes
de la zona. Según el gobierno, el cierre fronterizo ahorra 6.300 barriles de
petróleo diarios: un 3% de los 200.000 que se contrabandean cada día.
Pero
otro de los efectos de las medidas es que en los supermercados y tiendas de la
zona han aparecido productos que antes se iban por el contrabando –desde harina
de maíz precocida hasta leche– y los están vendiendo al precio regulado. En las
tiendas de repuestos para carros, por ejemplo, se ven largas filas de gente que
espera comprar cauchos a precio regulado, que es decenas de veces menor al
precio libre.
"En
este momento el contrabando está parado", me dijo un contrabandista en una
lujosa oficina en uno de los municipios fronterizos. "Pero tarde o
temprano los grupos ilegales que se alían con las autoridades venezolanas
encontrarán la forma de volver a activar el negocio, no lo dudo", dijo. Pocos
habitantes del sector, que siempre ha sido de fuerte presencia militar, dudan
de la participación de algunas autoridades en el contrabando.
El
contrabandista dice algo que he escuchado mucho por acá: "Los militares y
guardias incluso pagan para que les den trabajo en la zona". De hecho, el
presidente Maduro dijo en un rueda de prensa esta semana que la "nueva
frontera no solo implica confrontar las mafias, sino su capacidad para
corromper instituciones, para comprar concejales, alcaldes".
"Aunque
(la corrupción) no es el problema principal", añadió en referencia a la
presencia paramilitar en la zona, que considera el origen de no solo el
contrabando, sino de la escasez y la delincuencia en Venezuela.
De
vuelta en los municipios fronterizos, un habitante de Ureña me muestra en su
celular unas fotos que los vecinos han estado compartiendo. Son imágenes de una
explosión de gasolina que los habitantes de San Antonio, otro de estos
municipios fronterizos, provocaron para deshacerse del combustible. Y en los
chats de los otros municipios fronterizos se reporta el mismo olor, el mismo
miedo, el mismo riegue desesperado de combustible.