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Un estudio del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que el costo anual directo del
crimen y la violencia en América Latina y el Caribe asciende a US$261.000
millones, o 3,55 por ciento del PIB. Esta cantidad duplica el promedio de
países desarrollados y equivale al total que la región invierte en
infraestructura. Es, además, equivalente a los ingresos del 30 por ciento de la
población de menores ingresos de la región, lo que subraya el grave impacto que
la delincuencia tiene sobre el desarrollo de los países.
El crimen y sus
costos: nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe marca un hito
para cuantificar costos del crimen comparables para 17 países de la región, y
referenciados contra 6 países desarrollados. El crimen y la violencia alcanzan
niveles que se acercan a una crisis. La región tiene el 9 por ciento de la
población mundial, pero registra un tercio de las víctimas de homicidios a
nivel global.
Es la región más
violenta del planeta, fuera de las zonas de guerra. Seis de cada 10 robos son
cometidos con violencia y el 90 por ciento de los homicidios no son resueltos.
Sus cárceles están entre las más hacinadas en el mundo. “El crimen ha llegado a
niveles alarmantes en muchos países”, dijo Ana María Rodríguez, la gerente del
Departamento de Instituciones para el Desarrollo del BID.
“Al aportar
cálculos de los costos de la violencia a nivel regional, subregional y
nacional, el estudio facilitará una mejor asignación de recursos por parte de
los gobiernos y las agencias multilaterales de cooperación, así como el diseño
de mejores políticas para controlar y prevenir el crimen”, señaló Rodríguez.
Los costos del
crimen y la violencia en la región ascienden, en promedio, a 3,55 por ciento
del PIB en América Latina y el Caribe, comparado con 2,75 por ciento en los
Estados Unidos, 2,55 por ciento en el Reino Unido y 1,34 por ciento en
Alemania. El análisis indica que si la región acercara sus costos del crimen al
nivel de los países desarrollados, podría aumentar su inversión en infraestructura
en un 50 por ciento.
El costo del
crimen, según el estudio, se compone de tres partes
Los costos
sociales incluyen victimización letal y no letal, y los ingresos cesantes de la
población carcelaria: 0,64 por ciento del PIB. Los gastos del sector privado
(hogares y negocios) en seguridad: 1,37 por ciento del PIB.
Gastos fiscales,
incluyendo las policías y las cárceles: 1,51 por ciento del PIB. Los estimados
son conservadores al incluir los costos directos del crimen: los gastos
públicos y privados, y los costos sociales. No incluyen costos indirectos como
los cambios en el comportamiento de las personas debido al miedo al crimen o
los impactos de la violencia en la salud de la gente.
El gasto público
en las áreas que tienen que ver con la prevención y control del crimen en
América Latina y el Caribe es similar al gasto de los países desarrollados como
Estados Unidos y Reino Unido. No obstante, el gasto es una porción mucho mayor
de los presupuestos públicos, y los gastos privados en la prevención del crimen
es muy superior al de los países desarrollados, según indica el estudio.
El estudio
contiene capítulos que analizan los costos del crimen en Brasil, el Triángulo
Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) y el Caribe. Utiliza
metodologías innovadoras para calcular los costos directos de los homicidios y
los ingresos cesantes de sus víctimas (0,36 por ciento, o un costo anual de
US$10.500 millones para el período 2014-2015).
El informe
demuestra cómo la distribución del crimen en la región es un fenómeno desigual
– tanto entre los países como en su interior. Por ejemplo, estados brasileños
con altas tasas de crimen como Alagoas y Ceará tienen costos y tasas más alineadas
con países del Triángulo Norte. Lugares más seguros como Bello Horizonte y Sao
Paolo tienen números más cercanos a Chile y Uruguay.
El estudio
también destaca los elevados costos de las altas tasas de encarcelación en
América Latina y el Caribe. Para el período 2010-2014, la región gastó US$6.500
millones al año para construir y mantener cárceles. Los individuos encarcelados
sumaron ingresos cesantes de US$7.300 millones al año. Ambas cifras suman 0,39
por ciento del PIB, superando la suma que los gobiernos transfieren a los
hogares más pobres mediante las transferencias condicionadas de dinero.
Los países que
más invierten en cárceles no necesariamente se benefician con menos
delincuencia. Las Bahamas y El Salvador, por ejemplo, invierten altas sumas
como porcentaje de su PIB en sus sistemas penitenciarios, pero sufren de
elevadas tasas de delincuencia. Argentina y Uruguay, por otra parte, tienen
menores niveles de encarcelación y niveles de crimen más bajos.
Los costos de la
violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe son el doble del
promedio mundial, y el estudio apunta a posibles vías de mayor investigación en
el futuro sobre violencia de género. El libro también incluye capítulos sobre
el ciber-crimen y el crimen organizado.
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