Prensa.
EFE
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) examinará los decretos migratorios de Trump, la crisis
político-social en Venezuela y la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos
de Ayotzinapa en las audiencias públicas que celebrará entre mañana y el 22 de
marzo en su sede de Washington.
Otros temas destacados de su 161 periodo
de sesiones serán los cambios normativos en inmigración de Argentina, la
situación de la libertad de expresión en Nicaragua, así como las denuncias de
violencia y tortura en las cárceles brasileñas.
Las audiencias públicas de la CIDH, que
se celebran varias veces al año en función del presupuesto, son la principal
herramienta de la Organización de Estados Americanos (OEA) para visualizar y
denunciar las violaciones de derechos humanos en la región.
La agenda de este periodo es de 40
audiencias, unas sobre problemáticas de derechos humanos en 16 países y otras
generales sobre la situación de un colectivo en toda la región.
Uno de los asuntos que más preocupan
este año es el aumento del acoso y los asesinatos a defensores de derechos
humanos, especialmente de los que se dedican a temas medioambientales.
Por eso se han convocado cinco
audiencias sobre su situación en Honduras, Panamá, Colombia, Guatemala y, una
última, general de toda América.
Entre las novedades, destaca la primera
audiencia sobre los derechos de las trabajadoras sexuales en la región y otra
acerca de la situación de las personas intersexuales, las que tienen menos
visibilidad dentro del grupo LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e
Intersexuales).
Si otros años eran Venezuela, México o
Colombia los países con las audiencias más mediáticas, en esta ocasión Estados
Unidos se suma a este grupo con una audiencia convocada de oficio, a iniciativa
de la CIDH, sobre las medidas migratorias de Trump.
El martes, día 21, la Comisión
preguntará a los representantes del Gobierno estadounidense -que aún no se sabe
quienes serán- sobre sus inquietudes acerca de la nueva política de
deportaciones, de seguridad en la frontera, de visados y de asilo.
“Tenemos que escuchar al Estado, todos
tenemos dudas sobre cómo funciona todo”, indicó el secretario ejecutivo de la
CIDH, Paulo Abrão, en la presentación de las audiencias el pasado jueves en la
sede de Washington con un grupo de periodistas, entre ellos Efe.
Esa sesión también abordará la orden
ejecutiva de Trump para acelerar la revisión y aprobación ambiental de
proyectos de infraestructura, una iniciativa que inquieta a la CIDH.
La preocupación por Trump no restará
protagonismo a Venezuela, que sigue siendo “un tema prioritario de atención
para la CIDH”, según aseguró Abrão.
El Estado venezolano ha pedido una
audiencia para informar sobre la Comisión por la Justicia y la Verdad del país,
mientras que la sociedad civil ha solicitado otras dos sobre “persecución
política” y acceso a la justicia.
México será el país con más sesiones,
cuatro, en las que se abordará la independencia del sistema judicial, la
situación de derechos humanos de los solicitantes de asilo y refugiados, y el
derecho a la verdad en casos de violaciones graves de derechos.
Una de las audiencias la ha convocado la
CIDH para evaluar el funcionamiento del mecanismo especial de seguimiento del
caso Ayotzinapa que acordó con México el año pasado, después de que el Gobierno
decidiera no prorrogar el mandato del grupo de expertos independientes de la
Comisión que investigaba el suceso.
Por el momento, la CIDH no está
satisfecha con las respuestas de México sobre la desaparición de los 43
estudiantes de la escuela Ayotzinapa en Iguala (Guerrero) en 2014.
La Comisión también celebrará audiencias
sobre el acuerdo de paz en Colombia, ante la “preocupación de organizaciones de
la sociedad civil con el escenario de impunidad”.
El secretario ejecutivo evitó decir si
la Comisión comparte esa preocupación y se limitó a “afirmar los estándares del
organismo de que las graves violaciones de derechos humanos no pueden generar
situaciones de impunidad”.
La CIDH abordará también la violencia
sexual contra las adolescentes en Bolivia, la trata de niños en Perú y la
situación de los afrodescendientes en Cuba.