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Bajo el título de Periodismo en arenas
movedizas, este análisis construye una radiografía del ejercicio del
periodismo, que abarcó 67% del territorio nacional, gracias al apoyo de la red
de corresponsales de la organización.
El Instituto Prensa y Sociedad de
Venezuela (IPYS) presentó la segunda edición de su reporte Censura y
Autocensura en periodistas y medios de comunicación en Venezuela,
correspondiente a 2015.
Bajo el título de Periodismo en arenas
movedizas, este análisis construye una radiografía del ejercicio del
periodismo, que abarcó 67% del territorio nacional, gracias al apoyo de la red
de corresponsales de la organización.
La muestra seleccionada de manera
aleatoria abarcó medios privados (73,13%), independientes (10,57%), estatales
(8,81%) y comunitarios (7,49%), y se desplegó en 16 estados: Distrito Capital,
Trujillo, Miranda, Lara, Táchira, Zulia, Anzoátegui, Monagas, Falcón, Bolívar,
Portuguesa, Carabobo, Aragua, Mérida, Barinas y Apure.
Los encuestados proponen un conjunto de
normativas indispensables para garantizar el libre ejercicio del periodismo y
la libertad de expresión en Venezuela.
“El periodismo venezolano -dice
Marianela Balbi, directora ejecutiva de Ipys Venezuela- tiene el desafío de
recuperar su esencia y reflejar las voces de denuncia de los ciudadanos.
Nuestro periodismo necesita ser el espejo de una sociedad en la que se
practique el escrutinio de los poderes, como un ejercicio saludable para la
democracia”.
“El periodismo venezolano -continúa
Balbi- debe ser contrapoder. Es indispensable que se abra a las voces de las
comunidades que debaten y practican la deliberación pública. Requiere anular
las órdenes de silencio. Tiene el reto de superar los riesgos, las amenazas,
las presiones, la censura y la autocensura. El periodismo venezolano reclama
autonomía, independencia, diversidad y pluralidad. Necesita estímulo,
protección, fuerza y libertad”.
Estos son los nuevos desafíos para el
periodismo venezolano, que, según Mariengracia Chirinos, coordinadora del
proyecto y directora de libertades informativas se desprenden del análisis de
los datos arrojados por la encuesta, y que se explican a continuación..
El círculo de la censura
El estudio de IPYS Venezuela reveló que
a lo largo de 2015 –ante diferentes hechos, fuentes y circunstancias– los 227
periodistas objeto de esta encuesta, admitieron haber sido indulgentes.
Pensaron con detenimiento las consecuencias restrictivas que se podrían derivar
de su función informativa sobre asuntos que son de interés público, al punto de
bordear la autocensura.
La percepción coincidió en que, en
Venezuela, dominan los obstáculos para el ejercicio pleno del periodismo como
mecanismo de contraloría social y que estas restricciones se manifiestan a
través de presiones directas e indirectas que están bajo el mando de las
fuerzas del Estado, de las instituciones privadas y civiles reconocidas, pero
también por parte de grupos al margen de la ley.
Estas condiciones hacen que Venezuela
esté frente a un escenario velado, bajo una espiral en la que la censura
comienza a tejerse mediante constantes negativas de diversos sectores para
informar sobre asuntos de interés público, se agudiza con diversas presiones
sutiles e indirectas que derivan en la omisión informativa, y termina en la
decisión voluntaria de los periodistas de guardar silencio.
37% de los participantes refirió que una
de las razones por las que han preferido ser cautos, o guardar silencio, han
sido las amenazas de acciones legales, que los podrían llevar a enfrentar
procesos civiles o penales ante las instituciones estatales.
30% dijo que su decisión de
autocensurarse obedecía a los procedimientos judiciales abiertos contra medios
y periodistas.
21% dijo estar preocupado por la
aplicación de las disposiciones sobre difamación e injuria, establecidas en
leyes penales de Venezuela, y sobre las cuales se han agudizado las demandas
contra periodistas y medios de comunicación en los últimos 3 años.
El mutismo que protege la fuente
Otro rasgo que caracterizó el informe de
Ipys Venezuela fue una tendencia de los periodistas de inhibirse de informar
por temor a poner en riesgo a su fuente. Esto ocurrió incluso cuando los hechos
eran comprobados y verificables. Las noticias se dejaban por fuera por temores
íntimos y no por razones de falta de calidad, espacio o jerarquía.
La principal razón de los consultados
para guardar silencio fue la necesidad de proteger a sus fuentes de información
(26%) o para no afectar a un inocente (25%). Además de resguardar su propia
seguridad, los periodistas también pensaron en evitar poner en alguna situación
de riesgo a las personas o instituciones a las que consultan.
Existe una consistencia en esta
actuación de los periodistas al analizar las constantes presiones que se
ejercen para que revelen de dónde provienen los datos que ellos manejan.
Aunque solo tres de las 227 personas
consultadas admitieron abiertamente haber revelado sus fuentes de información,
15 prefirieron abstenerse de contestar. 20% se autocensuró por precaución ante
amenazas y advertencias de sanciones ejercidas por funcionarios públicos, 20%lo
hizo para evitar amenazas contra la seguridad o integridad física.19% se
inhibió como medida de cautela ante la aplicación de leyes que penalizan las
actividades mediáticas.
Temas intocables
Los participantes reconocieron algún
grado de autocensura en todos los temas que abarcan los fundamentos de la
cobertura social, política y económica del país. Así lo refleja 30% de ellos,
que decidió, voluntariamente, no difundir informaciones relacionadas con las
situaciones que los exponían –a ellos mismos o al medio para el cual
trabajaban– al riesgo de ser demandado. También, 19% dijo que tomaba esta
decisión para resguardar los intereses de alguna de sus fuentes.
La autocensura, además, sirvió de escudo
para evitar cubrir temas vinculados a hechos de violencia y criminalidad (19%);
conflicto con autoridades de gobierno (18%); disputas con manifestantes
violentos (17%); escasez de alimentos (15%), actividades relacionadas con el
narcotráfico (14%), entre otros.
Censura interna
En todos los temas planteados hubo
restricciones indebidas en las empresas mediáticas en mayor o menor grado:
conflictos con autoridades del gobierno (35%); situaciones que expongan al
medio o al periodista al riesgo de ser demandado (30%); escasez de alimentos e
insumos (30%); intereses de una fuente que se quiere proteger (27%); hechos de
violencia (23%); seguridad nacional (19%); intereses o puntos de vista de los
anunciantes (18%); control cambiario (18%); conflictos con grupos de
manifestantes violentos (15%); infancia (14%); moral pública (10%); tráfico y
consumo de drogas (9%).
Incluso, estas medidas de censura
interna que asumen las empresas de comunicación derivaron, a lo largo de 2015,
en la prohibición que le giraron los dueños y directivos de medios a los
periodistas con la finalidad de evitar cubrir una fuente en particular, según
la percepción de37% de los encuestados.
Bajo estas órdenes se consolida una
máxima dentro de las salas de redacción de los medios de comunicación: para el
periodismo hay temas y personajes que no se pueden escrutar. Por lo menos, 36%
de los periodistas aseguró que sus jefes le han prohibido nombrar a actores
específicos.
22% de la población que conformó este
estudio mostró su inquietud sobre las presiones internas para realizar réplicas
o rectificaciones de informaciones, exhaustivamente corroboradas y verificadas,
bajo los métodos que se practican en el periodismo.
29% de los periodistas indicó que en el
medio de comunicación para el que laboran existe alguna instancia externa de
control de contenidos informativos, con la capacidad de decidir cuáles
contenidos se difunden y cuáles no.
Las órdenes oficiales
En esta investigación Periodismo en
arenas movedizas, IPYS Venezuela reveló claros patrones de las órdenes
oficiales que se giran desde las instituciones del Estado con la finalidad de
infringir la autonomía editorial de los medios de comunicación. Ante estas
presiones las empresas mediáticas asumen una actitud endeble y tímida.
Por las constantes amenazas y la
necesidad de velar por sus intereses comerciales y políticos, los
representantes de los medios ceden sus espacios. Así se alimenta la
incertidumbre en relación del trabajo mediático como servicio público.
Hay presiones que ejercen las diversas
fuerzas de poder sobre los medios de comunicación, que son tenues, pero hay
otras imposiciones que sí se perciben, en tanto se ordenan en voz alta.
41% tuvo conocimiento de que el medio o
la institución de comunicación para las que trabajaban, en ese momento,
recibieron exhortaciones externas para evitar la publicación de determinada
información.
30% supo de órdenes que formularon altos
funcionarios del Estado para obligar al medio de comunicación a publicar
boletines, notas de prensa e informaciones emitidas por organismos oficiales.
El Estado censor
El principal censor del país es el
Estado. En 2015, los periodistas consultados en esta investigación tuvieron la
percepción de que los poderes públicos emitieron órdenes expresas de censura,
que afectaron la libertad de expresión y el derecho a la información.
Al igual que en 2014, como silenciador
de la labor informativa, en el primer lugar se ubicó el poder ejecutivo (24%).
Le siguió el poder legislativo (15%); el poder judicial (12%), el poder
electoral (6%) y el poder moral (4%).
En la antesala de las elecciones
parlamentarias, justamente, los periodistas consultados denunciaron las
constantes restricciones que rodearon la fuente electoral en relación a las
informaciones de interés público sobre las elecciones parlamentarias, que luego
se celebraron el 6 de diciembre de 2015.
Más de la mitad de los encuestados, es
decir 59%, denunciaron las negativas de las autoridades del Consejo Nacional
Electoral (CNE), en distintos estados del país, para conceder entrevistas a los
periodistas, de acuerdo a sus propias experiencias o la de algún compañero de
trabajo.
El sigilo irregular
Los poderes no estatales y las fuerzas
al margen de la ley también ejercieron la censura durante 2015. Aunque los
porcentajes fueron menores en comparación con 2014, los grupos económicos
privados fueron los que más desplegaron órdenes de silencio (11%).
Este patrón también se manifestó en las
restricciones al acceso a la información pública por parte de actores privados.
Al menos 6 de las primeras 10 instancias que niegan el derecho a saber de los
ciudadanos fueron grupos empresariales, vinculados a las importaciones y a las
contrataciones con el Estado.
Entre los principales temas en los que
se manifestó la censura y la autocensura, que involucran al sector privado,
estuvieron los asuntos relacionados con el desabastecimiento de alimentos y las
restricciones en el manejo de las divisas extranjeras en la economía del país.
El mutismo en los medios
Los medios de comunicación privados,
independientes, estatales y comunitarios también censuraron informaciones de
evidente interés público, sobre las condiciones de transparencia y gestión de
calidad en las que ejercen su labor.
Fue determinante la compra y venta de medios,
así como los cambios en la gerencia, situaciones que debilitaron la
independencia y autonomía informativa dentro de los propios medios de
comunicación.
Así que 35% de los 227 que participaron
en esta investigación desconoce quiénes son los propietarios de los medios para
los que trabajan. Así se interpretó esta respuesta al analizar que28% dijo que
no los conocía y 7% prefirió abstenerse de responder.
De igual modo, entre los principales
obstáculos para el ejercicio periodístico apareció el cambio de propiedad y
gestión del medio de comunicación donde laboran los encuestados, según la
percepción de 21% de la muestra.
La tranca del Estado
Las primeras tres instancias generales
que, reiteradamente, negaron información a los periodistas durante 2015, fueron
los ministerios, sus entes centralizados, los organismos de salud pública y las
instituciones encargadas de la seguridad de la nación.
Al menos 7 de cada 10 de los consultados
coincidieron en denunciar algún tipo de limitaciones ante los gabinetes ejecutivos.
De igual modo, 69% manifestó recibir negativas de información –muy frecuentes,
relativamente frecuentes y poco frecuentes– en los centros estatales de
atención médica, durante el ejercicio periodístico. Mientras que 75% indicó
recurrentes restricciones de acceso a la información por parte de los cuerpos
de seguridad del Estado.
Entre las 10 instituciones más referidas
por sus prácticas restrictivas que perjudicaron el derecho a saber, destacaron
otras instancias del gobierno nacional y regional, tales como la Presidencia de
la República y las gobernaciones.
Otro dato remarcable, es que el evidente
panorama de escasez y déficit económico que afecta a Venezuela se tradujo en
mayor opacidad. De acuerdo a los análisis de los promedios generales, destacaron
las restricciones del acceso a la información pública por parte de empresas
distribuidoras y comercializadoras de alimentos (58%) y de productos
farmacéuticos (57%), así como los bancos y las casas de bolsas (53%).
Impunidad y riesgos
La impunidad y los riesgos de los
periodistas también son cruciales de acuerdo a los resultados del estudio. Al
analizar los resultados completos de acceso a la información pública, IPYS
Venezuela determinó que no existe en el país un sector –ni estatal ni privado–
que cumpla completamente con el principio de máxima divulgación que sustenta el
derecho de todos los ciudadanos a saber.
Esta es una de las razones que explican
las principales inquietudes de los periodistas sobre su oficio. Por lo menos,
durante 2015, 72% vio con preocupación el cierre de las fuentes de información
pública, tanto del Estado como las privadas.
Este obstáculo prevalece por encima de
los temores por las agresiones de calle (59%); las violaciones de los cuerpos
de seguridad del Estado (49%); el temor a demandas penales por difamación e
injuria (40%), y las restricciones para el acceso y la consulta de contenidos
en Internet (35%). La impunidad desestimula la denuncia y le abre las ventanas
a las violaciones a la libertad de expresión. Esto ocurre porque no hay
investigación, sanciones, protección ni prevención.
Los resultados demuestran que los
periodistas fueron afectados por diversas violaciones a la libertad de
expresión, en su ejercicio periodístico. Así lo reflejaron, a modo personal, a
lo largo de esta consulta.
Sin embargo, la mayoría de estos hechos
no trascienden ante el sistema de justicia de Venezuela, porque el primer paso,
que es formalizar la denuncia, no ocurrió, según 61% de los encuestados. Esto
sucedió, en parte, por el desinterés y la falta de voluntad de los periodistas,
debido a que consideraron que no van encontrar una resolución adecuada a sus
problemas, ante las correspondientes instituciones del Estado.
Solo 11% de los afectados denunció en
todas las oportunidades que le ocurrieron sucesos de este tipo ante los
organismos de justicia correspondientes. Otros prefirieron hacerlo solo en
algunas oportunidades (12%).
Preocupa que se hayan tomado acciones al
margen de la ley para resolver los conflictos. Al menos 22% reconoció que
utilizó vías no convencionales para solventar la situaciones irregulares que
comprometieron su ejercicio periodístico. Este comportamiento ha sido
sistemático, desde 2014, cuando ya IPYS Venezuela alertaba sobre este fenómeno.
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