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Fedecámaras
criticó que, nuevamente, la decisión de aumentar el ingreso mínimo de los
trabajadores no haya pasado por una consulta tripartita y, por el contrario,
sea informada de forma unilateral, sorpresiva y ambigua. Mientras, el sector
comercial teme que la medida traiga como consecuencia un mayor cierre de
empresas.
El
presidente Nicolás Maduro anunció este viernes la decisión de aumentar 50% el
salario mínimo para “todos los trabajadores del país”, y elevar la base de
cálculo para el cestaticket de 3,5 UT a 8 UT. Este incremento llevaría el
sueldo básico a Bs 22.576,8, mientras que el bono de alimentación pasa a Bs
42.480.
Representantes
gremiales consultados por El Estímulo explicaron que el impacto de la medida
será proporcional al tamaño de la industria. Cipriana Ramos, presidente de
Consecomercio, opinó que en el actual contexto de país el efecto es peor pues
“no hay ingresos porque no hay ventas”.
“Ahora
sí es verdad que viene un cierre de empresas”, anticipó, citando el ejemplo de
una farmacia que tiene que mantener a un mínimo de 4 trabajadores y cuya
rentabilidad, además, está atada a los productos regulados.
Para
ella, este tipo de decisiones pasan por una identificación errónea de los
problemas del país y señaló que el aumento “viene a empobrecernos más a todos,
porque el ingreso nunca va a ser suficiente”.
Por
su parte, Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras, indicó que lo primero
que hay que observar es el incumplimiento reiterado de las normas
internacionales, que establecen que el aumento del salario mínimo debe derivar
de una consulta en la que participen los trabajadores, los empresarios y el
gobierno.
Indicó
que el anuncio se hace un viernes en la noche buscando generar un “efecto
sorpresa” de modo que los agentes económicos no puedan reaccionar de forma
inmediata.
Además,
destacó que existe una ambigüedad en cuanto a las declaraciones del presidente,
pues no queda claro si el alza solo aplica para el sector público. No obstante,
considera que el impacto en términos de gasto público continuará alimentando el
ciclo vicioso de la inflación.
“Son
2,4 millones que se calcula que están en el sector público, y eso (el
incremento del sueldo) aumenta el gasto público corriente, por lo cual aumenta
también el déficit fiscal, y el único recurso que tiene el gobierno para
financiarlo es vía la generación de dinero inorgánico que, como todos sabemos,
produce inflación”, explicó vía telefónica a El Estímulo.
Añadió
que el problema de la pérdida de poder adquisitivo en los venezolanos es
estructural y está atado al control de la inflación, que “diluye el esfuerzo
que hace el gobierno y las empresas para tratar de recuperar el salario”. De
hecho, considera que esta decisión ni siquiera podría considerarse un aumento
sino un mero ajuste, pues todavía no logra superar el ritmo de incremento de
los precios en el mercado interno.
En
cuanto al cierre de empresas, no es tan pesimista como Ramos, pues sostiene que
las industrias cuentan con contratos colectivos cuyos beneficios ya superan las
condiciones mínimas legales, incluso las que acaba de establecer el mandatario
nacional. No obstante , admitió que habrá empresas, especialmente pequeñas y
medianas, que no podrán subir los sueldos en esta magnitud y tendrán que
enfrentarse a la “lamentable decisión” de bajar la santamaría.
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