Prensa.
lanacionweb.com
En
un procedimiento conjunto entre efectivos de Politorbes y representantes del
Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolecentes de esa misma jurisdicción,
el viernes por la tarde se logró recuperar o rescatar a seis infantes que
permanecían encerrados y en presunto estado de abandono dentro de un rancho, en
la invasión “Hugo Chávez Frías”, entre ellos una niña de seis años, encadenada
a un palo.
En
este sentido, el comisionado agregado, Richard Osorio, director de Politorbes,
explicó que atendiendo una orden de la juez superior de los Tribunales de
Protección, la comisión mixta se trasladó hasta la mencionada invasión,
adyacente al relleno sanitario de San Josecito, para verificar la situación
irregular en la que, según varias denuncias de vecinos, estaban siendo
sometidos los menores, cuya madre los dejaba encerrados y supuestamente abandonados
diariamente y por muchas horas.
Ya
en el lugar, agregó Osorio, las autoridades observaron desde afuera que en el
interior del rancho efectivamente se escuchaban ruidos y había movimientos de
niños, a la vez que repentinamente un adolescente, de unos 13 años, al
percatarse de la presencia policial salió de la casa y emprendió veloz huida en
dirección a una zona boscosa.
Una
vez ingresaron al humilde inmueble hallaron varios niños, en edades
comprendidas entre los cinco meses y 10 años; mientras que al continuar la
inspección, en la parte posterior, en el
área del baño-lavadero, localizaron a una pequeña de unos cinco años, cuyo
tobillo izquierdo estaba encadenado a un palo.
Observaron
también que la infante presentaba algunas lesiones visibles en el rostro y
cuerpo.
Al
preguntarles a los otros niños sobre la
situación de su hermanita, estos manifestaron que esa fue una medida adoptada
por su progenitora en razón de que “comía mucho y no dejaba comida para los
demás”, además de que se “portaba mal”.
Ante
este presunto delito de maltrato, los pequeños fueron evacuados del lugar. En
primera instancia fueron trasladados hasta el CDI de San Josecito, para una
valoración médica.
A
la bebé de meses la remitieron al Hospital Central de San Cristóbal, donde una
dama que recién dio a luz la amamantó, al compadecerse de su evidente estado de
desnutrición, desnutrición que en mayor o menor grado también afecta a sus
hermanitos.
Posteriormente,
al trasladarlos al Centro de Coordinación Policial de Politorbes, pudieron
cenar, y de allí fueron llevados hasta una casa-hogar. La madre de los niños se
presentó a la estación policial y por orden del Ministerio Público fue detenida
preventivamente, mientras los órganos correspondientes se encargan de ahondar
en las investigaciones, bajo la coordinación de la Fiscalía 16 del Ministerio
Público, a cargo de la abogada Karina Hernández.
La
mujer señaló que anteriormente se dedicaba a reciclar basura en el relleno
sanitario de San Josecito, y ahora trabajaba como “semanera” para la alcaldía
del municipio San Cristóbal.
Se
defendió alegando que solo ella sabía y padecía la situación económica en la
que se encontraba y lo que significa mantener a siete hijos. Que debía dejarlos
solos para poder trabajar. Y aunque efectivamente todo eso es cierto, si bien
la necesidad la obligada a adoptar medidas extremas pero nada recomendables, lo
que hacía se considera como maltrato infantil, pues nada justifica que
encadenara a una de sus hijas, que presuntamente la agrediera físicamente y, además,
los dejara a todos expuestos a peligros inminentes.
De
manera extraoficial, algunos vecinos aseguraron que la mujer de 35 años de
edad, (aún cuando enseñó las partidas de
nacimiento de los siete menores de edad), en realidad en total tiene diez hijos,
y que la conocen por su presunta adicción a las drogas.
La
orden del tribunal era clara, rescatar a los niños de esa situación en la que
se encontraban, y por ello quedará en manos del Estado garantizarles el
bienestar físico y emocional que tanto necesitan y al
que tienen derecho. En cuanto al adolescente de 13 años que huyó de la
casa, presumen que lo hizo al ver a los policías y creer que iban por él, en
razón de que por problemas de conducta, un tribunal le ordenó trabajo
comunitario.
También
se está indagando su paradero, no para sancionarlo sino para prestarle ayuda,
pues la orden del tribunal también lo incluye a él, brindarle mayor seguridad
en distintos ámbitos.
Se
dijo finalmente que esta no sería la primera vez que a la madre la separan de
sus hijos, que hace unos cinco años también el Estado se los quitó, por
situaciones similares a las actuales; pero se desconoce por qué se los
devolvieron si aún no cuenta con las condiciones necesarias que le permitan criarlos, al menos
de manera aceptable. (Miriam Bustos)
.jpg)
