Prensa.
Espacio Público.
Los sectores de la oposición venezolana
han convocado a una nueva movilización masiva: la Toma de Venezuela. Este
acontecimiento posee un elevado carácter noticioso por darse en el contexto
actual de conflicto político que se resume en: suspensión del derecho al voto,
falta de independencia de los poderes públicos y desconocimiento del Poder
Legislativo.
Entre enero y septiembre de 2016,
Espacio Público ha registrado 240 violaciones a la libertad de expresión.
Durante este período, el gobierno es responsable de las 87 violaciones que han
ocurrido solo en el marco de las coberturas de manifestaciones públicas y
movilizaciones políticas en el contexto del referéndum revocatorio.
En lo que va de año y en este mismo
contexto, la organización ha contabilizado 99 víctimas: 61 periodistas, 27
reporteros gráficos, 7 medios de comunicación, 2 infociudadanos, 1 camarógrafo
y 1 directiva de medio. Estas cifras revelan una violencia institucionalizada
que busca mermar la discusión democrática y, en consecuencia, silenciar la
crítica. Los casos se han registrado en 13 estados del país y el Distrito
Capital.
Ante estos antecedentes, Espacio Público
considera prioritario garantizar las condiciones para que los periodistas,
reporteros gráficos, camarógrafos, productores, y trabajadores de la prensa en
general que se dispondrán a realizar esta cobertura, puedan realizar su trabajo
sin ser agredidos, censurados, atacados, amenazados, retenidos u hostigados.
Espacio Público exige a la Guardia
Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional Bolivariana, así como al gobierno
nacional en su conjunto, que brinden garantías para el pleno desarrollo del
ejercicio periodístico.
El Estado en sus diversas instancias:
sistema de justicia, tribunales, cuerpos de seguridad, funcionarios
administrativos; están en la obligación de garantizar y respetar el ejercicio
de los derechos y libertades fundamentales de los venezolanos, entre ellos la
libertad de expresión, que comprende la posibilidad de buscar, recibir y
difundir información. La omisión en la comisión de delitos no exime al Estado
ni a sus funcionarios de la responsabilidad, lo que empeora cuando tal omisión
se traduce en impunidad y facilita las agresiones, los robos y las amenazas contra
la prensa.
Esto impacta no solo en el desempeño
periodístico y el goce del derecho al trabajo de los comunicadores, sino en la
posibilidad de que la sociedad esté informada, que tenga acceso a diversas
fuentes de forma oportuna sin limitaciones, pueda crear su propia opinión y ser
parte de la discusión y solución de los problemas.
Las restricciones hacia los periodistas
implican una violación generalizada del derecho a la libre expresión de la
ciudadanía en su conjunto, lo que genera daños irreparables para la auténtica
dinámica democrática de debate público, de allí que las consecuencias de su
violación –directa o indirecta- constituyan delitos penales que no prescriben.
Si realizarás cobertura periodística de las
movilizaciones a realizarse a nivel nacional en el marco de la denominada
"Toma de Venezuela", te invitamos a llenar el siguiente formulario
para poder contactarte y monitorear de manera directa cualquier situación que
pueda acontecer mientras ejecutas tu labor informativa.