La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que las circunstancias que rodearon la elección presidencial del 28 de julio configuran una alteración del orden constitucional y que la opacidad electoral y las restricciones a los derechos políticos le impiden considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática.
La CIDH se refirió a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en su informe «Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral» divulgado este 7 de enero de 2025 y en el que destaca la estrategia represiva del régimen implementada para perpetuarse en el poder.
Un venezolano participa en una protesta contra los resultados electorales de Venezuela, en Miami en agosto de 2024. Foto: Víctor Rodríguez.La segunda fase tuvo lugar durante las elecciones presidenciales del 28 de julio. Ese día el CNE suspendió la transmisión de los resultados y se rehusó a publicar las actas de votación que respaldaban los resultados anunciados. Esto generó una fuerte percepción de fraude entre la población. Tras la jornada electoral, en lo que constituiría la tercera fase de la represión, la violencia aumentó en respuesta a las protestas de rechazo al fraude electoral. Alrededor de 300 manifestaciones espontáneas fueron reprimidas por las fuerzas del régimen y grupos civiles de choque. La «Operación Tun Tun» resultó en al menos 25 muertes, más de 2 mil detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos.
Las fuerzas de seguridad también llevaron a cabo allanamientos sin orden judicial y detenciones masivas, además de recurrir a actos de violencia sistemática contra personas manifestantes. El informe destaca que estas violaciones a los derechos humanos y prácticas de terrorismo de Estado son consecuencia de la cooptación de las instituciones estatales por parte del Poder Ejecutivo; de la corrupción y el control de los poderes públicos que han permitido que el régimen actúe con total impunidad.
Asimismo, concluye que las circunstancias que rodearon la elección presidencial del 28 de julio configuran una alteración del orden constitucional.
La opacidad electoral, y en general, las restricciones a los derechos políticos registradas impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática. En las recomendaciones, la CIDH llama al Estado venezolano a cesar inmediatamente la persecución política, la represión y las detenciones arbitrarias, así como a liberar urgentemente a todas las personas detenidas arbitrariamente.
Finalmente, al tiempo que reafirma su compromiso y solidaridad con el pueblo venezolano, reitera su llamado a la comunidad internacional a reconocer la grave crisis de derechos humanos, mantenerse vigilante frente a nuevas escaladas represivas y activar todos los canales diplomáticos e institucionales para el regreso de la democracia al país.
Criminalización de periodistas y uso del derecho penal para silenciar
En el capítulo del informe relacionado con la libertad de expresión se destaca la criminalización de periodistas y uso del derecho penal con fines de silenciamiento.
La CIDH resaltó que las detenciones de periodistas representan una de las principales tácticas utilizadas por el régimen para intimidarlos o como represalia por el ejercicio de su trabajo; y suelen realizarse sin orden judicial o fundamento jurídico.
Recomendaciones generales e institucionalidad democrática
- Poner fin inmediato a la persecución y a la represión política.
- Liberar, de forma inmediata e incondicional, a todas las personas presas políticas, enparticular, niñas, niños y adolescentes.
- Cesar la detención arbitraria como forma de represalia contra quienes manifiestan unaposición crítica o disidente al régimen, defensores de derechos humanos y líderes sociales.
- Restablecer el orden constitucional, garantizando la independencia y equilibrio de poderes, en particular, del Poder Judicial y del Poder Electoral, la participación política sin ningún tipo de represión o discriminación, y el efectivo control ciudadano sobre la actuación de los distintos poderes del Estado.
- Publicar todas las actas de votación y permitir una auditoría independiente, con observanciainternacional.
- Garantizar una legítima y pacífica sucesión constitucional.
- Adoptar medidas idóneas y efectivas para asegurar la independencia del Poder Judicial.
- Adoptar medidas idóneas y efectivas para asegurar la independencia del Ministerio Público.
- Liberar de manera inmediata a las personas privadas arbitrariamente de la libertad.
- Asegurar el cumplimiento de las garantías del debido proceso en todas las etapas procesalesvinculadas con detenciones en el contexto electoral.
- Investigar con debida diligencia todas las denuncias de violaciones de derechos humanos.
https://apevex.wordpress.com/2025/01/07/opacidad-electoral-y-represion-impide-a-cidh-considerar-que-reeleccion-de-maduro-goza-de-legitimidad-democratica/
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