Prensa. voanoticias.com
Varios
representantes de organizaciones que protegen los derechos de los grupos
minoritarios aplaudieron la decisión. En tanto el gobierno estatal, con el
republicano Greg Abbott al frente, tienen un punto de vista muy alejado al
respecto.
El
condado de Travis, en el que se encuentra la capital de Texas, Austin, limitó
su cooperación con los funcionarios de inmigración en la detención de
indocumentados al aplicarse las nuevas políticas "santuario", pese a
las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump.
Los
servidores públicos de Travis, cuya capital es también Austin, únicamente
colaborarán con las autoridades federales cuando un sospechoso sea registrado
en la cárcel del condado con cargos de asesinato, agresión sexual o tráfico de
personas.
De
lo contrario, los agentes federales necesitarán una orden judicial o una de
arresto firmada por un juez para mantener en la cárcel a una persona cuyo
estatus migratorio está en cuestión.
Hace
una semana, Trump firmó una orden ejecutiva en la que instruyó al Gobierno a
retirar los fondos federales a aquellas ciudades que protejan a los
indocumentados, en un acto en el que le acompañaron madres de personas muertas
a manos de delincuentes extranjeros con un estatus migratorio irregular.
"La
comunidad debe estar segura de que la aplicación de la ley local se centra en
la seguridad pública local, no en la aplicación federal de la
inmigración", señaló la sheriff del condado de Travis, Sally Hernández, en
un video.
La
reacción del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, férreo opositor a
las "ciudades santuario", no se hizo esperar y hoy mismo cortó la
financiación estatal para el condado de Travis, lo que afecta una partida de un
millón y medio de dólares que el condado debía recibir este año de la división
de justicia penal de la oficina del gobernador.
Esta
división, que en enero proporcionó 300.000 dólares a la oficina del sheriff,
dotó de 1,8 millones de dólares el año pasado a este cuerpo policial, lo que
representa poco más de un 1 % de su presupuesto total, que asciende hasta los
169 millones de dólares.
Hasta
ahora, una persona presuntamente indocumentada y sospechosa de haber cometido
un delito que ingresaba en un centro de detención de la Oficina de Inmigración
y Aduanas (ICE) podía estar retenida hasta 48 horas más que otro individuo con
los documentos en regla, un tiempo suficiente para que la agencia federal
tomara al sospechoso en custodia si se considera deportable.
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