La Prensa
condenada, daño moral por revelar anomalías con fondos públicos.
Preocupa a la
SIP fallo adverso contra el periodismo de investigación en Panamá
Prensa. SIP.
La
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró que un reciente fallo
judicial adverso contra el diario La Prensa de Panamá, "es un evidente
ataque contra la libertad de prensa", crea antecedentes negativos para los
medios y desincentiva la investigación periodística sobre asuntos de interés
público.
El
25 de noviembre una jueza civil de primera instancia condenó a La Prensa a pagar
a dos contratistas estatales por concepto de "daño moral" la suma de
600.000 balboas (igual cantidad en dólares estadounidenses) y 60.000 balboas en
costas, así como la publicación de la parte resolutiva de la sentencia. La
Prensa apelará el fallo.
El
presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP,
Claudio Paolillo, expresó que "más allá del impacto económico para el
diario, la sentencia es un evidente ataque contra la libertad de prensa que de
no ser revertida por los tribunales locales, el caso debería llegar a
instancias interamericanas para que se apliquen estándares internacionales que
velan por la libertad de expresión por sobre el derecho al honor, cuando
prevalece el interés público y el derecho del público a saber, como en este
caso".
Paolillo
agregó que los estándares internacionales también reafirman que la democracia
implica una férrea fiscalización de parte de la prensa a los actos de gobierno
y que se debe prever si el periodista tuvo la intención de infligir un daño
premeditado a los afectados o simplemente investigó para informar sobre
actividades públicas, "lo que realmente ocurrió con la investigación de La
Prensa".
Paolillo,
director del semanario uruguayo Búsqueda explicó que "la gravedad del
fallo reside en que pone un freno a los reportajes investigativos, pues por
temor a represalias ningún periodista estará dispuesto a investigar asuntos que
involucren a presidentes, altos funcionarios, contratistas estatales o recursos
públicos".
El
fallo condenatorio se refiere a la demanda de los hermanos David Marco y Daniel
Miguel Ochy Diez y su empresa constructora Transcaribe Trading SA (TCT), contra
La Prensa a raíz de la publicación entre el 31 de julio y el 2 de agosto de
2012 de una extensa investigación sobre la asignación irregular de recursos
públicos para la ejecución de obras durante la presidencia de Ricardo
Martinelli (2009–2014).
En
represalia por la publicación de la serie de notas sobre anomalías en los
contratos, el 2 de agosto de 2012 trabajadores de la empresa bloquearon la sede
del diario por tres horas y media con más de 20 camiones remolques, afectando
la distribución de sus ejemplares. La SIP condenó en esa oportunidad el bloqueo
contra el diario.
Por
otra parte, la sentencia desestimó la demanda por perjuicios materiales de TCT
presentada por los contratistas. Sin embargo, el pago contemplado en el fallo
es una de las sumas más elevadas de los últimos tiempos en la región contra un
medio de comunicación por la publicación de un reportaje de interés público.
Los
hermanos Ochy Diez, quienes también son dueños de la empresa exportadora de
plátanos, Pana Plátanos, mencionada en la investigación periodística,
interpusieron otra demanda contra el diario por supuestas pérdidas materiales.
La querella se encuentra en curso.
La
SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la
libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de
1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados
Unidos. Para mayor información, por favor, visite http://www.sipiapa.org
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