En dos informes
presentados en el marco del 156º periodo de audiencias de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Ipys Venezuela reveló cómo el
Estado venezolano legaliza las delaciones en la TV estatal, mientras el aparato
judicial castiga las denuncias de corrupción en medios.
Prensa.
IPYS-Venezuela.
Marianela
Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, Ipys
Venezuela, explicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en
el país persiste un patrón de seguimiento y vigilancia policial que deriva en
delaciones televisadas, lideradas por altos funcionarios de los poderes
públicos, y que estas acciones se han agudizado luego de la “institucionalización
de una serie de mecanismos que aúpan las labores de inteligencia y profundizan
la opacidad”.
El Poder
Judicial contra los medios
“Esta
práctica se ha hecho recurrente con los reportes de supuestos patriotas
cooperantes, informantes tácticos, a los
que acostumbra citar Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional, en
su programa de TV, “Con el Mazo Dando”, con la finalidad de hostigar
principalmente a activistas de DDHH. Para esto se utiliza la señal del VTV, el
principal canal del Estado, y el medio con mayor alcance en el país”.
En
un seguimiento riguroso de este programa que realizó IPYS Venezuela, determinó
que en los primeros 8 meses de 2015, 58 activistas de DDHH recibieron
acusaciones infundadas a través de este espacio de televisión. La periodista y defensora de la libertad de
expresión denunció un incremento de procedimientos judiciales contra
periodistas, medios y activistas de DDHH durante el gobierno de Nicolás Maduro,
y destacó que la mayoría de estas acciones se acompañaron con medidas de
censura que prohíben las coberturas sobre criminalidad, violencia y
corrupción:
“De
64 acciones legales que registró el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela,
entre 2002 y 2015, 29 corresponden a delitos de difamación e injuria, en los
que se ha afectado a 36 personas acusadas. Más de la mitad de los afectados por
las demandas de difamación e injuria corresponde a los 22 directivos de los
medios Tal Cual, El Nacional y La Patilla, acusados por el presidente de la
Asamblea Nacional, Diosdado Cabello”.
En
ambas sesiones ("Denuncias sobre hostigamiento y ataques contra defensores
y defensoras de derechos humanos en Venezuela" y “Situación del derecho a
la libertad de expresión en Venezuela") Ipys Venezuela compartió con las
organizaciones Civilis, Provea, Codevida, Laboratorio de Paz, Venezuela
Diversa, Transparencia Venezuela, Observatorio Venezolano de Prisiones, Fenasopadres,
Asamblea de Educación, Acción Solidaria en VIH, Espacio Público, Centro de
Derechos Humanos de la UCAB, Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Prensa.
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