El Tribunal
Supremo de Justicia venezolano declaró hoy la constitucionalidad de los
decretos dictados por el presidente Nicolás Maduro que extienden por 60 días el
plazo de estado de excepción en municipios de los estados venezolanos de Apure
y Zulia, fronterizos con Colombia.
Prensa. EFE
Así
lo decidió la Sala Constitucional, según expresa en un comunicado, en ponencia
conjunta de las magistradas y magistrados que la integran, en las sentencias
números 1545, 1546, 1547 y 1548. Se estableció el estado de excepción en los
municipios Catatumbo, Jesús María Semprún, Machiques de Perijá, Rosario de
Perijá, Jesús Enrique Lossada, La Cañada de Urdaneta y Colón del estado Zulia,
así como los municipios Páez, Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del Apure.
El
documento añade que lo acordado “resulta proporcional, pertinente, útil y
necesario para el desarrollo integral del derecho constitucional a la
protección por parte del Estado”. Bajo este marco legal se establece que las
autoridades venezolanas “ejecutarán registros” para investigar “graves ilícitos
administrativos” contra “las personas, su vida, integridad, libertad o
patrimonio”, así como delitos relacionados con la “Seguridad de la Nación”, el
“orden socioeconómico”, la identidad y el “orden migratorio”.
También
se señalan restricciones al tránsito de mercancías y bienes, por lo que las
autoridades podrán revisar equipajes y vehículos. Todo lo anterior podrá
realizarse “sin la necesidad de una orden judicial previa”, aunque se aclara que
en todo el procedimiento se respetará “de forma absoluta” la dignidad de las
personas, advierte el documento.
La
decisión de Maduro fue justificada como una de las herramientas implementadas
por el Ejecutivo para luchar contra el contrabando y el crimen organizado que,
según las autoridades, tenía tomado el control de la zona. La medidas del Gobierno venezolano incluyen
además el cierre del paso fronterizo y el libre tránsito de ciudadanos.
Los
gobiernos del colombiano Juan Manuel Santos y el de Maduro empezaron un
conjunto de reuniones para intentar regularizar la situación limítrofe, aunque
hasta el momento no se conocen los avances precisos de esos encuentros. Actualmente y por decisión del gobierno de
Maduro las dos terceras partes de los 2.219 kilómetros de la frontera de
Colombia con Venezuela están cerradas.
Venezuela
comenzó con este tipo de medidas poco después de que tuviera lugar un ataque
contra militares venezolanos en agosto pasado que Maduro adjudicó a presuntos
paramilitares colombianos.