Prensa
Prove.-
La legisladora Neidy Rosal, en
representación de los carabobeños acudió este miércoles a la sede de la Contraloría
General de la República (CGR), con el fin de introducir un documento ante el
máximo ente fiscalizador del Estado en el que exigió la apertura de una
investigación exhaustiva acerca del manejo que el Gobierno Nacional le está
dando a los puertos del país, para evitar que éstos sigan siendo utilizados
como almacenes de alimentos, así como lograr que la comida importada sea
distribuida de forma inmediata e impedir su descomposición.
Rosal, quien también estuvo acompañada
por el Secretario General de la Mesa de la Unidad Democrática Jesús Chuo
Torrealba, alertó que actualmente hay una gran contracción en la economía
venezolana,“eso es evidente, así como el desabastecimiento y la escasez,
problemas que afectan al pueblo, que se ve forzado a hacer malabares para
conseguir los productos de la cesta básica; y en esta coyuntura es nuestra
labor como parlamentarios ejercer control sobre los órganos y entes del
Ejecutivo Nacional siempre a favor del pueblo”.
Solicitó a la Contraloría revisar los
procesos de financiamiento, compra e importación de alimentos ejecutados por el
gobierno, en especial pidió colocar la lupa en la adquisición de comida con
precios mucho más elevados que los publicados en las bolsas agrícolas
internacionales, tales como: Contrato con la empresa brasileña JBS por el orden
de 2,1 mil millones de dólares para la adquisición de pollo y carne, suscrito
en junio de este año; compra de 300
toneladas de carne a las empresas ABC Carnes, Industrial Comercial San Martin y
Nuevo Carnic; importe de 18 mil toneladas de aceite comestible de soya y palma
a las empresas Bunge Agitrade Cieco
Palma y Anator; así como la adquisición de 30 mil toneladas de arroz de primera
a la empresa estadounidense TRC.
Del mismo modo, dijo que es importante
resaltar el reciente hallazgo de 5 mil reses compradas por el Ejecutivo
Nacional a la empresa brasileña Minerva Foods, las cuales naufragaron en el
país de origen en las costas del río Amazonas en la localidad de Vila do Conde
en Bacarena, en el estado Pará, el pasado 06 de octubre. Desde la percepción de
la diputada Rosal esto “presupone un daño al patrimonio de la nación que debe
ser investigado, además de que se fiscalice el efectivo arribo a Venezuela de
la mercancía, la cual suponemos ya fue cancelada a la empresa brasileña”.
Revisión de procesos sanitarios
“Exhortamos también a la CGR que revise
los procesos de almacenamiento y distribución de comida en los puertos, así
como asegurar el arribo seguro e higiénico de los alimentos. Todo ello aunado a
los constantes problemas existentes en el servicio eléctrico en las zonas
portuarias, que podrían afectar nuevamente la zona primaria del puerto de
Puerto Cabello, el más importante del país”, manifestó.
De la misma manera, destacó la diputada
de Prove que según la página web de Bolipuertos, los puertos venezolanos tienen
una capacidad de ensilamiento de 168.192 toneladas, así como una capacidad de
despacho diario de 12.400 toneladas, sin embargo, tomando en cuenta que el
puerto de Puerto Cabello se encuentra solo al 60% de su operatividad y que este
puerto representa más del 70% de la capacidad de ensilamiento nacional, los
puertos nacionales cuentan con un funcionamiento operacional del 68%, lo que
podría colapsar el sistema portuario, tomando en consideración la creciente
llegada de alimentos importados por el Ejecutivo Nacional.
Enfatizó en la necesidad de que la CGR
fiscalice los procedimientos realizados por el Ministerio del Poder Popular
para la Alimentación con respecto a la adquisición, compra e importación de
alimentos; que se verifique el adecuado estatus de los puertos de Venezuela
para la recepción de los alimentos, en aras de evitar una pérdida masiva de
comida; además que se controlen los procesos de almacenamiento, la red de
distribución de alimentos y los planes de manejo sanitario, a través de la
Corporación CASA; que se vigilen las negociaciones y contratos de haberes del
Estado venezolano con otros gobiernos, así como los planes de pago y
financiamiento que otorga el Ejecutivo Nacional a otros Estados, con el
objetivo de evitar perjuicios en las arcas de la nación.
Ponerle la lupa a empresas
nacionalizadas
También el máximo ente contralor debe
fiscalizar las 14 empresas nacionalizadas por el ejecutivo Nacional, proceso de
estatización que se llevó a cabo entre 2007 y 2011, en el que sociedades
privadas destinadas a la producción de alimentos de primera necesidad en
Venezuela pasaron a manos del Estado. “¿Qué pasa con la producción de leche,
azúcar y café?, ¿Cuáles son los niveles de producción de estas empresas?, ¿Cuál
es el estado operativo de las mismas?”, se preguntó la parlamentaria.
Con respecto a las obligaciones que se
adeudan al Estado Venezolano –Rosal recordó-, que Uruguay, a través de su
petrolera estatal ANCAP, tiene una deuda con Pdvsa que asciende a los 434
millones de dólares, contraída en una reciente negociación entre el Ejecutivo
Nacional y el presidente de esa nación suramericana. Asimismo informó el
acuerdo acerca de la reducción de la deuda a 267 millones de dólares, además de
que una parte del compromiso seria pagada en alimentos lácteos que enviarían
desde Uruguay a Venezuela, empero, no consta en ningún informe público si el
pago por la negociación se ajustó a los precios internacionales. “Los
venezolanos no sabemos en cuánto pagamos el producto y mucho menos si estos
llegan o no”.
“Con este documento que hemos consignado
en la Contraloría General de la República lo que buscamos es cumplir nuestra
labor constitucional como parlamentarias y dar soluciones para que el gobierno
corrija el terrible problema de desabastecimiento, escasez e inflación que
existe actualmente en el país, considerando que la enorme inversión en la
compra masiva de alimentos importados, podría significar una solución
coyuntural a un problema fundamental del Estado venezolano, que radica en la
falta de producción nacional”, concluyó.
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