Los cuatro
primeros meses de 2016 sorprendieron al país con la sentencia contra el
director de Correo del Caroní por difamación agravada, y el cierre de El
Carabobeño por falta de papel prensa, un diario que tenía una tradición de 82
años en la región centro occidental. Fueron cuatro meses de abusos de poder,
censura y aplicación de normativas regresivas para el periodismo y el derecho
de los ciudadanos a estar informados
Prensa Ipys.
El
papel prensa para los medios impresos no está garantizado en Venezuela. Entre
los 120 casos de violaciones a la libertad de expresión que Ipys venezuela
contabilizó en los cuatro primeros meses de 2016, 49 se enmarcaron en el uso
abusivo del poder del Estado, vinculado a la función cambiaria y a la
regulación del comercio exterior, específicamente en el suministro de insumos
de imprenta para la prensa.
Este
número de violaciones supera los registros de IPYS Venezuela por este mismo
tipo de hecho, en el mismo periodo de los dos años anteriores. En enero,
febrero, marzo y abril de 2014 se reportaron 26 alertas por esta situación,
mientras que en el primer cuatrimestre de 2015 fueron seis denuncias públicas
por fallas en el suministro de papel periódico, tinta, planchas y otros
productos.
Las
denuncias, que desembocaron en disminución de paginación, tiraje, suspensión de
circulación y cierres, algunos temporales y otros definitivos, han aumentado y
se han vuelto constantes luego de que el presidente del Complejo Editorial
Alfredo Maneiro, Hugo Cabezas, anunciara a finales de enero de 2016 la
reducción en la asignación de papel periódico en 40%, que según la información
oficial, representaba alrededor de 400 toneladas.
Creado
en mayo de 2013 y adscrito al Ministerio del Despacho de la Secretaría de la
Presidencia, el Complejo Editorial Alfredo Maneiro centraliza los dólares
preferenciales a 12,50 para la importación de papel y otros insumos
indispensables para la impresión de periódicos, en un contexto de control
cambiario que afecta la economía del país desde hace 15 años, y que al cambio
oficial Dicom es de casi 400 bolívares.
La
agudización de la crisis del papel periódico se enmarca en la tendencia de
abuso de poder por parte del Estado venezolano en materia de comunicaciones,
durante el primer cuatrimestre de 2016. Bajo este contexto hubo también
acciones indiscriminadas de funcionarios públicos en contra de equipos
reporteriles durante la cobertura de calle y ante la publicación de
investigaciones periodísticas acerca de temas sensibles para las autoridades
oficiales.
Durante
cinco días, comprendidos entre el 3 y el 7 de abril de 2016, al menos siete
portales oficialistas desprestigiaron a periodistas venezolanos de medios
digitales, que participaron en la investigación periodística mundial Panamá
Papers, entre ellos Alba Ciudad, portal de la red de medios del Estado,
adscrito al Ministerio de Cultura; Aporrea, blog independiente; los medios
estatales Venezolana de Televisión y YVKE Radio Mundial; y los portales Misión
Verdad, La Radio del Sur y La Iguana TV. Varios de los mensajes
descalificativos también fueron difundidos por el Ministerio de Comunicación e
Información, en los lineamientos que giró a los medios del Estado para
responder a una “olla mediática internacional”. Con estas acciones suman 3 las campañas de
agravio promovidas por medios estatales y pro-oficialistas durante el primer
cuatrimestre de 2016.
En
este lapso se reportaron 10 alertas como consecuencia del discurso violento de
altos funcionarios públicos contra periodistas y medios de comunicación, con
fines intimidatorios. También preocupó a IPYS Venezuela que en este periodo
ocurrieron nueve detenciones arbitrarias por parte de cuerpos de seguridad
estatal. Estos hechos ocurrieron durante la cobertura de asuntos de sucesos,
comunitarios y en protestas sociales, en los estados Lara (2); Vargas (2);
Barinas (1); Sucre (1); Zulia (1); Miranda (1) y el Área Metropolitana de
Caracas (1).
La
opacidad y el silencio oficial predominaron en este tiempo. IPYS Venezuela
contabilizó 44 limitaciones de acceso a la información de interés público a
periodistas y trabajadores de medios por parte de funcionarios policiales y
militares, y vigilantes de instituciones públicas, principalmente.
Panorama
2016
Entre
el 1 de enero y el 30 de abril de 2016, IPYS Venezuela reportó 120 casos de
violaciones a la libertad de expresión, que comprendieron limitaciones por opacidad,
agresiones a periodistas, ataques a medios de comunicación, abusos de poder,
censura, aplicación de normativas restrictivas, y limitaciones a la libertad de
expresión en Internet.
Los
mayores conflictos en materia de libertad de expresión fueron en el Área
Metropolitana de Caracas, donde se registraron 19 casos, los estados Monagas
(10) y Sucre (10). Hubo restricciones también en Lara (7), Táchira (7), Mérida
(7), Miranda (6), Zulia (5), Apure (4), Portuguesa (4), Aragua (3), Carabobo
(3), Bolívar (3), Falcón (3), Barinas (2), Vargas (2), Trujillo (2), Amazonas
(1) y Anzoátegui (1). Se registraron 5 decisiones que tuvieron alcance nacional
y 16 que ocurrieron en Internet.
Este
indicador supone que hubo, en promedio, 30 casos por mes. Esta tendencia se
mantuvo en comparación al primer cuatrimestre de 2015, cuando ocurrieron 125
casos de violaciones a la libertad de expresión.
Este
período destacó con el cierre técnico del diario El Carabobeño, luego de 82
años de labores. El 17 de marzo de 2016 imprimió lo que sería el “Zarpazo a la
Libertad”, portada de la última versión impresa de este medio. Hasta la fecha
de publicación de este informe (3 de mayo de 2016) son 47 días en los que se ha
mantenido paralizada su rotativa, aunque su versión web continúa activa.
Un
caso que marcó un mal precedente en materia de libertad de expresión en este
lapso fue la sentencia emitida por el sistema de justicia venezolano, cuando en
la madrugada del 11 de marzo de 2016 el director del periódico guayanés Correo
del Caroní, David Natera Febres, fue condenado a cuatro años de prisión por el
delito de difamación agravada, situación que se suscitó a partir de la
cobertura sobre hechos de corrupción relacionados con la empresa estatal
Ferrominera del Orinoco, ante una demanda de Yamal Mustafá, propietario del
diario Primicia, y contratista de las industrias básicas del Estado.
En
una serie de reportajes de investigación publicada por Correo del Caroní, se
revelaron datos que relacionaban a Mustafá y a otros funcionarios con negociaciones
irregulares en el caso de Ferrominera. Para la fecha, sin embargo, no se ha
conocido la sentencia firme por parte del juez Beltrán Javier Lira, que debía
ser difundida en un lapso de 10 días hábiles.
Ipys
Venezuela ha insistido en la necesidad de eliminar los delitos de difamación e
injuria de los códigos penales, por cuanto los estándares internacionales de
libertad de expresión son categóricos al asegurar que estos procedimientos
atentan contra la libre expresión.
Bajo
este panorama IPYS Venezuela muestra su preocupación por esta serie de hechos
que vulneran el derecho que tienen los ciudadanos a informarse de manera libre
y oportuna, así como del derecho que tienen los periodistas de ejercer su
profesión sin restricciones, riesgos ni amenazas. De esta manera, exhortamos a
los actores estatales y no estatales a reivindicar las garantías necesarias
para el ejercicio de la libertad de expresión, un derecho fundamental para la
democracia.
IPYS
Venezuela se suma al llamado que ha hecho Ban Ki-moon, Secretario General de la
Organización de Naciones Unidas, a propósito del Día Mundial de la libertad de
prensa, que se celebra este 3 de mayo: Instamos a “los gobiernos, los
políticos, las empresas y los ciudadanos a que se comprometan a impulsar y proteger
la libertad y la independencia de los medios de comunicación. Sin este derecho
fundamental, las personas son menos libres y están menos empoderadas. Con él,
podemos trabajar juntos para lograr un mundo con dignidad y oportunidades para
todos”.
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