En dos meses un
expediente con los crímenes de Nicolás Maduro tocará las puertas de la Corte
Penal Internacional. El papel de la derrocada fiscal, desde Colombia, será
clave para llevar al régimen venezolano ante los tribunales del mundo.
Prensa. Por
revista Semana (Colombia)
La
fiscal Luisa Ortega huyó de Venezuela con el agua al cuello, pero logró llegar
a Colombia con un cúmulo de información que –apenas con los primeros datos– ya
está ocasionando un tsunami en la región. Su fuga fue simplemente espectacular.
Quien
fue una de las mujeres más cercanas al desaparecido Hugo Chávez y fiscal
general desde 2007, acompañada de su esposo y dos funcionarios, puso en una
lancha rápida un par de maletas y navegó por tres horas desde la península de
Paraguaná hasta Aruba. Allí, en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, los
aguardaban dos pilotos colombianos a bordo de un chárter privado. Tras decolar,
la nave voló hacia el norte para luego virar al occidente y, finalmente, tomar
ruta hacia al sur. Fue un trayecto en parábola con el propósito de no ingresar
a cielo venezolano. A las 3:30 de la tarde del viernes 18 de agosto, la nave
aterrizó en Bogotá.
La
llegada de Ortega y sus primeros días en Colombia estuvieron marcados por el
secretismo y el silencio. Lo último que se sabía de ella era su breve
intervención, vía telefónica, en la Cumbre de Procuradores y Fiscales de
América Latina que se celebró en Puebla, México. Ortega, a quien la Asamblea
Constituyente oficialista que rige Venezuela apartó del cargo el 5 de agosto,
se dirigió a “mis hermanos fiscales”, para denunciar que la policía política
había tomado las instalaciones del Ministerio Público; aseguró que 64 fiscales
–siendo ella la primera– sufrían persecución y que el gobierno de Maduro les
había prohibido salir del país. “Todo esto por las investigaciones de Odebrecht
que involucran al señor Maduro y a su entorno. Eso los tiene muy preocupados”,
recalcó. Nadie imaginaba que al tiempo que sus palabras hacían noticia, ella
estaba llevando a cabo su plan de fuga.
El
lunes el secretismo se rompió con un breve y categórico trino del presidente
Santos: “La fiscal Luisa Ortega se encuentra bajo protección del gobierno
colombiano. Si pide asilo se lo otorgaremos”. Con eso bastó para que se armara
la de Troya. La cúpula del gobierno venezolano reaccionó con vehemencia y un
primer efecto de la acogida a Ortega es que se ahondó el abismo en las
relaciones bilaterales. “Bogotá se ha convertido en centro de la conspiración
contra la democracia y la paz de Venezuela. Vergüenza histórica del Caín de
América”, aseguró el canciller del vecino país, Jorge Arreaza. El funcionario
calificó de cínica la decisión de Santos y recordó que no era la primera vez,
pues desde 2002 Colombia protege a Pedro Carmona, jefe del fallido golpe contra
Hugo Chávez. Por su parte, el ex defensor del pueblo Tarek William Saab, quien
asumió la Fiscalía por mandato de la Asamblea Constituyente, calificó de
repugnante y ofensiva la decisión. El vicepresidente Diosdado Cabello, al
responder el trino de Santos, fue más irónico, pero no menos venenoso: “Te la
regalamos. Te vas a llevar una joya. Es más: nómbrala fiscal”.
Mientras
las virulentas reacciones del régimen de Maduro eran la comidilla política,
trascendió que Ortega y Santos se habían reunido en privado. A partir de esta
reunión se especuló que en cosa de horas la fiscal iría a Washington y que
desde allá expondría las pruebas para demostrar la corrupción del presidente de
Venezuela y su séquito. Pero Ortega sorprendió una vez más. Efectivamente tomó un
vuelo, pero con destino a Brasil. Apareció como invitada estelar en la reunión
de fiscales del Mercosur, y su intervención produjo el primer conato de crisis
regional.
Ortega
insistió en que el caso de Odebrecht en su país era de proporciones insospechadas
y que comprometía a la cúpula del gobierno, empezando por Maduro. Por los
documentos desclasificados en Estados Unidos sobre el escándalo, se sabía que
las coimas pagadas en Caracas eran del orden de 98 millones de dólares. Pero
Ortega aseguró: “En Venezuela se pagaron 300.000 millones de dólares por las
obras de Odebrecht”. Sin embargo, la fiscal no avanzó más al respecto y saltó a
otros escándalos. Sostuvo, por ejemplo, que el presidente de Venezuela y el
empresario barranquillero Álex Saab son propietarios de la firma Group Grand
Limited, con la que controlan en forma amañada el multimillonario negocio de la
asistencia alimentaria que provee el Estado a cerca de 6 millones de hogares
venezolanos. Del tinglado también haría parte Tarek William Saab, quien tendría
familiaridad con el empresario colombiano. Este fue el primero en rechazar la
acusación y anunció una demanda contra Ortega.
Respecto
al vicepresidente Diosdado Cabello, la fiscal aseguró que recibió 100 millones
de dólares por medio de la empresa española TSE Arietis. La suma, que incluso
suena desproporcionada para críticos del régimen, se habría triangulado a
través de dos primos del vicepresidente de Venezuela, Alfredo Campos Cabello y
Gerson Jesús Campos Cabello. Finalmente, la fiscal dijo que sabía que el
impuesto fiscal Saab ya había destruido los expedientes que reposaban en
Caracas, pero que ella poseía copias certificadas de todo y que las entregaría
a la Justicia de Estados Unidos, Colombia y España.
A
las afirmaciones de la depuesta fiscal desde Brasil, respondió de inmediato el
gobierno de Maduro. El presidente venezolano decidió sacar del aire,
inmediatamente, a los canales colombianos RCN y Caracol Televisión, y, por otra
parte, aseguró que solicitaría la captura de Luisa Ortega mediante una circular
roja de la Interpol.
A
su vez, desde Washington, el secretario general de la Organización de Estados
Americanos, Luis Almagro, dio los primeros pasos de la nueva estrategia
continental para hacerle frente al régimen de Maduro. La OEA comisionó a Luis
Moreno Ocampo, quien fue el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, para
que en un breve plazo –dos meses: septiembre y octubre– recaude evidencias
sobre crímenes de lesa humanidad perpetrados sistemáticamente en Venezuela. El
informe que elaborará Moreno será trasladado a la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional y al Consejo Permanente de la OEA, para que esas instancias
estudien la apertura formal de juicios contra el régimen de Maduro.
El
gobierno de Venezuela también será presionado con el destape de su corrupción
en escenarios internacionales. La OEA activó el Mecanismo de Seguimiento de la
Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic).
El procurador general, Fernando Carrillo, cree que los regímenes de Pinochet en
Chile, Fujimori en Perú así como Lula Da Silva en Brasil hicieron agua cuando
el mundo probó que eran máquinas de corrupción. “La dictadura de Nicolás Maduro
también caerá cuando se logre armarle un caso internacional por sus crímenes de
lesa humanidad, y por tener a Odebrecht como motor del socialismo del siglo
XXI”, asegura.
La
fiscal Ortega regresó a Colombia el jueves, y estará en el país mientras
determina en qué condiciones puede ir a Washington para entregar a la Justicia
de Estados Unidos las pruebas contra Maduro. Ya sea allá o acá, se anticipa que
pronto se reunirá con Moreno Ocampo y con la comisión de la OEA para documentar
un jugoso expediente internacional contra el presidente venezolano. Y eso
explica su furia renovada contra el gobierno de Colombia.