Prensa.
Voanoticias.
Uno era un teniente del ejército
venezolano que desertó por su oposición a las autoridades. El otro un activista
político que asegura que tuvo que huir después de que grupos aliados al
gobierno atacaron su casa. Al igual que miles de compatriotas, ambos terminaron
en Estados Unidos porque creían que era el lugar perfecto para pedir asilo
político.
Helegner Tijera Moreno, el exmilitar,
permanece detenido con una orden final de deportación en una prisión para
inmigrantes del estado de Nuevo México a la espera de un milagro que frene la
decisión de un juez de rechazar su solicitud de asilo y repatriarlo.
El activista, Marcos Guada, fue devuelto
a Venezuela en julio, pese a haberles suplicado a las autoridades que no lo
repatriaran porque tenía miedo de ser detenido y asesinado en su país. A los
tres días de haber llegado a Caracas escapó hacia República Dominicana.
El rechazo de sus solicitudes fue una dura
lección sobre los límites del asilo en Estados Unidos incluso para las personas
que escapan de un país al borde del colapso económico y social y cuyo gobierno
ha sido condenado y sancionado por la administración del presidente Donald
Trump.
“Llegamos aquí porque Estados Unidos es
el principal opositor del gobierno venezolano y porque es el que pensamos tenía
más posibilidades de darnos ayuda”, dijo Tijera en una entrevista telefónica
con The Associated Press desde el centro de detención. “Lamentablemente nos
equivocamos”.
Los venezolanos se han convertido en el
grupo más numeroso de personas que buscan asilo en Estados Unidos, de acuerdo
con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Sus solicitudes, sin embargo, son
rechazadas de manera creciente y deben regresar a vivir a su país o unirse a
los más de dos millones de compatriotas que se han refugiado en otras naciones.
“Buscaba salvar mi vida, mi integridad”,
recordó Guada sobre su decisión de irse de Venezuela. “Mi vida corría peligro”.
En 2017, se presentaron cerca de 28.000 solicitudes de asilo político de
venezolanos, algunas a nombre de más de una persona, lo que significó un
incremento de 50% respecto del año anterior y cinco veces más que en 2015.
Otros miles de venezolanos presentaron
demandas en los tribunales de inmigración para frenar sus deportaciones después
del vencimiento de sus visas o de que sus peticiones iniciales de asilo fueron
rechazadas.
Las solicitudes de asilo demoraban al
menos unos cuatro años en resolverse, pero la administración de Trump ha
buscado acelerar el proceso como parte de su política de inmigración de mano
dura.
Al menos 250 venezolanos fueron
deportados en 2017, un aumento de 36% con respecto al año anterior. Esa
cantidad ya fue superada este año con 258 deportaciones hasta julio. Al igual
que Tijera, otros 265 venezolanos permanecen detenidos a la espera de ser
deportados.
Una organización que recopila e
investiga información del gobierno en la Universidad de Syracuse -llamada
Transactional Records Access Clearinghouse o TRAC- encontró que la mitad de los
pedidos de asilo de venezolanos han sido denegados en los tribunales de
inmigración en los últimos cinco años. En comparación, casi el 90% de las
solicitudes de ciudadanos de Haití y México también fueron rechazadas, mientras
que menos del 20% de los pedidos de personas provenientes de Siria y el 10% de
Bielorrusia fueron desechados.
Para poder obtener asilo los migrantes
deben demostrar que enfrentan una amenaza inminente de persecución si regresan
a sus países por razones de raza, religión, opinión política o por formar parte
de un determinado grupo social.
“La violencia general, el caos, la
economía, no son suficientes”, expresó Juan Carlos Gómez, un abogado de
inmigración que dirige una clínica legal en la Universidad Internacional de la
Florida, en Miami. “Muchos venezolanos aplican para asilo pensando que se van
del infierno y alguien los va a proteger y, tristemente, no es la ley”.
Muchos venezolanos creen que les van a
conceder asilo porque Estados Unidos ha criticado y sancionado al gobierno del
presidente Nicolás Maduro y al de su predecesor, el fallecido presidente Hugo
Chávez.
“Hay una doble moral del gobierno
americano”, dijo Guada. “Por delante dice una cosa y por detrás hace otra”. Defensores
de los inmigrantes aseguran que quienes buscan asilo tienen razones para no
entender cómo funciona el sistema.
“Es una contradicción que en la política
de inmigración estadounidense con frecuencia condenamos la condiciones
existentes en otro país y luego deportamos a personas a esas condiciones”,
manifestó Royce Murray, directora de política del American Immigration Council.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración
no ofrece información sobre casos individuales pero asegura que hace cumplir
las leyes.
“La verdad es que las solicitudes se han
incrementado significativamente en los últimos años porque los migrantes saben
que pueden sacar provecho de un sistema quebrado para entrar en Estados Unidos,
evitar deportaciones y permanecer en el país”, dijo Michael Bars, portavoz de
esa agencia.
El caso de Tijera parecería fuerte ya
que fue teniente del ejército y el apoyo de los militares es considerado uno de
los pilares que mantiene a Maduro en el poder. Dos militares fueron arrestados
recientemente por su presunta participación en un intento de asesinar a Maduro
con drones y Tijera piensa que sería detenido y torturado si regresara a
Venezuela.
Huyó de allí en enero de 2015 cruzando
la frontera con Colombia. Buscó asilarse en Italia, pero como no lo consiguió
viajó a México y desde allí cruzó hacia Estados Unidos. Pidió asilo en un
puesto de control fronterizo en Texas. “Si regreso ellos pueden imponerme
cualquier cargo al llegar. Saben que soy un traidor a la patria”, dijo el
exmilitar.
En Venezuela, Guada era un empresario
que participaba activamente en campañas de la oposición en el estado de
Carabobo, en el norte del país. Tras varias amenazas escapó en 2010 después de
que grupos allegados al gobierno atacaron su casa con piedras, rompiendo
ventanas y puertas. Llegó a Laredo, en la frontera de Texas, y tras pedir asilo
fue detenido por casi tres meses y luego liberado al pagar una fianza de 13.000
dólares.
Su esposa tiene residencia legal y sus
dos hijos son ciudadanos estadounidenses, pero ni eso ni sus súplicas
convencieron a las autoridades de que enfrentaba peligro en su país. Agotó sus
apelaciones y fue deportado en julio. “Siento frustración”, expresó el hombre
de 50 años. “Yo no merecía esto”.
Tampoco Tijera pudo convencer al juez de
que lo arrestarán si regresa a su país. Recientemente lo cambiaron de lugar en
el centro de detención de Nuevo México donde permanece y teme que pueda ser
deportado en cualquier momento.
Tanto era el miedo que sentía Guada al
llegar a Venezuela que a los tres días de haber sido repatriado tomó un avión a
República Dominicana, donde ahora vive con uno de sus hijos. “Sentía terror
porque a todo el que habla en contra del régimen lo silencian de alguna
manera”, dijo.