No hay afiches
colgados en los postes o volantes desperdigados por el suelo. Ni rastro de los
tarantines que monta el chavismo para mercados populares, ni eco de los
altavoces que piden votar por la oposición.
Prensa. AFP
A
escasos días de las elecciones legislativas de Venezuela, ningún candidato
había visitado La Invasión, primer barrio que allanaron los militares
venezolanos en el estado Táchira (oeste) después de que el presidente Nicolás
Maduro ordenó el cierre de la frontera con Colombia, el 21 de agosto.
La
favela quedó militarizada desde entonces, así que los vecinos se recogen en sus
casas y evitan cruzarse con las patrullas para que no les pidan identificación
o facturas de cualquier producto que trasluzca en una bolsa de plástico.
“La
revolución va para atrás en Táchira porque no se consigue nada desde que
cerraron el paso hacia Colombia”, dice a la AFP Amanda, una cuarentona robusta
que reserva su identidad bajo un nombre ficticio.
Henry
Álvarez, vocero del consejo comunal Ernesto Guevara en La Invasión, la
contradice. Asegura que hay menos escasez y defiende al oficialismo porque teme
que si la oposición gana, los programas sociales desaparecerán.
Maduro
bloqueó la frontera con la promesa de acabar con el paramilitarismo y el
contrabando de gasolina y alimentos altamente subsidiados en Venezuela, pero
que disparan su precio si pasan a territorio colombiano y se venden en pesos.
El
cierre, que crispó la relación con Colombia tras la deportación y éxodo de
miles de colombianos, polariza los comicios del domingo en los 23 municipios en
estado de excepción, especialmente en el circuito electoral uno de Táchira, un
estado históricamente convulso, donde estallaron las protestas de 2014 que
dejaron 43 muertos en todo el país.
En
el circuito uno están los primeros distritos donde fueron limitadas las
reuniones públicas, manifestaciones, el libre tránsito, la privacidad de las
comunicaciones y la actividad económica.
1×10
versus vigilancia electoral
Néstor
Sayago, candidato del chavismo en el circuito uno, hace un recorrido casa por
casa en Rubio, a 40 km de Colombia: posa para los selfis con sus seguidores y
les pide cumplir con el 1×10: cada militante debe movilizar a diez electores en
las votaciones.
Cuando
un locutor comunitario le pregunta qué ofrece a la frontera, Sayago enumera:
“Cuatro mil nuevas viviendas que vamos a arreglar, pensiones, canaimitas
(laptops de uso escolar), tablets y taxis”.
La
oposición reprocha al oficialismo el uso de fondos públicos para financiar a
sus candidatos, a lo que Sayago responde que los disidentes cuentan con la
prensa internacional. “Cuando hablamos de una maquinaria de telecomunicaciones
por parte de la derecha, estamos en desventaja”, dice a la AFP.
Casi
en paralelo, la candidata opositora Laidy Gómez recorre Peracal, una de las
principales alcabalas de la frontera. Mientras apresura el paso para sacarle
distancia a la lluvia, pregunta a las mujeres si consiguen toallas sanitarias;
a los hombres, repuestos para sus vehículos.
Gómez
aclara que el estado de excepción no ha afectado mucho su campaña, aunque
señala que los cuerpos de inteligencia suelen grabar y fotografiar sus
movimientos. Frente al 1×10, replica que la oposición dispone de una maquinaria
“plenamente capacitada y preparada” para la “defensa del voto”.
Para
el candidato chavista, el cierre de la frontera ha impedido la fuga de “180
millones de litros de gasolina por contrabando”. Según su rival, perjudicó al
sector privado porque bloqueó el acceso a los insumos importados.
El
taxista Luis Meléndez se alegra de que a los traficantes “se les haya caído el
negocio”. Antes una pimpina de 20 litros de gasolina venezolana -la más barata
del mundo y que cuesta 0,015 dólares por litro- se revendía ilegalmente mil
veces más cara en la ciudad colombiana de Cucúta, fronteriza con Venezuela.
Pero
Amanda se pone de ejemplo para demostrar que el cierre no evita el “bachaqueo”,
como se refieren los venezolanos a la compra de productos subsiados para luego
revenderlos a precios muy superiores. “Hago dos horas de cola cada día para
comprar harina o aceite y luego revendo en el barrio”, revela esta madre de
cuatro hijos. “Si no lo hago, mi familia no come”, sentencia.
Mientras
los aspirantes a diputados preparan el cierre de campaña para este jueves, los
habitantes de la frontera sacan cuentas a futuro. Meléndez hacía unos 18 viajes
diarios cuando los colombianos cruzaban la frontera. Ahora apenas llega a una
decena. Por eso piensa “buscar otro trabajo si la situación no cambia”.
El
jubilado José Luis Sandoval lo ve en blanco y negro: “Si el gobierno se roba
las elecciones, tendremos que protestar como el año pasado”. Casi en susurro,
Amanda confiesa que no irá a votar el domingo. “Ya no creo en nadie”, zanja.
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