Prensa.
CNP.
A través de un comunicado, el Colegio
Nacional de Periodistas (CNP) se pronunció ante la grave crisis institucional
de la democracia que atraviesa el país tras la suspensión del proceso de
recolección del 20% de las firmas del Registro Electoral por parte del Consejo
Nacional Electoral (CNE) para activar el mecanismo constitucional de Referendo
Revocatorio contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Lea el texto completo:
La Junta Directiva Nacional del Colegio
Nacional de Periodistas ante la grave crisis institucional que Venezuela luego
del anuncio de suspensión del proceso de recolección de firmas para la
activación del derecho constitucional del pueblo venezolano a revocar o a reafirmar
en su cargo al presidente de la República, según lo contemplan los artículo 70
y 72 de nuestra carta magna, así como ante las subsiguientes acciones que han
puesto en duda la continuidad del hilo constitucional y de la existencia de una
democracia en nuestro país siente la obligación ante la Nación de abogar por el
restablecimiento del imperio de la Ley y del respeto de los derechos humanos en
el país, en especial del derecho a la Libertad de Expresión, que se ha visto
vulnerado por las acciones violentas ejecutadas tanto por los agentes de
seguridad del Estado como por grupos violentos cercanos a instancias
gubernamentales.
El Colegio Nacional de Periodistas está
obligado, según los parágrafos 5 y 6 del artículo 5 de la Ley de Ejercicio del
Periodismo que le dio origen, a «salvaguardar la libertad de expresión, el
derecho de información y el derecho a la información» y a «contribuir al
fortalecimiento, ampliación y profundización de la democracia en Venezuela», y
según el artículo 2 de su Código de Ética, que reza: «El periodista tiene su
origen en la libertad de expresión y el derecho a la información, normas
democráticas consagradas en la Constitución de la República. El periodista debe
luchar por la vigencia y efectividad de tales principios», por lo que ve con
profunda preocupación cómo algunos fundamentos establecidos por la Constitución
de República Bolivariana de Venezuela se han puesto en entredicho por acciones
como la inexplicable suspensión de las consultas electorales para los cargos de
gobernadores de estado y la detención del proceso de activación del Referendo
Revocatorio contra el presidente de la República a partir de sentencias de
tribunales penales estadales sobre supuestos delitos electorales, cuyas
averiguaciones afectan el derecho de todo un país a decidir y a ejercer sus
derechos constitucionales, y cuya concepción e iniciativa fue propuesta por el
propio extinto presidente Hugo Chávez, cuyos supuestos herederos son
precisamente los que más se han mostrado contrarios a este legado. Asimismo, el
CNP rechaza la anulación de facto que otros poderes constituidos del país han
hecho de la Asamblea Nacional, integrada por los representantes del pueblo
elegidos en escrutinios, al suspender o soslayar, desde el primer momento, las
leyes de ella emanadas, y con actuaciones posteriores que la despojaron de sus
atribuciones como la contraloría y la aprobación del presupuesto nacional, lo
que pone en entredicho el respeto de la voluntad popular expresada en los
comicios de diciembre del 2015 que escogió a sus diputados y el derecho del
pueblo a proveerse de leyes provenientes del diálogo y la votación de sus
legítimos representantes, como lo exige el funcionamiento de cualquier
parlamento democrático.
Desde hace varios años, el Colegio
Nacional de Periodistas ha venido denunciando las arremetidas violentas contra
los medios de comunicación y, particularmente, contra nuestros agremiados, que
son los vehículos que tiene la ciudadanía para formarse una opinión certera del
devenir nacional. En cada ocasión, el CNP o alguna de las instituciones
afiliadas a la Alianza por la Libertad de Expresión presenta una lista de
agresiones, que en la mayoría de los casos quedan impunes o en un letargo
procesal. A pesar de ello, no cejamos en denunciar ante la opinión pública
venezolana los ataques personales a comunicadores, como los que sufrieron el
domingo pasado en la sede de la Asamblea Nacional las colegas Osmary Hernández,
de CNN en Español, y Andreína Flores, de Radio Caracol, atacadas por los
colectivos que ingresaron al Hemiciclo donde se desarrollaba una sesión de la
Asamblea Nacional, así como la productora Yamel Rincón de Telecaribe. Asimismo
rechazamos enérgicamente la destrucción de los equipos de Globovisión y el robo
de chalecos antibalas de los reporteros de Telecaribe. Más allá del daño
personal o físico a los equipos, lo que se está atacando con estos actos es el
derecho de la gente a la información, uno de los pilares del sistema
democrático.
Instamos al Poder Moral a investigar y
pronunciarse ante estas acciones que constituyen atentados directos a los
derechos de los venezolanos y que representan indicios de que el hilo
constitucional de Venezuela está en peligro, cuando no roto.
CNP