Opinión. Gustavo
Azócar Alcalá
Una
de las primeras acciones que deberá promover la nueva Asamblea Nacional que se
instale en Venezuela a partir del 5 de enero de 2016, la cual, como todo parece
indicar, tendrá mayoría de las fuerzas democráticas, ha de ser la conformación
de una Comisión Internacional contra la Impunidad, similar a la que desde el
año 2006 funciona en Guatemala.
Uno
de los graves problemas que confronta la Venezuela actual, sometida a un
proceso de destrucción institucional desde hace poco más de 16 años, es
precisamente la impunidad. Las últimas cifras del Ministerio Público reveladas
en su informe de 2014, señalan que “el 99% de las denuncias hechas ante esa
instancia no llegaron a fase de juicio, lo que quiere decir que las víctimas no
pudieron estar frente a un juez y presentar sus peticiones”, dijo Liliana
Ortega, presidenta de Cofavic.
"Para
1998, por cada 100 homicidios que se cometían en el país, hubo 118 detenciones.
Desde hace cinco años, por cada 100 homicidios que se cometen en el país
teníamos 8 o 9 detenciones", dijo Ortega,
Roberto
Briceño León, del Observatorio Venezolano contra la Violencia, dijo que
"en el 91 o 92% de los homicidios ni siquiera hay una persona detenida,
eso hace que los delincuentes sientan que no hay ninguna posibilidad de ser
capturados y simplemente cada vez hay más jóvenes que, estando en el borderline
(límite), sienten que pueden dar el paso hacia el delito porque no les va a suceder
nada. Casi como un juego, como
divertimento pasan a cometer este
tipo de actos", afirmó.
Unas
19 organizaciones no gubernamentales, defensoras de los Derechos Humanos,
hicieron público en junio de este año un informe con cifras tanto oficiales
como independientes, el cual fue entregado al Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas para exponer la difícil situación que se vive en Venezuela en
materia de impunidad.
El
informe está basado en cifras de la Fiscalía General de la República, y en el
mismo se indica que entre 2006 y 2010 se registraron 30.000 casos de presuntas
violaciones de derechos humanos en Venezuela, de las cuales el 93 por ciento
terminó en sobreseimientos de las causas y sólo hubo cuatro por ciento de condenas.
El
mismo informe detalla que en 2014, con motivo de las protestas que se desataron
contra el gobierno de Nicolás Maduro, se presentaron 8.049 casos de presuntas
violaciones a los derechos humanos, de los cuales casi el 99 por ciento no
llegó a su fase de juicio.
En
Guatemala, una nación mucho más pequeña y con menos recursos económicos que
Venezuela, funciona desde hace 9 años, una Comisión Internacional (CICIG) que
se ha encargado de enviar a la cárcel a un presidente, una vicepresidente, un
ex presidente y a varios diputados del congreso, a quienes se ha comprobado su
participación en hechos de corrupción contra la cosa pública. También se ha
enjuiciado a muchos funcionarios a quienes se comprobó su participación en la
violación de los derechos humanos.
La
Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el
Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG), el 12 de diciembre de 2006. El acuerdo fue
sometido a consulta de la Corte de Constitucionalidad, la cual la dio el visto
bueno en mayo de 2007. Posteriormente, el acuerdo fue ratificado por el
Congreso de la República el 01 de agosto de ese mismo año.
La
CICIG, como se le conoce en Guatemala, “nació como un órgano independiente de
carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Publico, la
Policía Nacional Civil y a otras instituciones, tanto en la investigación de
los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y
aparatos clandestinos de seguridad, como en las acciones que tiendan al
desmantelamiento de estos grupos”.
En
Venezuela, donde las autoridades reconocen la existencia de centenares de
bandas criminales, y la presencia de al menos 71 grupos violentos llamados
“colectivos” que mantienen azotada a la población, la presencia de una Comisión
Internacional contra la Impunidad, con poderes plenipotenciarios para
desarticular esas organizaciones, llevar a juicio y poner tras las rejas a sus
integrantes, es una necesidad impostergable.
El
mandato de la CICIG guatemalteca, según lo establecido en el acuerdo firmado
con la ONU, está compuesto de tres objetivos principales: investigar la
existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de
seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales
de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos
ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades,
modalidades de operación y fuentes de financiación.
La
CICIG también colabora con el Estado en la desarticulación de los aparatos
clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promueve la
investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus
integrantes;
La
Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala también está facultada
para hacer las denuncias administrativas contra los funcionarios públicos, en
particular respecto de los que han cometido actos con el propósito de
obstaculizar el cumplimiento del mandato de la CICIG, y puede actuar como un
tercero interesado en los procedimientos disciplinarios iniciados contra estos
funcionarios.
La
efectividad de la CICIG en Guatemala se comprobó en febrero de 2001. En aquella
ocasión, se promovieron y ejecutaron una
serie de modificaciones presupuestarias a favor del Ministerio de la Defensa
Nacional, entre ellas la 16-2001 (correspondiente a la suma de 120 millones de
quetzales), la cual fue aprobada pese a no tener una justificación razonable.
Las investigaciones determinaron que 30 millones de quetzales (casi 4 millones
de dólares) fueron entregados en efectivo a José Armando Llort Quiteño, ex
gerente de Crédito Hipotecario Nacional, y el resto fue depositado a cuentas
personales y de familiares del entonces ex presidente guatemalteco Alfonso
Antonio Portillo Cabrera. En este caso se vinculó con a dos ex ministros e igual número de
militares.
La
CICIG inició la cacería del ex presidente Alfonso Portillo Cabrera. El
07/10/2008, tras permanecer cuatro años y siete meses prófugos de la justicia,
el ex mandatario fue extraditado desde México. El 24/05/2013 Portillo es
extraditado a Estados Unidos por el delito de conspiración para el lavado de
dinero. En EEUU permaneció por casi 2 años y luego fue liberado, siendo trasladado
nuevamente a Guatemala, donde a mediados de este año, se postuló como candidato
a diputado. Por fortuna, una sentencia de un tribunal anuló su postulación y le
impidió presentarse a las elecciones.
La
efectividad de la CICIG de Guatemala volvió a comprobarse en 2015. Gracias a la
CICIG, el ex presidente Otto Pérez Molina, y la ex vicepresidenta Ingrid Roxana
Baldetti, se encuentran detenidos en una cárcel, acusados de hechos de
corrupción contra la cosa pública. Una docena de diputados del Congreso guatemalteco
también están siendo sometidos a investigación y muchos otros funcionarios
públicos, han tenido que verse las caras frente a la justicia.
En
Venezuela, durante los últimos 16 años, el chavismo/madurismo/cabellismo ha
hecho de la impunidad, la corrupción y la violación de los Derechos Humanos una
forma de vida. Son cientos de miles los casos denunciados y muy pocos,
poquísimos, los casos investigados y sancionados. En la revolución socialista
la impunidad está a la orden del día. Una Comisión Internacional contra la
Impunidad, una CICIV, similar a la de Guatemala es más que necesaria en este
país para iniciar la reconstrucción de las instituciones y la vuelta a la
legalidad, sin la cual, ninguna sociedad pueda funcionar como Dios manda.
Nicolás
Maduro y sus 40 ladrones han de saber que después de las elecciones del 6D, los
días de la impunidad en este país, están contados. El largo brazo de la
justicia, algún día los alcanzará.
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