Prensa.
FundaRedes.
La grave deficiencia en la
prestación de los servicios públicos denunciaron las comunidades de San
Cristóbal ante la Defensoría del Pueblo, a donde acudieron de la mano de
FundaRedes, para exigir que el Estado venezolano cumpla con su deber de
garantizar la prestación de la energía eléctrica, el gas doméstico, el agua
potable y las telecomunicaciones de Cantv e Internet ABA.
Una serie de documentos
con solicitudes y denuncias por la precariedad de los servicios fueron
consignados por representantes de las comunidades de avenida Carabobo, Pirineos
I, Barrio Sucre, Puente Real, Cuesta del Trapiche, Madre Juana, entre otros,
quienes ejercieron su derecho ciudadano de alzar la voz contra las pésimas
condiciones de vida que atraviesan.
En el caso de Pirineos se
introdujo solicitud en respaldo a más de 1500 familias y unas 6 mil personas de
los habitantes de los lotes A,B,C,D,E,F,G y H, cuyos representantes
participaron en asambleas de FundaRedes con el programa Actívate, donde se les
ofreció asesoría jurídica para que se procediera a introducir documentos ante
la Delegación regional de la Defensoría del Pueblo, donde se detalla la
vulneración de derechos humanos como el derecho a la salud, a la alimentación,
a la educación, al trabajo, a las comunicaciones.
En el escrito se detalla
la crisis que afecta a estas miles de personas, al igual que al resto de los
habitantes del Táchira, quienes al no tener gas doméstico ni fluido eléctrico
permanente no pueden hacer la cocción de los alimentos, y han tenido que comenzar
a cocinar con leña, situación que ha generado problemas respiratorios con
severas afecciones bronquiales en niños y adultos mayores.
Luis Useche, gerente
jurídico de FundaRedes explicó que las comunidades pasan hasta 18 horas sin
servicio de energía eléctrica, y sumado a eso llevan más 6 de meses sin recibir despacho de gas doméstico.
Paralelamente denuncian las fallas permanentes en el servicio de telefonía
Cantv y ABA (internet), que afecta también el derecho a la educación, al
trabajo, a la información y a las telecomunicaciones.
Con respecto al servicio
de agua potable, detalló Useche que las comunidades han referido suspensión del
suministro durante dos o tres días consecutivos, lo cual incide en la
preparación de alimentos, aseo, higiene personal, e influye directamente en la
aparición de enfermedades.
Aseguró el gerente
jurídico de FundaRedes que el colapso de los servicios públicos en Táchira,
constituye una contravención a las obligaciones inherentes al Estado en esta
materia, señaladas en la Constitución venezolana, y en los tratados
internacionales sobre derechos humanos, establecidos en los artículos 82 y 117
de la Carta Magna, y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Igualmente declaró Luis
Useche que, el documento exige a la Defensoría del Pueblo, en atención a sus
competencias de promoción, defensa, vigilancia y supervisión, se avoque a los
casos expuestos, y atienda la protección de los intereses colectivos y difusos,
y realice las labores pertinentes ante las instituciones Corpoelec, Cantv,
Pdvsa Gas e Hidrosuroeste para que cumplan con su trabajo.
Reiteró el vocero que el
Estado venezolano, a través de las instituciones encargadas de garantizar el
libre acceso a los servicios públicos, y las autoridades, han tomado la posición
de omisión, al no tomar las medidas necesarias para que las personas gocen del
pleno ejercicio de sus derechos, donde se evidencia que el mandato
constitucional de dar servicios públicos de calidad es incumplido
sistemáticamente.
Ciudadanos agobiados ejercieron
su derecho a denunciar
Frente a la Defensoría del
Pueblo, los ciudadanos detallaron la situación que viven por la falta de
servicios públicos, como el caso de la señora Jesusa del Carmen Díaz, quien
narró que además de no tener recursos para cubrir la canasta básica, llevan
meses sin gas doméstico, se le han quemado electrodomésticos imposible de
reponer debido a los apagones, y el grave racionamiento de agua potable los ha
llevado a reusar agua almacenada para poder cumplir las tareas básicas del
hogar.
Así mismo el señor Genaro
Mendoza Prieto, dijo que en el sector de la avenida Carabobo viven un repunte
de la inseguridad cuando reina la oscuridad a causa de los apagones, pero
además han tenido personas de la tercera edad que han sufrido aparatosas caídas
con contusiones, cuando se va la luz y no tienen cómo observar el lugar por
donde se desplazan. Al respecto afirmó “hoy exigimos que respeten nuestros
derechos establecidos en la Constitución, ustedes como servidores públicos
deben garantizarnos calidad de vida y no la tenemos” argumentó.
Por su parte Samira
Gutiérrez, representante de la comunidad de Puente Real, advirtió que la crisis
de servicios públicos vulnera los derechos de las mujeres y en especial de los
niños, “en las escuelas ya no se puede trabajar, los niños están viendo clases
en horario reducido ya que las aulas están a oscuras por la falta de energía
eléctrica, y el personal no garantiza la salubridad en los planteles por la
falta de agua para la limpieza, especialmente en los baños que usan los
estudiantes”.
Los
voceros de las comunidades informaron que en anteriores ocasiones han realizado
exigencias ante las respectivas instituciones encargadas de prestar los
servicios, y ante los demás organismos del Estado venezolano, y solo han
encontrado el silencio ante la completa destrucción de los servicios públicos.
Por ello el equipo de FundaRedes continuará asesorando a los ciudadanos para
que ejerzan este tipo de acciones.
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