Prensa.
Espacio Público.
Entre
enero y diciembre de 2018, se registraron 387 casos/situaciones1 en los que se
vulneró el derecho a la libertad de expresión, lo que representa un total de
608 denuncias de violaciones al derecho. Esto representa una reducción del 45%
de los casos y de 41% en las violaciones respecto al 2017. Sin embargo, el 2018
se ubica como el segundo periodo con mayor cantidad de casos, al desplazar al
2014 que registró 350 situaciones en un tiempo de alta conflictividad social y
política.
El
impedimento de cobertura en la calle a través del desalojo, las detenciones
arbitrarias, y el enfrentamiento que algunas veces escala en agresiones, se
sostiene como patrón regular, con especial incidencia en periodos de alta
tensión social o política. En el mes de mayo se llevó a cabo un acto electoral
convocado por la ilegítima asamblea nacional constituyente, evento que no
cumplió con las condiciones básicas para un proceso libre, universal, auténtico
y democrático; esto recrudeció el panorama de la crisis política, empeoró la
situación social y económica, ante la ausencia de condiciones y voluntad
política para la ejecución de medidas correctivas eficientes. En agosto se
aplicaron las medidas económicas por parte del Ejecutivo Nacional que implicó un
aumento salarial del 5900%, lo que se tradujo en el cierre de empresas por la
incapacidad de pagar los sueldos, entre ellos al menos 12 medios de
comunicación.
La
inflación anual se ubicó en 1.698.488,2% de acuerdo con las cifras elaboradas
por la Asamblea Nacional. Los resultados preliminares de la Encuesta de
Condiciones de Vida (Encovi) 2018 señalaron que la cantidad de hogares pobres
se elevó a 48%, mientras que el 94% de las personas indicaron que sus ingresos
son insuficientes para cubrir sus necesidades y costos de vida. La opacidad en
el acceso a la información pública impide conocer las dimensiones estructurales
de la crisis. Desde el año 2015, el Banco Central de Venezuela no publica
oficialmente las cifras de inflación o escasez, año en que también comenzó la
Emergencia Humanitaria Compleja2 traducida en un sistema público deteriorado,
la reaparición de enfermedades que habían sido erradicadas, la muerte de
personas por falta de medicinas o asistencia médica adecuada y el aumento del
riesgo de los pacientes con enfermedades crónicas3.
Exponer
los alcances de la crisis tiene un alto costo para los funcionarios y
trabajadores que denuncian la situación. Unas 51 personas del sector público
fueron detenidas4 o retenidas5, 22 de estos funcionarios, en su mayoría de
militares de la Guardia Nacional Bolivariana, 19 son empleados(as) de
diferentes entes y diez laboran en el sector salud. Lo que representa el 40%
del total de detenidos(as) por ejercer su derecho a la libertad de expresión en
2018.
Informe
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